Este miércoles a las 10:00 horas de la mañana se han dado cita en el Congreso de los Diputados máximos representantes del PSOE y Sumar del Gobierno de coalición para encauzar un acuerdo para reimpulsar la legislatura. Sin embargo, esta reunión a puerta cerrada ha claudicado sin horizonte de consenso, aunque sí con la determinación de ambas partes por agotar la legislatura hasta 2027.
Por el ala socialista, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se han reunido con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun quien, por parte de Sumar ha exigido una serie de puntos al PSOE para continuar con lo que resta de legislatura.
En un documento entregado en la cita a puerta cerrada, los magentas han sido firmes en aras de no permitir el escenario de corrupción reciente que ha venido de la mano de la trama Koldo y ha sacudido las bases de Ferraz. Por ello, han reclamado al PSOE la elaboración de una ley integral y una Agencia anticorrupción, el endurecimiento del Código Penal, la prohibición de indultos a condenados por este tipo de delitos, así como medidas sociales urgentes en vivienda, dependencia o conciliación.
Asimismo, la coalición de izquierdas ha reclamado, siguiendo las palabras recientes esgrimidas por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, un "reseteo de la legislatura" centrado en dos ejes prioritarios: por un lado, la "regeneración democrática, con medidas ejemplares contra la corrupción" y, por otro, el relanzamiento de la agenda social para combatir las desigualdades.
No obstante, a ojos de Sumar, el riesgo en la legislatura lo perciben desde la parte socialista por la reciente entrada en prisión del que fuera secretario de Organización, Santos Cerdán: “La pelota está en su tejado”, ha ahondado Urtasun en comparecencia a los medios al término del encuentro con Bolaños y Montero.
Las medidas de Sumar, punto por punto
Punto por punto, en primer lugar, los magentas han exigido que la Ley integral anticorrupción garantice que tanto corruptos como corruptores asumirán los costes directos e indirectos de sus acciones, prohibiendo durante 20 años a las empresas condenadas por corrupción concurrir a contratos públicos y extienda esa prohibición a sus filiales y vinculadas. Además, plantea endurecer el delito de cohecho, ampliar la inhabilitación para cargos públicos a 30 años y prohibir los indultos a condenados por corrupción.
A su vez, proponen la creación de una Agencia Independiente contra la Corrupción con capacidad de investigar, sancionar, recibir denuncias anónimas y colaborar con la Fiscalía, así como un pleno monográfico sobre corrupción bajo el marco de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso el próximo 9 de julio.
También plantea tipificar el enriquecimiento ilícito injustificado de funcionarios públicos desde 50.000 euros y endurecer las penas del delito fiscal, además de prohibir legalmente la posibilidad de conceder indultos a condenados por delitos de corrupción.
En clave parlamentaria, desde Sumar reclaman expresamente una comisión de investigación sobre el caso Ábalos-Cerdán en la que "ningún gran partido disponga de una mayoría de bloqueo en la mesa", con el objetivo de depurar responsabilidades políticas tras los últimos escándalos.
En la agenda social, Sumar propone medidas urgentes como prorrogar obligatoriamente los contratos de alquiler afectados por la llamada "gran revisión" durante al menos tres años, impulsar una ley que establezca duración indefinida para los contratos de alquiler con actualizaciones según la inflación y reforzar la protección del inquilino contra cláusulas abusivas.
Siguiendo con la materia de vivienda, abogan por prohibir la compra de viviendas en zonas tensionadas si no se va a residir en ellas al menos cinco años y prohibir los alquileres turísticos en esas áreas. Y un Plan Estatal de Vivienda 2026-2029 con una inversión anual del 1% del PIB a través de empresas públicas,
Además, en la parte que concierne a la conciliación, otro punto clave para los magentas, llaman a ampliar los permisos de nacimiento de 16 a 20 semanas, remunerar cuatro de las ocho semanas de permisos parentales de cuidados y activar una prestación universal por crianza que extienda la ayuda de 100 euros mensuales hasta los seis años del menor, con un coste total estimado de 990 millones de euros. Por último, la coalición exige que se cumpla el acuerdo con el PSOE para que el Estado aporte el 50% en Dependencia y atender las obligaciones presupuestarias de la Ley ELA.
Los socialistas estudiarán la hoja de ruta de Sumar
Por parte de Bolaños y Montero, el ala socialista del Ejecutivo central se ha comprometido a estudiar punto por punto las claves planteadas por los de Díaz. Tal y como han precisado fuentes socialistas, la reunión ha transcurrido en tono “cordial” y con un horizonte favorable de trabajo para agotar la legislatura en 2027, cuando está prevista la convocatoria de nuevas elecciones generales en caso de que no se produzca un adelanto.
Los socialistas han ahondado a su vez que estudiarán estas propuestas, a la par que han precisado que algunas de ellas “ya están marcha”, mientras otras “irán llegando” a lo largo de los próximos meses.