Sumar, a través de Más Madrid, mueve ficha con el registro de una proposición de ley en el Congreso a tenor del estallido del caso Santos Cerdán. El articulado, anunciado por Tesh Sidi en rueda de prensa, contempla la inhabilitación cautelar de contratación con empresas salpicadas en tramas corruptas, así como su veto temporal para la recepción de subvenciones. La normativa, además, prohíbe expresamente a tales entidades a optar a concursos públicos si son condenadas formalmente.
La portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha anunciado la iniciativa de la formación regionalista, encapsulada en el Grupo Parlamentario Plurinacional, este mismo martes. Los magentas plantean una modificación del artículo 33.7 del Código Penal, cuya finalidad es conceder a los jueces instructores imponer una inhabilitación temporal de una persona jurídica para contratar con la administración pública o percibir subvenciones desde el inicio de una causa penal.
Junto a esta modificación, la normativa introduce otros cambios en diversos artículos de la Ley de Contratos del Sector Público, con el fin de incluir expresamente esta medida cautelar para extender la prohibición de contratar. El articulado aspira a blindar los mecanismos de la Administración para evitar que los recursos públicos, como presuntamente habría ocurrido en el caso de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre, acaben en manos de empresas inmersas en prácticas delictivas mientras transcurren los procesos judiciales en curso.
La entrega de sobres
La fuerza impulsora de la normativa, Más Madrid, ha desgranado que la iniciativa bebe de la figura de la prisión provisional para delincuentes de delitos penales. La portavoz de los regionalistas en el Congreso, Tesh Sidi, argumentaba ante los medios de comunicación que el ordenamiento jurídico debe contemplar una herramienta similar para inhabilitar temporalmente a empresas implicadas presuntamente en tramas con mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos. Por ello, reivindican desde la formación que, si de verdad se quiere acabar con la “lacra” de la corrupción, este es el camino.
En el Grupo Plurinacional consideran que hay que reorientar el foco hacia los “corruptores”. Es decir, aquellos que “reparten los sobres” a los corruptos, denunciando que han campado a sus anchas durante años en la Administración pública, “actuando con impunidad” y jugando papeles cruciales en tramas como la de Koldo o, por ejemplo, el caso Gürtel o los papeles de Bárcenas.
De hecho, Sidi se ha referido directamente al caso de Acciona. La empresa que dirige José Manuel Entrecanales conforma la columna vertebral de la trama Koldo que relata el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la implicación del ya ex número tres del PSOE Santos Cerdán en la causa. La diputada regionalista ha recordado que su formación ha registrado la solicitud de comparecencia en el Congreso del CEO de la empresa, que este mismo lunes despedía a su director de construcción en España, Justo Vicente Pelegrini.
Sidi, junto a Alda Recas, reflexionaba sobre que los principales acusados en la trama, como el ex ministro de Transportes o el ex secretario de Organización del PSOE, puedan acabar en prisión. De ahí se desprende la justificación legal que exponen desde Más Madrid a través de un texto que refuerza la revisión permanente de la contratación desde su entrada en vigor. Siempre y cuando, claro está, si la entidad afectada se compromete a pagos de multas y cumplimientos de sanciones.