El 23 de julio de 2023 dejó uno de los escenarios parlamentarios más complejos de la democracia española. El Partido Popular obtuvo la victoria en votos y escaños, pero el resultado no le permitió alcanzar una mayoría suficiente para gobernar. Aquella noche electoral, celebrada inicialmente como un triunfo en la sede nacional de Génova, terminó convirtiéndose en el inicio de una larga travesía parlamentaria que, tres años después, continúa impidiendo a Alberto Núñez Feijóo acceder a La Moncloa.
La XV Legislatura ha quedado definida por un equilibrio político extraordinariamente ajustado, sustentado sobre una mayoría parlamentaria heterogénea que ha obligado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a negociar prácticamente cada iniciativa legislativa. Esa dependencia permanente de sus socios de investidura ha convertido cada votación relevante en un ejercicio de diálogo político, pero también ha permitido sacar adelante algunas de las principales reformas del mandato.
Una investidura construida sobre la negociación
Tras el fracaso de la investidura de Feijóo en septiembre de 2023, el PSOE abrió una intensa ronda de conversaciones con Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria. Aquellas negociaciones culminaron con la reelección de Pedro Sánchez en noviembre, inaugurando una legislatura basada en el entendimiento parlamentario entre fuerzas ideológicamente diversas.
La posterior tramitación de la Ley de Amnistía simbolizó el nuevo tiempo político. Durante meses concentró el debate nacional, generó movilizaciones sociales, recursos judiciales y un intenso enfrentamiento entre Gobierno y oposición, pero también permitió cerrar uno de los principales compromisos alcanzados con las fuerzas independentistas catalanas.
Reformas y agenda legislativa
A lo largo de estos tres años, el Ejecutivo ha desarrollado una amplia agenda política centrada en el refuerzo del Estado del bienestar y en la modernización económica y social del país.
Entre las medidas más relevantes destacan las sucesivas revalorizaciones de las pensiones, las nuevas subidas del salario mínimo interprofesional, la ampliación de derechos laborales, el impulso a la reducción progresiva de la jornada laboral —todavía en tramitación parlamentaria—, las políticas de vivienda, el desarrollo de la transición energética y las distintas reformas fiscales orientadas a consolidar los ingresos públicos.
También han ocupado un lugar central las políticas culturales, la reforma del Estatuto del Artista, la actualización de la legislación antitabaco, las iniciativas en materia de igualdad y las inversiones vinculadas a los fondos europeos de recuperación.
Una legislatura atravesada por las investigaciones judiciales
La actividad política ha convivido, sin embargo, con un elevado nivel de judicialización.
Las investigaciones relacionadas con el denominado caso Koldo, las actuaciones sobre José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Leire Díez o la actividad privada del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han alimentado buena parte del debate político durante el último año. A ello se han sumado las causas abiertas contra el entorno familiar del presidente del Gobierno, con procedimientos que afectan a Begoña Gómez y David Sánchez.
Estas investigaciones han protagonizado numerosos plenos extraordinarios, comparecencias parlamentarias y comisiones de investigación que han elevado la tensión institucional durante buena parte de la legislatura.
El reto permanente de la mayoría parlamentaria
La gobernabilidad ha dependido en todo momento de una negociación constante con los socios de investidura.
Junts, ERC, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria han desempeñado un papel determinante en la aprobación de leyes, decretos y medidas económicas, obligando al Gobierno a mantener abiertos múltiples canales de diálogo territorial y político.
Lejos de interpretarse únicamente como un factor de inestabilidad, este modelo parlamentario ha consolidado una cultura de negociación continua que ha permitido sacar adelante buena parte de la agenda legislativa pese a la ausencia de mayorías absolutas.
Una oposición sin capacidad para convertir el desgaste en mayoría
Mientras el Gobierno afrontaba una sucesión casi ininterrumpida de crisis políticas y judiciales, el Partido Popular trató de combinar la denuncia de la corrupción con la presentación de un proyecto alternativo de gobierno.
Sin embargo, esa estrategia ha encontrado importantes dificultades para consolidarse. Diversas controversias protagonizadas por Feijóo —desde sus planteamientos sobre el absentismo laboral hasta los debates sobre inmigración, la denominada "reconstrucción nacional", la Ley de Memoria Democrática o la conocida como ley de nietos— han obligado a la dirección popular a rectificar mensajes y matizar posiciones en numerosas ocasiones.
La dirección nacional del PP ha intentado proyectar una imagen de alternativa de gobierno mientras endurecía progresivamente su discurso político, aunque esa evolución tampoco ha logrado traducirse en una mayoría parlamentaria suficiente para aspirar a un cambio de Ejecutivo.
A ello se suma la persistente dependencia de Vox para cualquier hipotética investidura, un escenario que continúa condicionando la estrategia popular y limita su capacidad para ampliar apoyos hacia posiciones más moderadas.
Tres años de transformación política
El balance de estos tres años dibuja una legislatura marcada por la excepcionalidad parlamentaria, pero también por una notable capacidad institucional para mantener la estabilidad política pese a la fragmentación existente en el Congreso.
El Ejecutivo ha conseguido desarrollar buena parte de su programa mediante acuerdos continuos con sus socios, mientras que la oposición, pese a liderar numerosas encuestas de intención de voto y capitalizar parte del desgaste gubernamental, no ha logrado convertir esa ventaja demoscópica en una alternativa parlamentaria viable.
Tres años después de aquellas elecciones que parecían abrir un cambio de ciclo, la XV Legislatura continúa redefiniendo el funcionamiento del parlamentarismo español. La política de pactos, la negociación permanente y la capacidad de alcanzar acuerdos han terminado imponiéndose como la principal seña de identidad de un periodo que ha consolidado importantes reformas institucionales y sociales, al tiempo que ha evidenciado las dificultades de la oposición para transformar la crítica al Gobierno en un proyecto capaz de articular una mayoría suficiente para gobernar.
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