El pasado 30 de diciembre, el Ministerio de Consumo anunciaba que había realizado un requerimiento a un total de siete plataformas internacionales para que estas retiraran las ofertas de alojamiento vacacional en territorios palestinos ocupados por Israel y que publicitaban en sus portales digitales. Concretamente, la reclamación se realizaba a estas plataformas por operar en España y se centraba en un total de 138 inmuebles que se ofertaban. De esta manera, el ministerio de Pablo Bustinduy comunicaba a estas empresas de intermediación entre caseros e inquilinos que se había detectado contenido ilícito en sus plataformas.
Así, el Ministerio de Consumo les hacía llegar que si no eliminaban en España estos anuncios que habían sido identificados podrían enfrentarse a posteriores actuaciones por parte del Ministerio. Este se trató de un requerimiento que se enmarcó en el Real Decreto-ley por el cual se adoptaban medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. En concreto, esta acción se apoyaba en el artículo 4, en el que se establece que la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita.
Hasta un 80% de esos anuncios habrían sido ya retirados, tal y como ha trasladado Bustinduy en una entrevista concedida a Silvia Intxaurrondo en el programa La Hora de la 1. Concretamente, se ha eliminado la publicidad en España de 108 inmuebles que se ofrecían a turistas, quedando ahora a la espera de que la única plataforma que queda por actuar, de las siete a las que se había enviado el requerimiento, tome medidas.
España no ha sido el único país que se ha rebelado contra esta actividad comercial, sino que, según el ministro de Consumo, esta se trata de una acción que también se ha llevado a cabo en otros países. Así, ha trasladado que, según la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio, titulada 'Consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental', las violaciones cometidas por Israel en el territorio palestino ocupado tienen consecuencias jurídicas para el resto de los estados de la comunidad internacional.
De esta manera, Bustinduy exponía que la Corte concluyó que los Estados tienen la obligación de "tomar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado". "Esto es el derecho internacional, es lo que dice la legislación internacional. Sólo lo estamos aplicando y cumpliendo", ha añadido este lunes, además, durante su intervención en el programa.