La regularización extraordinaria de personas migrantes en España llega a su primera gran meta con unas cifras que han superado ampliamente las previsiones iniciales del Gobierno. El plazo para presentar solicitudes concluye este martes 30 de junio, después de un proceso que comenzó el pasado 16 de abril y que ha permitido a cientos de miles de personas iniciar los trámites para obtener una autorización de residencia y trabajo.
Según los datos conocidos hasta ahora, las peticiones registradas rondan ya los 1,3 millones, una cifra muy superior a las aproximadamente 500.000 personas que el Ejecutivo calculó en un primer momento que podrían acogerse a esta vía extraordinaria. Tal y como recoge 'El País', e mediados de junio, el sistema ya acumulaba unas 900.000 solicitudes, de las cuales cerca de 360.000 habían sido admitidas a trámite. Ese primer paso permite a los solicitantes residir y trabajar de manera provisional mientras la Administración resuelve su expediente.
La medida, aprobada mediante real decreto, está dirigida a personas extranjeras que ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026, que puedan acreditar una permanencia continuada mínima y que no tengan antecedentes penales. También incluye a solicitantes de protección internacional anteriores a esa fecha. El cierre del plazo no supone, por tanto, el final del proceso, sino el inicio de una nueva etapa: la de la revisión, comprobación y resolución individual de cada expediente.
El verdadero reto empieza ahora
La avalancha de solicitudes coloca ahora el foco sobre las oficinas de Extranjería y sobre la capacidad del Estado para gestionar un volumen administrativo de enorme magnitud. El Gobierno dispone de un plazo de tres meses para resolver cada expediente, aunque algunas autorizaciones definitivas ya han comenzado a concederse. La cuestión clave será si la Administración cuenta con medios suficientes para evitar retrasos que puedan dejar en el limbo a miles de personas durante meses.
Las organizaciones sociales que han acompañado este proceso advierten de que el éxito de la regularización no se medirá únicamente por el número de solicitudes presentadas, sino por la agilidad y las garantías con las que se resuelvan. Colectivos de apoyo a la población migrante, entidades humanitarias y plataformas ciudadanas llevan años reclamando una respuesta estable a una realidad que consideran estructural: la existencia de miles de trabajadores y trabajadoras que viven en España, participan en su economía y sostienen sectores esenciales, pero lo hacen sin papeles y, en muchos casos, sin derechos laborales efectivos.
La regularización tiene también una lectura económica evidente. Muchas de las personas que han solicitado acogerse al proceso ya trabajaban en sectores como los cuidados, el empleo doméstico, la hostelería, la agricultura, la construcción o el reparto. La diferencia es que, si sus expedientes son aprobados, podrán hacerlo con contrato, cotizaciones y mayor protección jurídica. Para el Estado, esto puede traducirse en un aumento de ingresos para la Seguridad Social y en una reducción de la economía sumergida.
El volumen de solicitudes revela, además, una realidad incómoda para quienes han negado durante años la dimensión de la irregularidad administrativa en España. Buena parte de estas personas no acaban de llegar: ya vivían aquí, ya trabajaban aquí y ya formaban parte del tejido social del país. La regularización no crea esa realidad, sino que la reconoce. Y al reconocerla, abre la puerta a que miles de familias salgan de la precariedad y puedan construir un proyecto vital con mayor estabilidad.
La medida también ha generado críticas desde la derecha y la extrema derecha, que han insistido en el supuesto “efecto llamada”. Sin embargo, el diseño del procedimiento limita el acceso a quienes ya estaban en España antes de una fecha concreta, precisamente para evitar que se convierta en una vía abierta e indefinida. Frente a ese discurso, las entidades sociales defienden que regularizar no significa premiar la irregularidad, sino ordenar una situación que ya existe y que, sin respuesta administrativa, alimenta abusos laborales, exclusión social y vulnerabilidad.
A partir de ahora, la atención se centrará en la tramitación. La Administración deberá comprobar documentación, acreditar permanencias, revisar antecedentes, requerir posibles subsanaciones y dictar resoluciones. No todas las solicitudes serán aprobadas, pero el volumen registrado confirma que la demanda era muy superior a la prevista.
España encara así una de las mayores operaciones de regularización de su historia reciente. Para el Gobierno, el desafío será demostrar que puede gestionar con eficacia una medida de gran impacto social. Para más de un millón de solicitantes, el resultado será mucho más que un trámite: puede marcar la diferencia entre seguir atrapados en la economía informal o acceder, por fin, a una vida con derechos reconocidos, empleo regular y plena integración en la sociedad española.
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