La reforma "histórica" de la ley de dependencia y discapacidad entra en vigor este viernes: más derechos y menos burocracia

Una de las iniciativas estrella de la cartera ministerial de Pablo Bustinduy en el Gobierno central entra en vigor este viernes. La reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad busca consolidarse como un hito “histórico” que brindará más derechos a la ciudadanía y menos trámites burocráticos. 

La iniciativa partió del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y que recibió la luz verde del Congreso de los Diputados el pasado 16 de septiembre, sobre la cual vendrá la modificación del actual Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), respondiendo a su vez al mandato del nuevo artículo 49 de la Constitución, situando así la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal como pilares de los derechos de las personas con discapacidad.

“La mayor reforma social en décadas”, siguiendo las palabras del propio ministro, eliminará en su aplicación las incompatibilidades entre prestaciones y servicios de dependencia; permite el reconocimiento automático de la discapacidad a partir del grado de dependencia; incorpora la figura del asistente personal y amplía la figura de atención más allá de la familia directa, permitiendo que vecinos o amigos sean reconocidos oficialmente como cuidadores.

A su vez, incluye la teleasistencia como derecho subjetivo de personas dependientes, además de reducir el plazo máximo para resolver el procedimiento de reconocer esta situación a tres meses -teniendo en cuenta que actualmente está en seis-. También modifica la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las comunidades de vecinos a solicitar las ayudas para obras de accesibilidad y prohíbe subir el precio de los seguros a personas con discapacidad.

Blinda por ley la financiación estatal del SAAD, precisando que el Estado asuma el 50% de su financiación y va acompañada de una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027. En este sentido, Bustinduy precisó la pasada semana que los gobiernos territoriales han recibido un total de 739 millones de euros adicionales entre julio y septiembre de este año para esta materia. 

Nuevo baremo de valoración de dependencia y buscar eliminar las listas de espera

Sin embargo, pese a su entrada en vigor, quedan otros asuntos pendientes de desarrollo reglamentario. En este caso, destaca el hecho de que el Gobierno central, con previo acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el plazo máximo de un año la aplicación de la normativa, deberá aprobar un nuevo baremo de valoración de la situación de dependencia.

Asimismo, el Ejecutivo central deberá aprobar, también con un plazo de un año, un texto refundido de la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley 15/1995 sobre los límites del dominio de inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a personas con discapacidad. Además, de la norma se desprende que el mando en La Moncloa, independientemente si se produce un cambio tras las elecciones generales del 29 de noviembre, deberá remitir en un año un proyecto de Ley para el reconocimiento, la reparación y la indemnización a las víctimas de esterilización forzada o no consentida incapacitadas judicialmente por razón de discapacidad.

En todo caso, el grueso de las disposiciones contempladas en la ley requerirá la intervención directa y el desarrollo normativo por parte de las comunidades autónomas para su puesta en marcha.

Otro de los problemas a abordar aún no resueltos es la eliminación plena de las listas de espera en el sistema de dependencia nacional. Y es que basándose en los datos de Derechos Sociales, son 236.736 las personas que se encuentran actualmente a la espera de la dependencia, de estas mismas, cabe destacar que son 134.734 las que llevan más de seis meses esperando, cuando éste es el plazo máximo legal permitido. La meta es exigir a las comunidades autónomas que las listas queden reducidas a cero en 2028. 

Meses atrás, Bustinduy celebró las aprobaciones parlamentarias de la reforma, especialmente cuando se convalidó en el Congreso de los Diputados el 16 de septiembre, aplaudiendo que “nunca antes en la política social española se habían movilizado tantos recursos” como los que ahora integran esta modificación, debido a que “más de cuatro millones de compatriotas con discapacidad, para 1,7 millones de personas atendidas hoy en el sistema de la dependencia, para medio millón de trabajadoras en el sector de los cuidados de larga duración” es todo “un logro”.