Sumar presiona al PSOE para cerrar el curso con un ‘macro decreto’ de vivienda

Se acerca un final de curso que el Gobierno afronta con la determinación -o casi necesidad- de reivindicar su acción legislativa. El aluvión de causas judiciales que rodea al Partido Socialista y la debilidad parlamentaria de la coalición con Sumar, exigen a Moncloa un espaldarazo para afrontar con argumentos el tiempo que le quede a la legislatura. En ese sentido, Sumar lo apuesta todo a la carta de la vivienda, y presiona a su socio para irse de vacaciones con los deberes hechos. 

El objetivo es que del último Consejo de Ministros antes del parón veraniego, el próximo 29 de julio, salga un ‘macro decreto’ de vivienda que aglutine varios de los proyectos pendientes de la coalición progresista. Entre ellos están la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, que ya tumbó el Congreso de los Diputados en abril con los votos en contra del PP, Vox y Junts. 

Convencer a la derecha nacionalista, que ya pide un adelanto electoral si el Gobierno no legisla, es el principal escollo. Por ello, a esa norma se sumarán otros de los textos que pretenden contentar al amplio espectro de socios de investidura. El Gobierno pretende conceder a Junts y el PNV las bonificaciones fiscales a los caseros, mientras que la izquierda alternativa nacional, con Podemos a la cabeza de las críticas, presiona para incluir medidas como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones. Ambas fuerzas son imprescindibles para que el decreto se apruebe en el Congreso en septiembre. 

¿Qué medidas irán en el macro decreto de vivienda?

El tótem de este texto es el mismo que ya tumbó la Cámara Baja en abril: la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler. El Gobierno aprobó en marzo la posibilidad de renovar automáticamente por dos años los contratos que expiraran antes del 31 de diciembre de 2027, que incluía además el tope al 2% de la revalorización anual de los precios. Durante los cuarenta días que aguantó en vigor, casi un millón de personas enviaron a sus caseros la solicitud. 

Junts votó en contra de este decreto, siguiendo el argumento de la derecha nacional de que fomenta la okupación. Ahora, según anunció el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; no solo se quiere recuperar la medida, sino que se quiere extender un año más el periodo de expiración de los contratos, hasta finales de 2028. Esto irá en el primer bloque del decreto, que incluirá otras “medidas para bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler” como la regulación de los alquileres de temporada y de habitación o la obligatoriedad de que los contratos se hagan por escrito. El segundo bloque, de “medidas para movilizar vivienda asequible”, incluiría el IVA al 21% para los pisos turísticos. 

Sin embargo, todo esto choca con lo que se ha aceptado incluir en el ‘macro decreto’ para convertir el voto de Junts en positivo. Los de Puigdemont pedían bonificaciones fiscales, que el Gobierno pretende conceder a los caseros que bajen el precio del alquiler. Los de Puigdemont quieren también una deducción del 15% en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de la vivienda habitual, que incluyeron en una moción presentada en abril. 

Esto, no obstante, rompe el equilibrio con el otro lado del espectro, el de Podemos. Los de Ione Belarra ya anticiparon que no piensan apoyar los beneficios fiscales de Junts, lo que complica el puzle que trata de armar el Gobierno. Los morados quieren, en cambio, que el macro decreto recupere la prohibición de desahuciar a personas vulnerables, pero de nuevo ahí hay desequilibrios, porque el Ejecutivo se abrió a aprobarla incluyendo la salvedad del PNV de esta no se aplique a los pequeños propietarios. 

Los socios de Gobierno reman a una

Encajar las piezas no será tarea fácil, pues a los equilibrios con los socios se suman las negociaciones entre los ministerios de cada formación que conforma el Ejecutivo. En este caso, el tira y afloja lo personifican, por el lado socialista, la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, reticente a soltar cuerda ante la izquierda; y Bustinduy por el de Sumar, que se hizo cargo a principios de año del devenir de la prórroga de los alquileres y las cesiones necesarias para sacarla adelante. 

El tono entre ambos partidos ha llegado a ser muy duro en lo que tiene que ver con vivienda. El Real decreto salió del Consejo de Ministros extraordinario del 20 de marzo, en el que se aprobó también el texto con las medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo. Sumar tuvo que presionar al PSOE para que incluyera medidas de vivienda, hasta el punto de que sus ministros amenazaron con no sentarse en la mesa de Moncloa aquella mañana. 

Finalmente, Pedro Sánchez anunció todo el paquete dividido en dos textos, y dejó en manos de Bustinduy el futuro del segundo, que terminó por decaer en el Congreso tras cuarenta días en vigor. Desde Sumar llamaron a una “movilización social” por la vivienda, en palabras de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero el tono contra el socio mayoritario fue contenido. Ahora, con ambos partidos conscientes de la delicada situación de la legislatura, la idea general es la de remar todos a una, según fuentes de Moncloa.