El Gobierno nacional de coalición no pasa por su mejor momento, en lo que a la relación entre PSOE y Sumar se refiere. El terremoto que provocó la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el 'Caso Plus Ultra', asunto que se ha sumado a otras posibles tramas de corrupción que, según se ha apuntado en los tribunales, podrían haberse dado en el entorno de los socialistas, deja el vaso a punto de colmar a los de Yolanda Díaz. Es por ello que, ahora, señalan que, para que la legislatura sobreviva, debe ponerse en marcha una serie de reformas que introduzcan cambios de relevancia en la sociedad.
Ahora bien, más que hacer referencia a un diálogo o consenso con los socialistas, desde Sumar se habla de "presionar" al PSOE para "desbloquear y acelerar" proyectos que se consideran pendientes, siendo protagonistas, especialmente, materias como la vivienda, el final de la vigencia de algunas de las medidas aprobadas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán y la derogación de la ley mordaza.
Son diferentes las formas con las que los distintos miembros de Sumar están expresando esa intención de llevar al PSOE hacia estos temas. Era el diputado Gerardo Pisarello, de los Comuns, quien apuntaba a que van a "presionar" a los socialistas, mientras que, por su parte, la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, expresaba que los posibles casos de corrupción "no pueden paralizar la acción del Gobierno". Ernest Urtasun, ministro de Cultura, también era incisivo con este asunto al remarcar que "no vale quedarse de brazos cruzados” y asegurando que la continuidad de la legislatura pasa por un despliegue de "agenda social".
La presión sobre el PSOE se ha convertido en la fórmula elegida por Sumar para tratar de sortear la crisis política provocada por las últimas informaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción que afectan al entorno socialista. Aunque dentro de la coalición han existido diferentes sensibilidades sobre cómo marcar distancias con su socio de Gobierno, la posición que ha terminado imponiéndose es la de exigir un impulso decidido de las reformas sociales para evitar que la legislatura quede atrapada en un debate permanente sobre los escándalos políticos.
En ese contexto, la vivienda vuelve a situarse en el centro de las reivindicaciones de la formación de Yolanda Díaz. Sumar reclama recuperar medidas de protección para los inquilinos después de que decayera la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, una iniciativa que consideran prioritaria ante las dificultades de acceso a la vivienda. Sin embargo, las negociaciones continúan avanzando con lentitud, condicionadas tanto por la actual situación política como por la compleja aritmética parlamentaria.
Otro de los frentes abiertos es la recuperación de las rebajas fiscales aplicadas a la electricidad y al gas para amortiguar el impacto económico derivado de la guerra de Irán. Díaz ha defendido la necesidad de aprobar un nuevo decreto que permita restablecer estas reducciones tributarias, aunque el ala socialista del Ejecutivo mantiene por ahora una posición de cautela y asegura que evaluará primero los efectos de las medidas adoptadas hasta la fecha.
La derogación de la conocida como ley mordaza completa el paquete de reivindicaciones prioritarias de Sumar. La coalición sostiene que existe una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante una nueva regulación y reclama al PSOE que acelere las negociaciones necesarias para desbloquear una reforma que lleva más de un año encallada en el Congreso. Todo ello responde a una misma idea: que la supervivencia de la legislatura depende de que el Gobierno recupere la iniciativa política mediante avances concretos en materia social.
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