Con motivo de los 13 grandes tenedores de vivienda –en alusión a inmobiliarias y fondos de inversión- que tienen en su poder actualmente a más de 100.000 viviendas y en el que el Ministerio de Consumo ha situado en la diana por la prórroga de los alquileres, las reacciones en la escena política no han dejado de sucederse en las últimas horas, siendo la reflexión esgrimida por Gabriel Rufián una de las que más ha calado en redes sociales.
El portavoz parlamentario de ERC en el Congreso de los Diputados ha dado la réplica del día este lunes en X –antigua Twitter-, donde ha extraído una reflexión que no ha dejado indiferentes a los usuarios: “13 tienen 100.000 viviendas. Y para ellos trabajan la derecha española y la derecha catalana. Y todo el mundo sabe a cambio de qué”, ha reprochado.
Sin terminar en este punto, Rufián ha reiterado que “convendría dejar de advertir a esta gente y comenzar a legislar contra esta gente”, ha sentenciado. Unas palabras que han aglutinado en pocas horas más de 10.000 ‘me gusta’ y más de 200.000 visualizaciones.
Consumo sitúa el foco en los grandes tenedores
Los inquilinos de estas más de 100.000 viviendas, en torno a 2,7 millones de personas, podrán verse afectados en sus alquileres si próximamente decae la prórroga extraordinaria de hasta máximo dos años de los contratos que vencerán entre marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, según ha precisado este lunes la Dirección General de Consumo.
En caso de que los inquilinos así lo reclamen a sus caseros en el tiempo estipulado, según se recoge en el Real Decreto Ley 8/2026, los contratos habrán de extenderse al menos por dos años más a través de prórrogas anuales en las mismas condiciones en que fueron firmados en un primer momento. Todo ello pendiente de su próxima convalidación en el Congreso, probablemente a finales de abril, después de haber obtenido luz verde la pasada semana en el Consejo de Ministros.
La norma afecta únicamente a los contratos de alquiler de vivienda habitual o de larga duración, expresamente, a los que se renuevan a los cinco años y, en este caso concreto, a los firmados entre 2021 y 2022. Fuera de la norma estaban los contratos temporales o de habitaciones. Los inquilinos deberán solicitar la prórroga a sus caseros por escrito y a través de un correo electrónico o burofax y, por parte del arrendador, está obligado por ley a cumplir la solicitud.
Con ello, el Ministerio de Consumo conducido por Pablo Bustinduy busca determinar con transparencia las condiciones del real decreto ley de vivienda que está en vigor y que se convalidará en la Cámara Baja en un plazo máximo de 30 días desde su aprobación, lo que se traduce en que “los inquilinos sigan pactando religiosamente sus alquileres todos los meses” y que los inquilinos se queden sin domicilio cuando afronten subidas de hasta el 60% al vencer su contrato de alquiler.