La reforma constitucional para blindar el aborto se acelera y verá la luz pronto

Tan solo han trascurrido diez días desde que el Gobierno anunció su intención de blindar el derecho al aborto en la Constitución Española y los trámites están avanzando rápidamente. Los servicios jurídicos de la coalición, encabezados por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y nutridos por constitucionalistas de prestigio, ultiman los detalles del texto, que podría ver la luz en las próximas semanas. No obstante, que viese la luz este martes, en el seno del Consejo de Ministros, parece demasiado precipitado.

Esta reforma de la Carta Magna llega después del ataque frontal lanzado por el Partido Popular (PP) y Vox en el Ayuntamiento de Madrid contra la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Como en anteriores ocasiones, la extrema derecha ha impulsado una medida para coaccionar y perseguir a las mujeres que quieran ejercer su derecho. La diferencia, en esta ocasión, es que la formación capitaneada por José Luis Martínez-Almeida en la capital ha comprado el planteamiento de sus compañeros de viaje, aceptando sus premisas basadas en un síndrome inventado y denunciado por la comunidad científica.

La respuesta del Ejecutivo fue rápida y su traslación sobre el papel lo será igual. El artículo del texto constitucional que sería reformado es el 43, al que se le añadiría un pequeño acote que debería combatir las prácticas de la derecha involucionista. Actualmente, este articulado recoge en su primer punto que “se reconoce el derecho a la protección de la salud”. “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”, añade el segundo.

El tercero de los puntos sería el objeto de reforma. “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”, recoge actualmente. En este apartado, una vez aprobada la reforma, pasaría a incluirse el mandato que obliga a los poderes públicos en todas sus instancias a velar por el correcto ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Una propuesta que la parte minoritaria del Gobierno, representada por Sumar, ya planteó cuando nuestros vecinos dieron el primer paso.

Por aquel entonces, la iniciativa fue rechazada por la parte mayoritaria del Ejecutivo y por la ministra de Igualdad, Ana Redondo. No obstante, los socialistas han cambiado de opinión después de ver la nueva ola de ataques contra este derecho de las mujeres que ha emprendido Vox y a la que se ha sumado el PP. España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024, si el procedimiento consigue superar el trámite parlamentario.

Si bien el Gobierno no lo tendrá fácil, pues al tratarse de una reforma de la Constitución no es suficiente con reunir más síes que noes en el Congreso de los Diputados. Esta votación requiere tres quintos de la Cámara Baja y parece que los conservadores de Alberto Núñez Feijóo no están por la labor de que el aborto quede blindado en la Carta Magna.

El debate está abierto dentro de Génova, donde existen personalidades favorables a garantizar este derecho y otras como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el pasado jueves mandó a las mujeres “a abortar a otro lado”. Mientras, desde la izquierda se apoyan en el dictado del Tribunal Constitucional, que reconoció este derecho como esencial para las mujeres.

Respuesta frontal del Gobierno

“Consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres” es el principal objetivo del Ejecutivo con este movimiento. “En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas”, trasladaban fuentes de Moncloa una semana atrás.  Además, más allá del blindaje en la Carta Magna, la administración central asegura que “se impedirá que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo reciban información falsa o sin evidencia científica”, tal y como querían las derechas en Madrid.

Esto se realizará a través de la modificación del Real Decreto 825/2010 de salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazado. Asimismo, desde Moncloa se activarán todos los mecanismos legales necesarios para obligar a comunidades rebeldes, como Madrid, a garantizar que toda mujer que lo desee pueda acudir a la sanidad pública para intervenir voluntariamente su embarazo.