Sánchez afronta el primer 'round' en el Congreso sin mayoría ante un Feijóo muy tocado

Pedro Sánchez afronta este miércoles una de las comparecencias más tensas de la legislatura. Será su regreso al Pleno del Congreso tras la ruptura de Junts con el Gobierno y el anuncio de los posconvergentes de que trabajarán activamente para bloquear la agenda legislativa. El Ejecutivo asume que llega a esta cita con una mayoría absoluta alineada en su contra y con un Partido Popular decidido a convertir la sesión en un juicio político contra el presidente del Gobierno y eclipsar así el momento de mayor debilidad de un Alberto Núñez Feijóo presionado por Vox. 

Sánchez solicitó comparecer para informar sobre varias cuestiones de Estado - las cumbres internacionales recientes, el último Consejo Europeo y la situación de los servicios públicos -, pero el PP ha añadido su propio capítulo al orden del día: un bloque específico para exigir explicaciones sobre los casos que afectan, según ellos, al Gobierno, al PSOE y a la esfera personal del presidente. Los populares quieren que Sánchez rinda cuentas por “la imputación de nuevos delitos” a su esposa, Begoña Gómez; por la investigación abierta sobre Leire Díez, a quien le atribuyen el papel de fontanera de Ferraz; y por el “incumplimiento” de las recomendaciones del GRECO sobre prevención de la corrupción. El mensaje es evidente: llevar el barro a la tribuna y alargar lo que consideran el “momento fiscal” de la legislatura.

El 'nuevo' papel de Junts

La sesión se prevé especialmente bronca. Al choque habitual entre Sánchez, PP y Vox se sumará ahora la beligerancia de Junts, que ya da por finiquitada la legislatura y ha prometido derribar buena parte de las iniciativas del Gobierno. Su negativa a aprobar los Presupuestos de 2026 es solo la primera muestra. La comparecencia del presidente será, por tanto, el primer test de esta nueva geometría parlamentaria marcada por la hostilidad explícita del partido de Puigdemont.

Pero si hay un nombre que el PP y Vox han decidido convertir en diana esta semana es el del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El detonante: un informe de la UCO que menciona mensajes entre Torres y Koldo García, antiguo asesor ministerial, y Víctor de Aldama, considerado el “conseguidor” de la trama investigada por el ‘caso Koldo’. En una conversación, Koldo le dice al ministro “estoy encima de tu pago”, frase suficiente para que los populares hayan construido un relato de supuestas presiones, favores y opacidad durante la contratación de material sanitario en la pandemia.

La secretaria general del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, quiere preguntarle directamente a Torres si considera que debe seguir en su puesto. Eduardo Carazo irá más allá y le exigirá explicaciones por haber “mentido” en su comparecencia ante el Senado, donde aseguró que ni él ni su equipo intervinieron en los contratos bajo sospecha y que nunca se reunió con Aldama. Vox, por su parte, preguntará sin rodeos: “¿Participó usted en la trama?”. El objetivo es evidente: vincular al ministro a la corrupción a pesar de que no está imputado en ninguna causa.

Los populares han registrado además una interpelación sobre “los principios democráticos, éticos y de transparencia” que supuestamente deben regir la acción de Torres, abriendo la puerta a que la semana siguiente se debata una posible reprobación del ministro. Se trata de un paso más en la ofensiva política del PP, que ha decidido centrar su estrategia en el ataque frontal mientras en sus propias filas lidian con casos similares. 

Tensa sesión de control

La jornada incluirá también las preguntas de los líderes de la oposición al presidente. Feijóo quiere saber si “el Ejecutivo tiene menos obligaciones que los ciudadanos”, una fórmula diseñada para prolongar el marco mental de un Gobierno presuntamente opaco. Santiago Abascal, por su parte, insistirá en su discurso económico de brocha gorda: “¿Hasta cuándo va a seguir arruinando a los autónomos y las clases medias para seguir beneficiando a su entorno?”.

La ausencia de varias ministras y ministros obligará a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a asumir buena parte de las respuestas al PP. Montero deberá contestar a preguntas cargadas de insinuaciones, como la de Ester Muñoz: “¿Han actuado siempre dentro del principio de legalidad?”. El secretario general del PP, Miguel Tellado, hará lo propio con el ministro Marlaska, a quien preguntará si considera “normal” lo que ocurre en el Gobierno tras conocerse que Koldo García y Víctor de Aldama declararán como investigados en la Audiencia Nacional a finales de mes.

En este clima de crispación calculada, la comparecencia de Sánchez será mucho más que una rendición de cuentas sobre política exterior o servicios públicos. El PP quiere convertirla en un espectáculo de desgaste, Vox la usará para amplificar su discurso de derribo y Junts hará valer su nueva posición para recordar que la legislatura está bajo mínimos. El presidente llegará al Congreso con una oposición que huele sangre y con unos socios que, por primera vez, ya no están dispuestos a amortiguar los golpes.

La sesión promete ruido, tensión y una escenificación nítida del momento político: un Gobierno que intenta mostrar gestión y una oposición que ha decidido que la palabra “corrupción” siga presidiendo cada intervención. El miércoles, más que un debate, será un escaparate de la batalla por el marco narrativo que definirá los próximos meses.