Sumar se pone el traje electoral y eleva la presión sobre el PSOE con la vivienda

Sumar ha decidido pisar el acelerador en materia de vivienda y trasladar el pulso político directamente al corazón del Gobierno: la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, el órgano donde se filtra y ordena lo que llegará - o no - al Consejo de Ministros. La formación que dirige Yolanda Díaz llevará esta semana su decreto de medidas urgentes en materia de alquiler y regulación inmobiliaria a dicha comisión, forzando al PSOE a retratarse con una votación interna que puede marcar el tono de la legislatura.

La jugada no es menor. Sumar busca que el Ejecutivo dé un paso al frente en uno de los grandes problemas sociales del país, que no es sino el descontrol del precio de la vivienda y la vulnerabilidad creciente de los inquilinos. Y, de paso, busca forzar al PSOE a abandonar las dudas que, a juicio de la formación, siguen frenando la aplicación completa de la Ley de Vivienda aprobada en 2023.

La vicepresidenta segunda y también ministra de Trabajo exigirá en la comisión económica que el Gobierno decida si va a permitir la extensión de los contratos de alquiler en las condiciones actuales, sin subidas abusivas y garantizando una prórroga automática que protegería, según Sumar, a 1,6 millones de personas. La propuesta permitiría a los inquilinos prolongar sus contratos sin enfrentarse a aumentos de precio que, en muchas zonas, se han vuelto inasumibles.

El decreto, presentado ya en octubre, es uno de los pilares del discurso social de Sumar y se ha convertido en el terreno donde Díaz quiere marcar diferencias antes del próximo ciclo electoral. Además, la coalición aspira a incluir en los presupuestos una prestación universal por crianza, otra de sus banderas programáticas.

Choque con Cuerpo

Las fricciones con el Ministerio de Economía son evidentes. La cartera que dirige Carlos Cuerpo preside la comisión económica y, aunque en teoría podría bloquear la tramitación, Sumar recuerda que Díaz es vicepresidenta y, por tanto, tiene capacidad para elevar propuestas directamente a votación. Si el PSOE se opone, deberá hacerlo de manera explícita.

Desde el entorno magenta admiten que las diferencias con los socialistas son “relevantes”, especialmente en lo relativo a gravar fiscalmente a las socimis y a frenar prácticas especulativas en zonas tensionadas. De hecho, en Sumar deslizan que Economía mantiene “posiciones neoliberales” que, a su juicio, impiden avanzar hacia un modelo europeo de regulación más ambicioso. No es la primera vez que el ala socialista del Gobierno es acusada de tibieza en vivienda. Pero Sumar ha decidido intensificar el pulso y aprovechar el desgaste del PP en este terreno para mover la agenda hacia lo social.

Durante el acto institucional por el 47º aniversario de la Constitución, Díaz lanzó un mensaje que encendió aún más el debate: aseguró que la Carta Magna “se está convirtiendo en una fábrica de desigualdad” por no garantizar efectivamente derechos como el acceso a la vivienda.

Según la vicepresidenta, tanto PP como PSOE han permitido durante décadas una especulación inmobiliaria que hoy está expulsando a miles de jóvenes y familias de sus barrios. Sus palabras se interpretan cómo una nueva señal de que Sumar se prepara para marcar territorio propio ante un eventual adelanto electoral. En este sentido, insisten en que, aunque el PSOE recela inicialmente de sus propuestas, “acaba asumiéndolas y sacando pecho de ellas”. Y citan como ejemplo la prestación universal por crianza, que confían en que los socialistas terminen aceptando.

Las claves del decreto

El documento que el martes discutirá Yolanda Díaz en el seno del Consejo de Ministros incluye un paquete de medidas de urgencia en la materia. La principal de ellas será la prórroga obligatoria de los contratos que vencen en 2026 y que, según datos que maneja la formación, afectaría a unos 300.000 hogares. Asimismo, en términos de zonas tensionadas, estos contratos podrían extenderse hasta cinco años adicionales para frenar la escalada de precios. Los magentas, sustentando su explicación con arreglo a datos proporcionados por el portal Idealista, esgrimen que los alquileres han subido un 30% de media en tan sólo un lustro. Incluso la situación es más dramática en ciudades como Madrid (44%), Barcelona (60%) o Valencia (74%).

En el borrador, Sumar establece, entre otras cuestiones, topes de precio para nuevos contratos o renovaciones. Es decir, no podrán superar el importe anterior salvo en las zonas tensionadas, en las que se aplicaría el índice de referencia. Se prevé una regulación más estricta del alquiler de temporada, que a ojos de los progresistas se ha convertido en un coladero para esquivar la legislación; por lo que ponen encima de la mesa que este tipo contractual tenga un mínimo de 30 días y cuente con las mismas obligaciones que los de vivienda habitual. En el caso de ser inferiores, pasarían automáticamente a considerarse de alquiler turístico, con las restricciones pertinentes. En este sentido, para frenar la especulación, proponen medidas fiscales dirigidas a socimis y grandes tenedores, uno de los principales puntos de fricción entre las dos patas de la coalición.

Para Sumar, el objetivo es claro: frenar el incremento desbocado de los precios y garantizar que los propietarios no puedan esquivar la regulación mediante figuras contractuales ambiguas.La vivienda se ha convertido en una de las grandes urgencias del país, y el espacio de Yolanda Díaz quiere capitalizar ese malestar social de cara al nuevo ciclo electoral que se avecina y, sobre todo, con vistas a las generales de 2027, a las que el espacio a la izquierda de los socialistas llega con alguna que otra urgencia.