¡Vivienda ya!

Cuando el drama de una persona conmueve a casi toda una sociedad y moviliza en la calle a miles de personas, suele indicar que hay un problema de fondo que requiere una solución más allá de lo que hasta ahora se haya hecho. El desahucio de Maricarmen en Madrid parece que al fin nos ha puesto frente a una realidad dolorosa que ha ido creciendo paulatinamente desde hace años: no hay viviendas disponibles a precio razonable para quien las necesita. El Banco de España cifra el déficit en 750.000.

La vivienda, aunque es una necesidad básica, no es un derecho fundamental, como no lo es la salud, pero estos derechos son tan importantes que la Constitución obliga a los poderes públicos a garantizarlos. Para la salud se crea y se mantiene un Sistema Nacional de Salud que supuso en 2024 un gasto anual de más de cien mil millones de euros, el 6,4% del PIB, que pagamos entre todos con nuestros impuestos y cotizaciones. En vivienda, las administraciones públicas solo gastaron en 2024 menos de ocho mil millones, el 0,48% del PIB. Los datos son tan claramente desiguales para la satisfacción de dos derechos básicos que le resulta a uno difícil de entender cómo hemos podido llegar a esto.

Los datos son claros: somos 50 millones de españoles y hay un parque de 27 millones de viviendas. ¿Dónde está el problema para solucionarlo si cabemos a más de media vivienda por español? Lo primero sería ser conscientes de que España es un país de propietarios de viviendas, pues aproximadamente el 71,4% de ellas, 19,3 millones, son habitadas por sus propietarios; el 10,7%, 2,9 millones, son segundas residencias; el 14%, 3,8 millones, están vacías; y, del millón de viviendas restante, solo 380.000 son oficialmente pisos turísticos.

A simple vista, pareciera que actuando desde los poderes públicos sobre las viviendas ilegalmente de uso turístico y las que están vacías, obligando a su alquiler o expropiándolas, solucionaríamos el déficit actual de 750.000. Pero resulta que el 58% de las vacías están en la España “vaciada”, es decir, en áreas no tensionadas por la demanda, fundamentalmente en pequeños municipios, mientras que en las áreas tensionadas —Madrid, Barcelona y las ciudades de más de 250.000 habitantes—, donde realmente hacen falta, solo están el 10,5%, 400.000 viviendas vacías, que lo están, obviamente, porque sus propietarios las tienen como inversión y son muy caras para los que necesitan vivienda o su alquiler está muy por encima de sus posibilidades.

El problema es que todas las intervenciones que se hacen para intentar bajar los alquileres privados con rebajas fiscales, que a la postre pagamos entre todos, en mayor proporción por los más pobres y necesitados, suelen beneficiar a los tenedores de viviendas y, en mi opinión, suben los precios, porque la vivienda, una necesidad básica, y sobre todo la de alquiler en las zonas tensionadas, está en el “salvaje” mercado libre, donde manda la obtención del mayor beneficio.

Subvencionar las necesidades básicas en una economía libre de mercado, a mi criterio, “es pan para hoy y hambre para mañana”. Solo se puede hacer puntualmente en lo imprescindible, pues sube los precios siempre, ya que incrementa la demanda del producto cuya oferta, producción o tenencia está en manos privadas. Lo hemos visto claramente en los combustibles, cuya oferta estaba en manos de empresas que incluso han actuado coordinadamente, obteniendo altísimos beneficios. En alimentación, sin embargo, como hay mucha competencia entre los vendedores, compiten en el precio. Ya sé que en la vivienda no es lo mismo, pero la lógica sí lo es.

En España, Grecia, Portugal y la mayoría de los antiguos países del Este, la mayor parte de las familias son propietarias de vivienda. En Rumanía, el 94%; en España, el 74%; y la media de la UE es del 68%. En Alemania, por el contrario, es solo del 47%. Muchas de las viviendas españolas en propiedad fueron construidas con ayudas públicas, las “viviendas de protección oficial”, y sus propietarios, tras un plazo, pueden venderlas legalmente sin ninguna limitación. Otras fueron de promoción pública para alquiler social, sobre todo en lo que hoy conocemos como áreas tensionadas, y lo hecho con dinero de todos para un fin social se ha vendido en bloque a grandes inversores en un mercado “libre” que controlan. Y ello en un momento de incremento de la población española, que, por cierto, necesitamos para mantener nuestro sistema de protección social, pero que no puede pagar lo que le piden por una vivienda digna.

El problema de la vivienda es grave y no se va a solucionar solo, porque el mercado libre por sí mismo ha demostrado ser incapaz de garantizar el acceso a la vivienda para los que la necesitan ahora y más que lo necesitarán año a año, aunque tengamos más de cuatro millones de viviendas vacías. En otros países europeos, la solución ha sido y es la existencia de un parque de viviendas públicas o de cooperativas para alquiler de precio limitado. El caso de Viena funciona bien, pues en este régimen hay 420.000 viviendas en una población de dos millones de personas. No es que sean baratas, pero son proporcionadas a los ingresos de los demandantes y ningún político tuvo la desvergüenza de venderlas a fondos “buitre”.

En mi opinión, esa es la solución definitiva: construir un parque de viviendas públicas en alquiler en las áreas tensionadas que atienda la demanda angustiosa de quien necesita una vivienda ya y no puede pagar lo que el mercado ofrece. Hoy hacen falta 700.000 y, si se acometiera un plan decidido y que no tuviera marcha atrás, seguro que además provocaría una bajada de precios en el resto por exceso de oferta. Ya sé que sería una operación costosa, en total unos 150.000 millones en varios años, y que requerirá formar trabajadores y, sí, la entrada de muchos inmigrantes, pero si los que necesitan vivienda no pueden pagarla, qué mejor solución que la paguemos entre todos y luego se la alquilemos. Para eso debería servir la deuda pública, para invertir en un futuro más justo. Aunque haya bajado ligeramente en los últimos años, la deuda pública de todas las administraciones es de 1,74 billones de euros, el 100,42% del PIB, que subiría de forma asumible si tenemos en cuenta la tendencia a la baja.

Mientras, habrá que seguir actuando: topando los alquileres, limitando el poder de los grandes tenedores de viviendas, subiendo los impuestos para las viviendas desocupadas en las áreas tensionadas hasta que les resulte insoportable tenerlas vacías, porque la vivienda en España es, sin duda, la mejor garantía del ahorro de una mayoría social para su futuro o el de sus hijos, pero su posesión sin límite no puede impedir el acceso a un derecho básico, clave para que nuestra democracia social y de derecho sea tal.

Espero que en las próximas elecciones un programa verdaderamente de izquierdas para solucionar para siempre el derecho a la vivienda sea sobre lo que debamos discutir. Ya casi es tarde.