En la clausura del acto “Más vivienda pública, más vivienda asequible”, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido una intervención más decidida de las administraciones sobre un mercado que, a su juicio, ha dejado de cumplir una de sus funciones esenciales: permitir que quienes trabajan puedan encontrar un lugar donde vivir sin que el alquiler absorba una parte desproporcionada de sus ingresos.
El líder del ejecutivo ha reivindicado que es necesario “intervenir un mercado de la vivienda que no vivienda”, como hacen quienes aplican la ley y el tope a los alquileres, frente a un PP cuyos gobiernos autonómicos “sirven a los fondos que especulan”. Y ha cargado directamente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: “Hacer política de vivienda no es comprar un ático de 6 millones de euros”.
Su conclusión ha sido inequívoca: “Hacer política de vivienda es garantizar que los ciudadanos puedan permitirse una casa decente, un techo bajo el que construir un hogar”. La frase transforma el debate inmobiliario en una cuestión de prioridades públicas. No se trata únicamente de cuánto cuesta una vivienda, sino de quién puede acceder a ella y qué modelo de sociedad produce un mercado residencial determinado.
“El Gobierno no va a quitarse de en medio”, ha proclamado Sánchez, en una declaración que resume el cambio de paradigma que pretende imprimir a la política residencial: frente a la confianza exclusiva en los mecanismos del mercado, más suelo público, más parque de alquiler asequible, regulación de los mercados tensionados y una presencia sostenida de las instituciones.
El Ejecutivo ha articulado buena parte de esta estrategia a través de CASA 47, la entidad pública estatal encargada de impulsar vivienda asequible. El Consejo de Ministros autorizó en junio una nueva inyección de 260 millones de euros para acelerar su parque público, elevando a 2.080 millones los recursos transferidos y permitiendo activar 22 nuevos proyectos con 1.629 viviendas.
Hacer política de vivienda es garantizar que los ciudadanos puedan permitirse una casa decente y no comprar un aticazo para la presidenta de un gobierno autonómico.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 7, 2026
El Gobierno de España está y estará ahí. Poniendo recursos e impulsando un marco jurídico que ofrezca soluciones.… pic.twitter.com/CQjxgVGCQV
El mercado que, según Sánchez, “está roto”
El diagnóstico presidencial parte de una constatación social que trasciende las fronteras españolas. “Buscar una vivienda se ha convertido en una carrera de obstáculos”, ha afirmado Sánchez, antes de advertir de que la dificultad para acceder a un hogar constituye una “tremenda injusticia” presente también en otros países.
Para el presidente, el problema no reside únicamente en que falten viviendas, sino en que la oferta disponible no siempre responde a las necesidades económicas de la mayoría de los hogares. De ahí su defensa de una intervención pública sostenida: “Es un mercado que no se autorregula”, ha señalado, porque, según su interpretación, el incremento de la demanda en determinadas áreas, la escasez de oferta asequible y la presión inversora pueden expulsar progresivamente a trabajadores, jóvenes y familias de los lugares donde desarrollan su vida.
Ese carácter material del derecho a la vivienda explica el énfasis del presidente en el artículo 47 de la Constitución, que encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
La apuesta por CASA 47
En junio, el Gobierno anunció que estaba preparada para iniciar la urbanización del Nuevo Barrio Campamento, en Madrid, mientras que en julio autorizó la construcción de 90 viviendas destinadas al alquiler asequible en Loma Colmenar, en Ceuta.
También se han impulsado actuaciones como la de Lekunberri, en Navarra, donde 34 viviendas rehabilitadas se incorporarán al alquiler asequible con rentas de entre 417 y 519 euros mensuales, según la información difundida por el Ministerio de Vivienda.
“Alquileres realistas para salarios reales”
Los datos disponibles dibujan precisamente un problema de accesibilidad. Un estudio europeo publicado recientemente, basado en más de 22 millones de anuncios inmobiliarios de 31 países, concluye que el salario medio ya no permite adquirir una vivienda estándar de 75 metros cuadrados en buena parte de Europa; en España, Madrid y las zonas costeras aparecen entre los territorios con mayores dificultades.
El fenómeno, por tanto, no es exclusivamente español. Pero que sea internacional no reduce la responsabilidad de las administraciones nacionales, autonómicas y municipales.
La Ley de Vivienda, en el centro de la disputa
Sánchez ha reivindicado asimismo los efectos de la Ley de Vivienda de 2023 y ha recordado que más de nueve millones de personas viven en municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado, según el recuento que maneja el Ejecutivo.
La ley permite declarar estas áreas cuando existen condiciones que dificultan el acceso a una vivienda asequible y establece mecanismos específicos para ellas. Asimismo, el mapa se ha ampliado desde las primeras declaraciones y las resoluciones publicadas por el Estado durante 2026 han incorporado nuevos ámbitos tensionados.
El presidente ha asegurado que la aplicación de estas medidas ha contribuido a reducir los precios de los nuevos contratos en Barcelona un 4,7 %. La cifra forma parte del argumento político con el que el Ejecutivo pretende defender que la regulación no es incompatible con el aumento de la oferta.
La pregunta dirigida a los gobiernos autonómicos
Sánchez ha elevado el conflicto institucional al terreno de la responsabilidad política: “¿Para quién gobiernan aquellos ejecutivos municipales y autonómicos que han decidido no aplicar una ley que claramente puede mejorar la vida de la gente de a pie?”.
La pregunta contiene una crítica directa a las administraciones gobernadas por fuerzas que han rechazado o cuestionado determinados instrumentos de la Ley de Vivienda.
Pero también revela una de las dificultades estructurales de la política residencial española: las competencias están distribuidas entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El Gobierno central puede legislar, financiar y establecer marcos generales; las comunidades tienen competencias decisivas en vivienda y urbanismo; y los municipios controlan buena parte de los instrumentos que determinan el suelo disponible, la planificación urbana y la concesión de licencias.
Por eso Sánchez ha reclamado cooperación entre administraciones. “Todas las administraciones deben cooperar” ha insistido.
La vivienda, en otras palabras, no admite soluciones exclusivamente verticales. Un parque público amplio requiere suelo, financiación, planificación, construcción, gestión y mantenimiento. Y todo ello necesita continuidad política.
Barcelona como laboratorio
Barcelona ocupa un lugar destacado en el discurso gubernamental porque constituye uno de los principales laboratorios españoles de las políticas de regulación del alquiler.
La ciudad fue incluida entre las primeras zonas declaradas tensionadas al amparo de la nueva legislación estatal. Cataluña, además, cuenta con uno de los mapas más extensos de municipios sometidos a este régimen.
El caso barcelonés resume la contradicción esencial del mercado inmobiliario contemporáneo: una ciudad puede generar empleo, atraer población, concentrar universidades, servicios y actividad económica y, simultáneamente, convertirse en un territorio difícilmente habitable para una parte creciente de sus propios trabajadores.
La vivienda se convierte así en el reverso silencioso del éxito urbano. Cuanto más atractiva resulta una ciudad, mayor puede ser la presión sobre un suelo que no puede multiplicarse indefinidamente.
Ocho veces más política de vivienda
Sánchez ha defendido que su Gobierno ha multiplicado por ocho las políticas de vivienda, reivindicando el incremento de recursos y actuaciones durante su mandato.
El Ejecutivo trata así de presentar el cierre de la legislatura como una etapa de transformación de la política residencial: de un modelo centrado durante décadas en la propiedad y en el mercado hacia otro en el que el alquiler asequible y el parque público adquieren una mayor centralidad.
La escala del reto, sin embargo, obliga a medir el éxito no solo por el volumen de inversión comprometida, sino por el número de viviendas efectivamente terminadas, adjudicadas y habitadas a precios sostenibles.
Una política de vivienda se verifica cuando una familia firma un contrato que puede pagar, no cuando una administración anuncia una promoción.
Una política para el último tramo de la legislatura
La intervención de Sánchez llega además en un momento políticamente significativo: el PSOE afronta el cuarto y último curso de esta legislatura y el presidente tiene previsto intervenir ante los diputados y senadores socialistas en la reunión interparlamentaria con la que la formación inaugura el curso político en las Cortes.
La vivienda emerge así como uno de los grandes ejes sociales con los que el Gobierno pretende afrontar la recta final del mandato.
No es una cuestión menor. El acceso a un hogar condiciona la emancipación, la natalidad, la movilidad laboral, la igualdad territorial y la capacidad de las familias para acumular patrimonio. En cierto modo, determina también quién puede permitirse permanecer en una ciudad y quién debe abandonarla.
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