El Gobierno de coalición continúa trabajando para sacar adelante medidas en materia de vivienda. Pese a que todas las fuerzas están inmersas en una campaña electoral eterna, de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, la Diputación Permanente sostiene el funcionamiento del legislativo y deberá decidir dentro de tres semanas sobre la convalidación de uno de los dos decretos de vivienda que el Consejo de Ministros recuperó, el pasado 6 de octubre, después de que el Congreso de los Diputados tumbase las normas.
La importancia de la norma y la polémica generada en torno a su vía de aprobación ya serían más que suficientes como para que el foco se situase en la votación, pero, además, se suma que esta tendrá lugar justo la misma semana que se celebrará la huelga general, fijada el 11 de noviembre, motivada por el encarecimiento de la vivienda desacoplado de la evolución de los salarios. La previsión es que el Pleno se celebre un día después, el jueves 12 de noviembre, de que cientos de miles de personas, previsiblemente, desborden las calles de toda España.
El decreto que se votará será el más descafeinado de los dos, el que más apoyos reúne; mientras que el segundo, referido a los alquileres indefinidos, deberá esperar, pues ni siquiera está en vigor. El Ejecutivo cuenta con los apoyos suficientes para el primero de ellos, pues, con la Diputación Permanente constituida, el bloque contrario al abordaje, conformado por Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya (34 escaños), no tienen la capacidad de bloqueo que tumbó el texto el pasado 2 de octubre.
Así, la suma de PSOE, Sumar, Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu, PNV y Podemos (35 escaños) dará luz verde a la ley. Esta era una de las peticiones de la acampada de la Puerta del Sol, que posteriormente se extendió a otras muchas ciudades de España. Los militantes de los diferentes colectivos de vivienda exigían que la ley, pese a criticarla por la escasa y temporal protección de las medidas, fuese aprobada para, por lo menos, dotar de una mínima red de protección a las personas más vulnerables.
Por aquel entonces, la mayoría de la Cámara Baja decidió no atender la justificación. Pocos días después, el 6 de octubre, el Gobierno volvió a aprobar el decreto en el Consejo de Ministros y, al día siguiente, falleció Maricarmen, la anciana de 87 años cuyo desahucio detonó la movilización social por todo el país. En tres semanas, los diputados tendrán una nueva oportunidad para enmendar aquella votación y dar vigencia a un conjunto de mínimos que aborden, aunque sea tímidamente, la grave crisis habitacional que atraviesan millones de personas.
Medidas que se aprobarán
El decreto se compone de 21 medidas repartidas en cuatro bloques, aunque algunas destacan por encima del resto. Una de ellas e la suspensión de desahucios de personas vulnerables que no cuenten con alternativa habitacional, un escudo que tan solo será vigente hasta el 31 de diciembre de 2030. La Administración competente deberá ofrecer esta alternativa, que no se especifica cuál deberá ser su naturaleza o si un albergue o residencia son suficientes. La suspensión se revisará anualmente para auditar la vulnerabilidad, que en el caso de desaparecer permitirá el desalojo. Lo mismo que sucederá si aparecer alternativa habitacional o pasado tres años, aunque la persona siga siendo vulnerable.
Otra de las medidas principales es la que regula los alquileres temporales y por habitación. En caso de los de temporada, será necesario que el arrendador justifique la causa que motiva el desplazamiento temporal del arrendatario. Además, por lo general, tendrá una duración mínima de 31 días y máxima de 12 meses. En caso de que se encadenen más de dos contratos de temporada, estos se convertirán automáticamente en un alquiler residencial con todas las garantías de duración, prórrogas y actualizaciones de la LAU. Cuando se trate del alquiler de habitaciones, la suma de todas las habitaciones alquiladas no podrá superar la renta que se aplicaría para alquilar la vivienda completa en las zonas de mercado residencial tensionado.
La medida que quizá más polémica ha generado ha sido la supuesta prohibición de compra especulativa a los fondos buitre, que nunca fue contemplada como tal en los decretos, pues siempre ha sido una limitación. En consecuencia, y solo hasta el 31 de diciembre de 2030, estos especuladores tendrán limitada la compra de vivienda por un valor de inferior al 70 % de su valor de mercado. Es decir, podrán comprar por el 70,1% del valor de mercado y después hacer negocio. Además, esta limitación ni siquiera se aplicará si la vivienda se destina a materias sociales unos años o si se suscriben los compradores al Código de Buenas Prácticas.
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