Las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia claman por el desbloqueo de la ley de imprescriptibilidad. La plataforma Reparación Integral Ya se dará cita este martes frente al Congreso de los Diputados para insistir en esta petición, con intención de que se vote en septiembre, según señalan fuentes a ElPlural.com. Si no se desbloquea, lamentan, ya no saldrá en la presente legislatura.
La ley para que los delitos sexuales contra menores no prescriban entró por primera vez en la cámara en noviembre de 2024 desde el Parlament de Cataluña. La iniciativa propone modificar los plazos de prescripción de este tipo de delitos con el objetivo de adaptarlos a una realidad incómoda, pero demostrada por numerosos estudios nacionales e internacionales.
Tiene que ver con el tiempo que necesitan en muchos casos las víctimas de abusos sexuales para afrontar el proceso de denuncia. Cuando la parte damnificada denuncia ‘demasiado tarde’, muchas veces no recae ninguna pena sobre sus agresores, porque los delitos ya han prescrito.
La visita del Papa León XIV a España ponía nuevamente el foco en esa negociación. Depende de a quién se pregunte, algunos defienden que debido a que es un tema complejo, va despacio -que no bloqueado-, mientras que otros consideran que, efectivamente, la ley se ha metido en un cajón.
PSOE y Sumar esperan que la norma termine saliendo adelante con los votos progresistas. Algunas voces son especialmente optimistas y apuntan incluso a que la ponencia de ley -paso previo a la elaboración de un dictamen para mandarlo a Pleno- se convoque antes del parón veraniego.
Para presionar, las víctimas se concentran este jueves en frente de las Cortes. Miguel Hurtado, portavoz de la plataforma mencionada y primer denunciante de pederastia en la Abadía de Montserrat lamenta en declaraciones a ElPlural.com que llevan “dos años” tratando de conseguir que la Cámara Baja apruebe la norma señalada.
“Nos encontramos un muro. Ahora que el Papa se ha ido de España, no hay ninguna excusa para que no pisen el acelerador”, señala. “Si no, existe riesgo de que ésta decaiga por un adelanto electoral” hipotético, apunta, fechando en septiembre el plazo que piden. Igualmente, emplaza a que el 88% del Congreso está a favor de ampliar un mínimo de diez años los plazos de prescripción actuales. No entendemos que con un consenso tan abrumador, la ley siga parada”, afianza.
La ley actual
Desde una reforma legislativa que se llevó a cabo en 2021, el cómputo del plazo de prescripción de los delitos sexuales contra menores se establece a partir del momento en que la víctima cumple los 35 años. Así aparecía en el preámbulo de la propuesta de ley que aprobó la Cámara catalana, que la impulsó con el beneplácito del PSC, ERC, Junts y los Comunes y el voto en contra únicamente de Vox en su toma en consideración en el Congreso.
El texto contempla que “la mayoría de los abusos sexuales contra menores prescriban durante el tiempo en el que la víctima tiene entre 40 y 45 años, aunque una minoría de casos especialmente graves pueden prescribir cuando cumple los 55”.
Esto quiere decir el delito prescribe a veces antes de que se haya interpuesto la denuncia en cuestión. Investigaciones realizadas en otras partes del mundo evidencian que las víctimas de este tipo de abusos suelen denunciar entre los 40 y los 50 años debido a las secuelas psicológicas que les impiden hacerlo antes.
La proposición de ley que se remitió desde Cataluña es la imprescriptibilidad para los delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores y considerados graves. Estos son, aquellos que comparten penas de prisión de cinco años o más. En el caso de los no graves la iniciativa catalana pasa por modificar la fecha del inicio del cómputo de prescripción para que las víctimas puedan denunciar a sus agresores hasta los 50 años.
Todo apunta a un posible acuerdo con la ampliación del plazo de prescripción, pero sin contemplar la no prescripción, salvo algún caso muy concreto. Dicha ampliación podría ser de diez años sobre los plazos actuales, mientras que la imprescriptibilidad podría limitarse a los crímenes de lesa humanidad.
Las víctimas piden una reunión con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños o como vía alternativa la fiscalización parlamentaria: “¿Dónde está la valentía de nuestros representantes políticos? Es desolador ver cómo, cuando hablamos de pederastia clerical, la mayoría enmudece (…) Exigimos a nuestros políticos que dejen de mirar hacia otro lado y que faciliten que sea la Justicia -y no la diplomacia vaticana-, la que determine la verdad y garantice la reparación”.
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