La Plataforma en Defensa del Transporte, agrupación de autónomos y pequeñas empresas de transportistas de ámbito nacional que convocó un paro el pasado mes de marzo, anunciará este lunes si vuelve a paralizar el sector. La decisión la darán a conocer con el resultado de la votación que han llevado a cabo este fin de semana en sus delegaciones provinciales sobre la posible reanudación del paro.
Sus delegados provinciales mantuvieron el pasado sábado una reunión en la que analizaban la situación actual del sector, tras las medidas aprobadas por el Gobierno en consenso con las organizaciones mayoritarias de transportistas, que competen al Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).
Entre las medidas que aprobó el Ejecutivo destacaban la nueva ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas o un paquete de 450 millones de euros de ayudas directas, que se sumaban a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022, como el descuento de 20 por litro en el combustible, la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga, la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga o el refuerzo de la inspección de transporte, así como las ayudas al abandono de la profesión.
Pese a ello, esta plataforma, que en el anterior paro terminó quedándose sola, sigue denunciando el “incumplimiento” por parte de los cargadores de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector. Por eso, critica al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por desautorizar a la Guardia Civil a controlar y denunciar este incumplimiento.
Por estas razones, los delegados de la plataforma se han mostrado partidarios de reanudar los paros, y así han convocado a todos los miembros de la misma a votarlo, para saber si este nuevo paro es refrendado por la mayoría de sus integrantes.
Las medidas del Gobierno
Frente a las reclamaciones del sector del Transporte, el Gobierno aprobó el pasado mes de agosto una nueva ley para este sector en la que se transponen los principios inspiradores de la llamada Ley de la Cadena Alimentaria a las relaciones que existen entre los transportistas y sus clientes, con el objetivo de evitar que los primeros trabajen a pérdidas.
A iniciativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ejecutivo aprobaba un decreto para dar luz verde a esta nueva ley de la Cadena del Transporte, con la que se trata de corregir las imperfecciones del sistema que afectan a la parte con menos capacidad de negociación.
Entre las principales disposiciones se encuentra la obligatoriedad de recoger los contratos por escrito en los que aparezca el precio del servicio, que siempre deberá ser igual o superior a los costes, en referencia a un sistema de precios que el propio Ministerio ya publica.
Para asegurar que esta medida se cumpla, se ha emparejado con nuevas sanciones e infracciones, así como obligaciones, y el Gobierno se comprometía a ampliar el código de buenas prácticas del sector sobre las subcontrataciones.
Además, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez también aprobó otro paquete de ayudas directas al sector, mediante un préstamo extraordinario de 450 millones de euros, que se traducen en 1.250 euros por camión, 950 por autocar, 500 euros por furgoneta, 300 por taxi, VTC y ambulancia y 400 a los autobuses urbanos.
