La Audiencia Nacional ha declarado ilegal la prórroga de la detención que el juez Fernando Andreu aplicó a uno de los arrestados en la operación Emperador contra la mafia china que prestó declaración el pasado 20 de octubre y ha ordenado su inmediata excarcelación. En la misma situación se encontrarían el resto de los detenidos, entre ellos el cabecilla de la trama, Gao Ping, que podría verse libre también en breve. El juez Andreu que lleva el caso ha asumido la responsabilidad aunque defiende el criterio que utilizó a la hora de gestionar las detenciones, mientras que el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, ha calificado de "muy grave" lo sucedido.
En un auto, la sección tercera de la Sala de lo Penal estima el recurso de apelación contra su ingreso en prisión presentado por Kay Yang, que permaneció detenido durante las 72 horas estipuladas en la ley, un arresto que luego el magistrado prolongó de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. A juicio de la sala, esta prórroga, que se aplicó a una veintena de arrestados el día 20 de octubre y comparecieron ante el juez los días 19 y 20 -entre ellas Gao Ping y el presunto responsable del aparato extorsionador de la mafia, Hai Bo Li-, es irregular porque la detención fue judicial y no policial, por lo que violó su derecho fundamental a la libertad contemplado en la Constitución.
"Nulidad absoluta e insubsanable"
Por ello, decreta la "nulidad absoluta e insubsanable" de la resolución por la que Andreu ordenó, el día 20, el ingreso en prisión incondicional de Kay Yang y ordena su inmediata excarcelación, "sin perjuicio de que el juez instructor adopte las medidas cautelares, nunca privativas de libertad". Fuentes jurídicas han informado de que el magistrado ya ha emitido el auto de libertad del detenido, al que ha impuesto como única medida cautelar la de notificar su domicilio. Según explican los magistrados, la puesta a disposición judicial de este detenido se produjo con su detención, a las 6:00 horas del 16 de octubre, momento en el que empieza para el instructor el plazo de 72 horas para acordar su libertad o la prisión provisional, previa celebración de su interrogatorio. Y es precisamente respecto a la comparecencia pero no el auto de prisión por la que únicamente se puede prorrogar la puesta a disposición ante el juez, subraya la sala.
El hecho de que Andreu no legalizara la situación del arrestado en este plazo de 72 horas, que concluía un día antes de que le enviara a prisión, "determinó la falta de cobertura legal de la detención del apelante, que se vio privado ilegalmente de libertad". La excarcelación de Kat Yang abre el camino para que el resto de detenidos en las mismas circunstancias, entre ellos Gao Ping, sigan el mismo camino, de hecho el abogado de este último ya ha presentado un recurso.
El juez asume responsabilidad pero no piensa que se equivocara
Tras conocerse la excarcelación, el juez Fernando Andreu que investiga el caso Emperador ha afirmado que se siente "el único responsable" de la excarcelación de uno de los detenidos en la operación Emperador después de que la Audiencia Nacional haya considerado ilegal la prórroga de su arresto y ha asumido "todas sus consecuencias", aunque cree que fue correcta. "Sigo pensando que no me he equivocado", ha dicho Andreu, quien ha añadido que acata y "obedece" la decisión de la sala y ha lamentado que esto haya podido "empañar" el trabajo de los policías, fiscales y otros funcionarios que participaron en esta operación contra la mafia china.
Andreu ha defendido que en las resoluciones en las que ordenaba la detención de los presuntos mafiosos, lo hacía con efecto a autorizar las entradas y registros y la práctica de varias diligencias en los que debían estar presentes los detenidos, y en ellas daba este plazo de tres días para que pusieran a los arrestados a su disposición. Desde su punto de vista, durante las primeras 72 horas los detenidos estaban bajo la custodia y la "disponibilidad" de la policía, por lo que el arresto se hacía en la práctica por parte de los agentes. Prueba de ello, ha señalado, es que fue la policía la que fue decidiendo la puesta en libertad de algunos de los detenidos, y no el juez, que nunca comunicó nada a este respecto a los agentes. "Considero que es una detención ordenada por un juez, pero en periodo de investigación policial", ha asegurado Andreu.
Estas prórrogas son "habituales" en la Audiencia
"El auto dice que la solución hubiera sido decretar su prisión sin oirles y yo la interpretación que hago al amparo de los principios constitucionales es que el juez debe oirles antes", ha dicho. Además, ha argumentado que este tipo de prórrogas son "habituales" en la Audiencia Nacional y que se ha hecho de esta manera en casos de presos etarras sin que nadie haya recurrido esta decisión. Respecto a lo que pasará a partir de ahora con el resto de detenidos, el juez ha dicho que los fiscales están estudiando el auto para pedir posibles medidas cautelares, que no pueden ser de prisión.
El presidente del CGPJ habla de "lamentable" puesta en libertad
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, ha calificado de "muy grave" lo sucedido, añadiendo que "como somos humanos probablemente estemos ante una situación muy complicada", ha afirmado el también presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Moliner ha insistido en que sería "lamentable" que estas personas queden en libertad, con independencia de que "sea por un error o por un defecto personal del juez o de mal funcionamiento".
En un auto, la sección tercera de la Sala de lo Penal estima el recurso de apelación contra su ingreso en prisión presentado por Kay Yang, que permaneció detenido durante las 72 horas estipuladas en la ley, un arresto que luego el magistrado prolongó de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. A juicio de la sala, esta prórroga, que se aplicó a una veintena de arrestados el día 20 de octubre y comparecieron ante el juez los días 19 y 20 -entre ellas Gao Ping y el presunto responsable del aparato extorsionador de la mafia, Hai Bo Li-, es irregular porque la detención fue judicial y no policial, por lo que violó su derecho fundamental a la libertad contemplado en la Constitución.
"Nulidad absoluta e insubsanable"
Por ello, decreta la "nulidad absoluta e insubsanable" de la resolución por la que Andreu ordenó, el día 20, el ingreso en prisión incondicional de Kay Yang y ordena su inmediata excarcelación, "sin perjuicio de que el juez instructor adopte las medidas cautelares, nunca privativas de libertad". Fuentes jurídicas han informado de que el magistrado ya ha emitido el auto de libertad del detenido, al que ha impuesto como única medida cautelar la de notificar su domicilio. Según explican los magistrados, la puesta a disposición judicial de este detenido se produjo con su detención, a las 6:00 horas del 16 de octubre, momento en el que empieza para el instructor el plazo de 72 horas para acordar su libertad o la prisión provisional, previa celebración de su interrogatorio. Y es precisamente respecto a la comparecencia pero no el auto de prisión por la que únicamente se puede prorrogar la puesta a disposición ante el juez, subraya la sala.
El hecho de que Andreu no legalizara la situación del arrestado en este plazo de 72 horas, que concluía un día antes de que le enviara a prisión, "determinó la falta de cobertura legal de la detención del apelante, que se vio privado ilegalmente de libertad". La excarcelación de Kat Yang abre el camino para que el resto de detenidos en las mismas circunstancias, entre ellos Gao Ping, sigan el mismo camino, de hecho el abogado de este último ya ha presentado un recurso.
El juez asume responsabilidad pero no piensa que se equivocara
Tras conocerse la excarcelación, el juez Fernando Andreu que investiga el caso Emperador ha afirmado que se siente "el único responsable" de la excarcelación de uno de los detenidos en la operación Emperador después de que la Audiencia Nacional haya considerado ilegal la prórroga de su arresto y ha asumido "todas sus consecuencias", aunque cree que fue correcta. "Sigo pensando que no me he equivocado", ha dicho Andreu, quien ha añadido que acata y "obedece" la decisión de la sala y ha lamentado que esto haya podido "empañar" el trabajo de los policías, fiscales y otros funcionarios que participaron en esta operación contra la mafia china.
Andreu ha defendido que en las resoluciones en las que ordenaba la detención de los presuntos mafiosos, lo hacía con efecto a autorizar las entradas y registros y la práctica de varias diligencias en los que debían estar presentes los detenidos, y en ellas daba este plazo de tres días para que pusieran a los arrestados a su disposición. Desde su punto de vista, durante las primeras 72 horas los detenidos estaban bajo la custodia y la "disponibilidad" de la policía, por lo que el arresto se hacía en la práctica por parte de los agentes. Prueba de ello, ha señalado, es que fue la policía la que fue decidiendo la puesta en libertad de algunos de los detenidos, y no el juez, que nunca comunicó nada a este respecto a los agentes. "Considero que es una detención ordenada por un juez, pero en periodo de investigación policial", ha asegurado Andreu.
Estas prórrogas son "habituales" en la Audiencia
"El auto dice que la solución hubiera sido decretar su prisión sin oirles y yo la interpretación que hago al amparo de los principios constitucionales es que el juez debe oirles antes", ha dicho. Además, ha argumentado que este tipo de prórrogas son "habituales" en la Audiencia Nacional y que se ha hecho de esta manera en casos de presos etarras sin que nadie haya recurrido esta decisión. Respecto a lo que pasará a partir de ahora con el resto de detenidos, el juez ha dicho que los fiscales están estudiando el auto para pedir posibles medidas cautelares, que no pueden ser de prisión.
El presidente del CGPJ habla de "lamentable" puesta en libertad
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, ha calificado de "muy grave" lo sucedido, añadiendo que "como somos humanos probablemente estemos ante una situación muy complicada", ha afirmado el también presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Moliner ha insistido en que sería "lamentable" que estas personas queden en libertad, con independencia de que "sea por un error o por un defecto personal del juez o de mal funcionamiento".