¿Tenemos la certeza de que los antidisturbios son psicológicamente aptos para su trabajo?

Las Unidades de Intervención Policial (UIP), más conocidas como antidisturbios, son el mayor exponente del monopolio del uso de la fuerza en materia de seguridad ciudadana. Este selecto grupo, formado en un 98% por hombres, se compone de policías nacionales que han sido sometidos a pruebas físicas, teóricas y psicológicas. En este último trámite se les somete a un test rápido de personalidad y una entrevista con un psicólogo que evalúa la capacidad de los aspirantes. Pero, ante la crueldad y el sadismo que desprenden algunas intervenciones que han quedado registradas en vídeo, cabe preguntarse si estas evaluaciones son suficientes y adecuadas.

Estas pruebas psicológicas valoran, según criterios propios de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional (DFP), aspectos como la estabilidad emocional, reacciones ante la presión, niveles de agresividad y autocontrol en el uso de la fuerza. Todo ello con la intención de situar al frente de la fuerza armada de seguridad ciudadana a personas que, manteniendo la severidad que requiere el cargo, no renuncien a su humanidad y empatía.

Sin embargo, cada vez son más numerosos y evidentes los casos de brutalidad policial. Son inabarcables los vídeos en los que quedan registradas actuaciones absolutamente desproporcionadas, disparando pelotas de goma por la espalda a gente que huye; rociando con spray pimienta a personas sin hogar en actitud tranquila o golpeando con rabia a una persona tirada en el suelo. Son actos que no parecen encajar con ese perfil de humanidad y autocontrol que se busca.

La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana - Ley Mordaza - dificulta considerablemente la denuncia de estas actuaciones y la recopilación de pruebas. Además, con la introducción de nuevas armas como el spray pimienta o las pelotas de goma (prohibidas en País Vasco y Cataluña tras causar graves lesiones), el número de daños se ha multiplicado. Y aunque está previsto un adiestramiento para su uso, no parece ser muy efectivo cuando en un vídeo del pasado 11-N vemos cómo disparan uno de estos proyectiles a un grupo de manifestantes que huyen al grito de “¡Venga, a ver si les das!”; sobre todo teniendo en cuenta que una Circular de 2013 de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana limita su uso para “agresiones directas que entrañen una peligrosidad extrema”. Si disparar por la espalda a un grupo que huye es repeler una agresión directa es preciso entonces replantearnos las leyes de la lógica y la razón.

Aunque nadie niega que tengan que enfrentarse a situaciones peligrosas, en las que efectivamente también se ven agredidos, no puede ello justificar una respuesta desproporcionada. Los actos de vandalismo y violencia en ciudades como Barcelona, que no representan a los miles de personas que se manifestaron pacíficamente la pasada jordana de huelga general, no pueden servir de justificación para actos de absoluta crueldad. Golpear a personas indefensas que huyen o están arrinconadas en un portal no encuentra más justificación que una incapacidad de autocontrol y pasión por la violencia que parecen no haber sido detectadas en esas pruebas psicológicas que se presumen rigurosas. 

Por todo ello cabe recuperar la cuestión formulada al inicio: ¿están verdaderamente capacitados para el ejercicio de sus funciones? Es algo que solo los expertos en esta materia, que son psicólogos y no policías, pueden determinar. Sin embargo, las pruebas muestran que la agresividad va en aumento y la impunidad de esta crueldad no augura un futuro mejor. No se puede generalizar y calificar a todos los policías de sádicos violentos -no al menos con el actual Código Penal vigente-, pero la sana crítica es necesaria frente a quienes, a día de hoy, tienen el poder y la legitimidad para actuar con notoria crueldad y salir indemnes.