Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han accedido este lunes al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para pedir información a razón de una investigación que está abierta, tras la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción de Madrid.
No obstante, la operación se limita a una solicitud formal de información y no de un registro, según han confirmado fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y, por su parte, el CNIO le ha facilitado la documentación que solicitaban, que la UDEF se ha llevado en un disco duro. "Este Ministerio manifiesta, como siempre lo ha hecho, su colaboración absoluta con la justicia y máxima determinación con cualquier tipo de irregularidades que se hayan podido producir en el CNIO”, ha asegurado un portavoz de la cartera que dirige Diana Morant. Asimismo, añaden que "el CNIO ha facilitado con total colaboración la documentación solicitada de forma verbal, que los agentes se han llevado únicamente en un disco duro". "En ningún caso se han llevado ordenadores ni ningún otro dispositivo", han matizado.
La investigación está abierta en el marco de una denuncia que se presentó el pasado mes de junio por parte de un ex alto cargo del CNIO -con el respaldo de la responsable de Cumplimiento Normativo- contra antiguos directivos del departamento económico del centro, así como contra empresas afines por presuntamente haberse beneficiado de contratos que o bien se fraccionaban o bien se inflaban, con el amparo y protección de Juan Arroyo, exgerente del CNIO. Según se desprende de la denuncia, de esta operación se pudieron sustraer de los presupuestos hasta 25 millones de euros en 18 años.
Todo ello se produce, además, después de que el pasado 25 de noviembre el Patronato del CNIO aprobara la ejecución inmediata de una reordenación de la organización e informara de la entrega a la Fiscalía de Madrid de un informe sobre la situación actual del organismo. Además, cabe destacar en este punto que poco antes de que la denuncia viera la luz, el denunciante contactó con el número 2 de Morant en el Ministerio, Juan Cruz Cigudosa, para dar cuenta de estas presuntas irregularidades.
Sin embargo, Cigudosa trasladó todo ello a Eva Ortega, secretaria de Estado de Investigación y miembro del Patronato del CNIO, un órgano que fue convocado de manera urgente para informar de la supresión de tres puestos dentro del organigrama de gestión del centro. Estos fueron la vicedirección de Asuntos Económicos, que ocupaba Juan Arroyo, y otros dos puestos de personas de su máxima confianza.
Asimismo, en dicha reunión se informó que se había puesto en manos de la Fiscalía de Madrid la documentación relativa a la administración del centro, y se ha encargado al Tribunal de Cuentas una auditoría de esta gestión en 2022, 2023 y 2024.
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