La saturación de los equipos técnicos de los juzgados está dejando a miles de personas atrapadas en una larga espera que, en muchos casos, agrava situaciones ya de por sí extremadamente delicadas. Víctimas de violencia machista, menores inmersos en conflictos familiares o parejas en proceso de divorcio ven cómo procedimientos que deberían resolverse con rapidez se prolongan durante meses e incluso años debido a la falta de recursos humanos especializados.
Esta es una realidad que expone El País, al trasladar el relato de diferentes afectados y afectadas por esta situación. Por ejemplo, cuenta el caso de una víctima de violencia machista, que denunció a su agresor y tuvo que esperar ocho meses para ser evaluada por el equipo técnico del juzgado, integrado por profesionales de la psicología y el trabajo social. Tras la valoración, han transcurrido otros tres meses sin recibir todavía el informe que puede resultar determinante para su procedimiento judicial. Su caso no es una excepción. Según denuncian profesionales del sector, los retrasos pueden superar el año en procesos relacionados con violencia de género y violencia sexual, mientras que en asuntos de familia, como custodias o regímenes de visitas, las demoras llegan a alcanzar los dos años.
Flor Redondo, presidenta de la Asociación Española de Trabajo Social Forense, atiende al mencionado periódico y en sus respuestas advierte de las consecuencias que tiene esta situación. “Un informe que llega un año tarde es una vida congelada”, resume. A su juicio, no se trata únicamente de un problema administrativo, sino de una vulneración efectiva de derechos que cronifica el sufrimiento de las personas afectadas. En el ámbito penal, explica, las demoras comprometen directamente la seguridad de las víctimas. En el civil, prolongan la incertidumbre de menores y familias que desconocen durante largos periodos cómo quedará organizada su vida cotidiana.
Los equipos psicosociales desempeñan una labor fundamental en el sistema judicial. Sus informes pueden constituir pruebas decisivas en procedimientos civiles y penales. Además, son los encargados de entrevistar a menores y registrar sus testimonios para evitar que tengan que revivir experiencias traumáticas durante el juicio. Sin embargo, los propios profesionales reconocen que la carga de trabajo resulta cada vez más difícil de asumir.
Según las asociaciones de psicólogos y trabajadores sociales forenses, un profesional puede elaborar entre cinco y siete informes mensuales. Raquel Domínguez, presidenta de la Asociación de Psicología Forense de la Administración de Justicia, considera, tal y como cuenta a El País, que los plazos ordinarios deberían situarse entre tres y seis meses desde que el juez solicita la pericia hasta que se entrega el informe. Superar esos tiempos, sostiene, comienza a ser anómalo. Cuando la espera rebasa el año, asegura, se están vulnerando derechos fundamentales de la ciudadanía.
La situación presenta además importantes diferencias territoriales. Mientras algunas provincias mantienen tiempos razonables de respuesta, otras acumulan retrasos especialmente graves. Las asociaciones profesionales denuncian que el acceso a una tutela judicial efectiva depende en demasiadas ocasiones del lugar de residencia. Comunidades dependientes del Ministerio de Justicia, como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Baleares o Murcia, figuran entre las más afectadas, aunque las desigualdades también se reproducen en territorios con competencias transferidas.
Las dos principales asociaciones del sector, que representan a cerca de 900 especialistas, han remitido recientemente un manifiesto conjunto al Ministerio de Justicia y a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En él alertan de una “insuficiencia estructural de recursos humanos” como causa principal del colapso y reclaman más personal para reducir los tiempos de espera sin sacrificar la calidad de las evaluaciones.
Los profesionales muestran además su preocupación por las medidas orientadas a agilizar la producción de informes. Temen que la presión para aumentar el número de pericias derive en entrevistas más breves y valoraciones menos exhaustivas. “La clave no es cuánto hacemos, sino cómo lo hacemos”, señalan desde los equipos técnicos, recordando que detrás de cada expediente hay víctimas, menores y familias que necesitan ser escuchados con el tiempo y la atención adecuados.
Aunque el Ministerio de Justicia ha anunciado la incorporación de 33 nuevos profesionales y trabaja en medidas para mejorar la organización del servicio, las asociaciones consideran insuficiente este refuerzo. Mientras tanto, miles de personas continúan esperando una resolución que les permita salir de un limbo judicial que, lejos de protegerlas, prolonga su incertidumbre y sufrimiento.
A la sobrecarga de trabajo se suman unas condiciones laborales que, según denuncian los propios profesionales, dificultan tanto la cobertura de vacantes como la permanencia en los puestos. Las asociaciones del sector alertan de que numerosas plazas quedan desiertas, especialmente en determinadas provincias, debido a la dureza emocional del trabajo y a unas retribuciones que consideran poco competitivas en comparación con otros ámbitos de la Administración. A ello se añaden las diferencias existentes entre comunidades autónomas, donde el personal puede tener distintos regímenes laborales, salarios y condiciones de acceso a las plazas. Esta disparidad ha generado un sistema heterogéneo que, según los expertos, repercute directamente en la capacidad de los equipos para responder a la creciente demanda.
La situación se ve agravada por las jubilaciones y la salida de profesionales con experiencia, un fenómeno que las asociaciones consideran cada vez más frecuente. Los trabajadores reclaman desde hace años su funcionarización, una medida que, sostienen, permitiría agilizar la cobertura de vacantes y ofrecer una mayor estabilidad a las plantillas. Esta es una medida que solicitan pues en algunas regiones figuran como personal laboral. Mientras tanto, en algunos territorios continúan acumulándose puestos sin cubrir durante largos periodos, lo que incrementa la carga de quienes permanecen en servicio y alimenta un círculo vicioso de saturación. Para los especialistas, sin una apuesta decidida por reforzar recursos humanos y mejorar las condiciones laborales, será difícil reducir unos retrasos que afectan directamente al derecho de la ciudadanía a obtener una respuesta judicial en tiempos razonables.
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