España está cerca de vivir uno de sus acontecimientos sociales más importantes en los últimos años. El país volverá a movilizarse en una huelga general, en esta ocasión contra los abusos del mercado inmobiliario, tras las protestas iniciadas por el Sindicato de Inquilinas, colectivo al que UGT y CCOO han prestado ayuda para poder dar forma a esta convocatoria nacional. El desahucio de Maricarmen fue la gota que colmó un vaso sobrecargado de indignación, propiciando una llamada a las calles para reclamar unas políticas efectivas que permitan que los hogares sean refugios agradables y no castigos económicos.
La víspera de la huelga general por la vivienda llega marcada por el enfrentamiento entre los sindicatos y la patronal, en un contexto en el que los precios inmobiliarios se han convertido en uno de los principales obstáculos para la economía de millones de trabajadores. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y Unai Sordo, máximo responsable de CCOO, defienden la movilización como una respuesta a una crisis que, a su juicio, amenaza con neutralizar los avances laborales de los últimos años. En dos entrevistas que ambos han concedido a El Mundo, los líderes sindicales rechazan las acusaciones de oportunismo electoral y señalan directamente a la CEOE por su estrategia en la negociación colectiva.
Álvarez considera que la patronal ha "coaccionado" a trabajadores y organizaciones sindicales al amenazar con recurrir la convocatoria por considerarla ilegal. El dirigente de UGT sostiene que la CEOE desistió cuando los sindicatos preparaban una demanda ante la Audiencia Nacional por vulneración de la libertad sindical y del derecho de huelga. Para el líder de la Unión General de Trabajadores, la protesta está plenamente justificada por motivos económicos y laborales, sosteniendo que debe marcar "un antes y un después" en el debate sobre la vivienda.
Sordo, por su parte, rechaza que la convocatoria se interprete como una acción contra la oposición. El secretario general de CCOO recuerda que PP, Vox y Junts han rechazado iniciativas sobre vivienda y reducción de jornada, y defiende que el poder legislativo también debe ser objeto de crítica. La huelga, apunta, interpela a todas las administraciones y reclama, además, mejores salarios, servicios públicos e infraestructuras.
La patronal, pendiente de un cambio político
Los dos dirigentes sindicales coinciden en señalar que la CEOE ha optado por ralentizar la negociación salarial a la espera de un nuevo escenario político. Álvarez advierte de que un Gobierno del PP y Vox podría reducir las concesiones empresariales en los convenios y aumentar la conflictividad laboral. Sordo considera que la patronal espera un Ejecutivo favorable a reducir cotizaciones y modificar obligaciones empresariales, lo que explicaría su resistencia a un nuevo acuerdo de negociación colectiva.
Ambos reivindican los avances alcanzados con el actual Gobierno, entre ellos la subida del salario mínimo, la reforma laboral y la revalorización de las pensiones. Es por ello que justifican que en estos años de Ejecutivo socialista no se haya convocado antes una huelga general. Sin embargo, reconocen que la inflación y el encarecimiento de la vivienda han erosionado el poder adquisitivo. Para Álvarez, España necesita un pacto de Estado que implique a ayuntamientos, comunidades y Ejecutivo central. Por su parte, Sordo reclama más financiación para los servicios públicos y advierte de que las rebajas fiscales planteadas por la derecha podrían traducirse en recortes de pensiones.
La reducción de jornada, las pensiones y el bloqueo parlamentario, entre las asignaturas pendientes
La huelga también sirve a los sindicatos para poner sobre la mesa otras reivindicaciones que consideran fundamentales para la próxima legislatura. Una de las más relevantes es la reducción de jornada, cuya tramitación quedó bloqueada en el Congreso después de que PP, Vox y Junts impidieran su aprobación. Unai Sordo lamenta que se haya perdido una oportunidad para extender legalmente una mejora que ya se había conseguido en numerosos convenios colectivos y que permitiría avanzar hacia una jornada media inferior a las 38,2 horas semanales actualmente pactadas. El dirigente de CCOO considera que la digitalización empresarial y los avances en productividad justificaban dar ese paso.
También el salario mínimo ocupa un lugar central en las reivindicaciones sindicales. Sordo reconoce que el incremento previsto para 2027, del 5,3%, es significativo, pero insuficiente para las organizaciones de trabajadores. Entre las cuestiones pendientes señala la fiscalidad de estas remuneraciones y la modificación del sistema de compensación y absorción de complementos salariales, un compromiso que atribuye al Gobierno y que todavía no se ha materializado.
Las pensiones constituyen otro de los frentes de disputa política. Álvarez rechaza que el sistema esté quebrado y defiende que los ingresos actuales permiten afrontar las prestaciones, mientras reclama distinguir entre aquellas financiadas mediante cotizaciones y las que deben sufragarse con cargo a los Presupuestos. Sordo, por su parte, advierte de que las propuestas de reducción de impuestos y cotizaciones de PP y Vox podrían desembocar en recortes drásticos de las pensiones y perjudicar la financiación de los servicios públicos.
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