La reciente ratificación del Tribunal Constitucional sobre la legalidad de la Ley de Amnistía ha desatado una nueva polémica en el panorama político español. La vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación del Partido Popular, Esther Muñoz, generó controversia al comparar la amnistía con prácticas como la esclavitud y el canibalismo en una publicación en la red social X. En su mensaje, Muñoz cuestionó: "Pues la esclavitud o el canibalismo no están expresamente prohibidos en la CE, ¿se puede aprobar una ley de esclavitud?".
La respuesta no se hizo esperar. El diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, replicó con un escueto "Artículo 5", acompañado de capturas de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establece la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado. Además, Rufián compartió el artículo 15 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a la vida y prohíbe expresamente la tortura y los tratos inhumanos o degradantes.
El Constitucional ha avalado el grueso de la ley, considerando que no vulnera la Constitución y que se enmarca dentro de la libertad legislativa del Parlamento. Sin embargo, el tribunal ha señalado tres aspectos que requieren correcciones menores: la exclusión de personas contrarias al procés del ámbito de aplicación, la posibilidad de amnistiar delitos futuros y la falta de garantías procesales ante el Tribunal de Cuentas. A pesar de estas observaciones, la ponencia elaborada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, sostiene que la ley no es arbitraria ni infringe principios clave como la legalidad penal o la separación de poderes.
El Partido Popular, por su parte, mantiene su oposición frontal a la ley, calificándola de "inmoralidad profunda" y "corrupción política". El partido ha convocado movilizaciones ciudadanas en protesta por la medida, evidenciando la polarización política que rodea a la amnistía. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha declarado que, independientemente de la decisión del TC, la ley sigue siendo una "indecencia política" y un "pago político por siete votos".
En cuanto al expresidente catalán Carles Puigdemont, su situación legal sigue siendo incierta. Aunque el TC no se ha pronunciado específicamente sobre el delito de malversación que se le imputa, el Tribunal Supremo considera que dicho delito no puede ser amnistiado, lo que complica su posible regreso a España. Puigdemont ha presentado un recurso de amparo ante el Constitucional, pero este primero debe resolver otros veinte recursos pendientes. Aun si el tribunal falla eventualmente a su favor, el Supremo podría recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que prolongaría el proceso.