El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a recurrir a una de las fórmulas más habituales de su discurso político: contraponer la gestión del Gobierno a los ataques de la oposición. En sus recientes mítines, el presidente ha reivindicado los servicios públicos, las políticas sociales y las medidas impulsadas por el Ejecutivo, tratando de escenificar que existe una diferencia sustancial entre el proyecto del PSOE y el de las derechas. No es un planteamiento nuevo, pero sí una estrategia que el presidente lleva tiempo intentando consolidar. La idea consiste en desplazar el debate desde el terreno en el que la oposición busca situarlo, como pueden ser el desgaste personal, los reproches y la descalificación, hacia otro en el que el PSOE está más cómodo para defender sus posiciones. Sanidad, educación, pensiones, empleo y protección social vuelven a ocupar el centro de un relato que pretende presentar al Gobierno como una garantía de estabilidad y derechos frente a una derecha instalada en la crítica permanente, y a través de ese discurso, llamar a la movilización del electorado progresista.
Sánchez busca, así, recuperar una de las principales fortalezas tradicionales del discurso socialista: la correlación del PSOE con el mantenimiento y la ampliación del Estado del bienestar. La defensa de los servicios públicos funciona como un elemento de diferenciación ideológica, pero también como un argumento electoral muy sencillo de trasladar a los mítines y con el que los votantes de izquierdas empatizan de entrada. La contraposición con las posiciones de la derecha tiene, además, una dimensión política. PP y Vox han intentado convertir el 29N en un plebiscito sobre la figura de Sánchez, pero el PSOE pretende que la discusión no se limite únicamente a la valoración pública de su secretario general como dirigente ni a las polémicas que rodean al Gobierno. Los del puño y la rosa también pretenden que los ciudadanos evalúen la parte positiva de la gestión de una legislatura marcada por las dificultades aritméticas en el Parlamento, por los casos de corrupción y, en última instancia, por la dimisión de Óscar Puente tras el accidente de Urda.
La última ofensiva discursiva del presidente ha insistido precisamente en esa idea. En el mitin de Valencia del pasado viernes, Sánchez aprovechó su regreso a la precampaña tras el accidente ferroviario para defender la respuesta del Ejecutivo y reivindicar la dimisión de Óscar Puente como una asunción de responsabilidades políticas. El presidente reprochó a PP y Vox que hubieran criticado al ministro tanto antes como después de su salida del Gobierno, disconformes con cualquiera fuese la decisión que tomase. Y utilizó la tragedia para introducir uno de los argumentos centrales de su campaña: la importancia de contar con unos servicios públicos fuertes y suficientemente financiados.
Sanidad, pensiones, educación, transporte, dependencia...
El mensaje volvió a aparecer el domingo en Bilbao, donde Sánchez alertó sobre el modelo de privatización de las pensiones que atribuye a Vox y defendió la revalorización de las prestaciones conforme al IPC. También se comprometió a seguir aumentando el salario mínimo mientras gobierne el PSOE y reivindicó los avances en sanidad, educación, dependencia y derechos sociales. Este lunes, además, el presidente del Gobierno difundía un vídeo en el que recuerda conquistas históricas como la jornada laboral de ocho horas, las vacaciones remuneradas o el acceso universal a la sanidad, logradas por los movimientos obreros a lo largo de la historia. La intención es clara: presentar los derechos sociales como conquistas que no están garantizadas para siempre e intentar advertir de que pueden retroceder si PP y Vox llegan al Gobierno.
La principal carencia de este relato es que se trata de un discurso bastante conocido. Sánchez lleva años construyendo su confrontación con la derecha sobre la defensa del Estado del bienestar frente a los recortes y las privatizaciones. Es una fórmula que le permite conectar con una identidad histórica del socialismo español y, al mismo tiempo, simplificar el enfrentamiento electoral: de un lado, quienes quieren reforzar los servicios públicos; del otro, quienes, según el relato socialista, pretenden debilitarlos. Esta estrategia, además, tiene otra ventaja: evitar que la campaña quede monopolizada por las polémicas, los enfrentamientos personales o las acusaciones cruzadas. El presidente intenta llevar la discusión a un terreno en el que puede reivindicar medidas concretas de su Gobierno y recordar que la política no se limita a la confrontación parlamentaria. En definitiva, quiere que el electorado valore lo que se ha hecho durante estos años y no únicamente el ruido que rodea a la legislatura.
Limitaciones discursivas
Pero la repetición de esta fórmula discursiva durante tanto tiempo plantea también algunas limitaciones. Reivindicar los servicios públicos es un argumento potente, aunque no necesariamente suficiente para responder a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos. La sanidad pública sigue afrontando problemas de listas de espera, la vivienda continúa siendo una de las principales dificultades para amplias capas de la población y el acceso a determinados servicios sociales dista de estar resuelto. La defensa de lo público necesita acompañarse de una explicación convincente sobre qué falta por hacer y cómo piensa hacerlo el Ejecutivo.
Además, el recurso a los ataques de PP y Vox tiene un rendimiento limitado cuando se convierte en el argumento central de cada intervención. La oposición puede elevar el tono, pero el Gobierno tiene la responsabilidad añadida de explicar sus decisiones, asumir sus errores y rendir cuentas por su gestión. No basta con señalar que la derecha insulta o que sus propuestas son regresivas, sino que también urge demostrar que las políticas propias están dando sus frutos. Y en cuestiones como la vivienda especialmente la sensación ciudadana no es positiva, en tanto que es el primer problema de los españoles desde hace varios CIS.
En el fondo, Sánchez está intentando recuperar la iniciativa mediante una campaña de contraste clásica. Frente al ruido, gestión; frente a los insultos, derechos; frente a la amenaza de los recortes, defensa del Estado del bienestar. Un esquema reconocible que permite al PSOE movilizar a su electorado tradicional y presentar las elecciones como una disyuntiva entre dos modelos de país. La incógnita es si ese mensaje será suficiente para movilizar a quienes se han distanciado del Gobierno o si acabará funcionando, una vez más, como un discurso dirigido fundamentalmente a los ya convencidos.
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