El abogado que representaba al pseudosindicato Manos Limpias en la causa contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, dimitía la tarde del pasado lunes al entender que las acciones contra la esposa del presidente habían adquirido tintes mediáticos y políticos que se alejaban de su forma de entender la jurisprudencia.
La persona que representaba al pseudosindicato, Carlos Perales Rey, se dirigió a este mediante un burofax en el que esgrimía vulneración de la ley, concretamente que “la abogacía no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública”. De hecho, el escrito lo envió el pasado mes de septiembre -cuando parece que le ignoraron- y ahora lo acompaña una carta de renuncia fechada a 24 de noviembre.
Perales entiende que lo que empezó siendo “un encargo jurídico de naturaleza estrictamente técnica” ha ido dando lugar a un asunto “cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática”. Con el paso del tiempo, considera el letrado, las “decisiones estratégicas” han dejado de inspirarse en la “lógica procesal” y la “solidez de los argumentos jurídicos”, pasando a responder “en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico”.
En resumen, cree que el planteamiento de Manos Limpias en la causa es político y contrario a la deontología del Colegio de Abogados, y así lo sigue reflejando en la misiva: “(…) El abogado debe ejercer como operador jurídico, no como agente político o portavoz mediático. Mantener la dirección letrada en un escenario en el que los tiempos y los mensajes se diseñan más en clave de repercusión pública que de eficacia procesal, supondría para este despacho quebrantar el mandato profesional asumido y difundir la frontera esencial entre la defensa técnica del Derecho y la instrumentalización política del proceso”.
La denuncia de Manos Limpias
La denuncia interpuesta por Manos Limpias en abril del año pasado sirvió al juez Juan Carlos Peinado para abrir una investigación contra Gómez. A la querella le daban forma en su amplia mayoría recortes de prensa, algunos de ellos directamente mentira, extraídos de medios de comunicación afines a la derecha.
El texto acusaba a Gómez sin una sola prueba que se sostuviera y con bulos de “venir recomendado o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas (prevaleciéndose de su estatus personal)".
El pseudosindicato apuntaba, por ejemplo, al empresario Carlos Barrabés -quien cerró acuerdos con muy distintas administraciones de muy diferente color-, al que atribuía el ingreso de 10 millones en licitaciones públicas “en base a las recomendaciones o avales de la denunciada”.
A continuación, Manos Limpias establecía otro triángulo de corrupción al que daban forma Gómez, el comisionista Víctor de Aldama y la compañía Air Europa. En dicha conexión, que ha caído en agua de borraja, el empresario “ganó 6,67 millones” y se dicta que la aerolínea se comprometió a pagar al Instituto de Empresa donde trabajaba la mujer del responsable del Ejecutivo 40.000 euros al año.
Atribuían a Aldama ser “el contacto de la denuncia de Globalia (grupo que posee Air Europa” y habla de un montante que nunca se atribuyó, si bien las informaciones que citaba el denunciante relacionan la supuesta promesa a Gómez con el hecho de que desde Moncloa se abonaran 475 millones de euros para el rescate de Air Europa. Algo que fue respaldado por la oposición. “Las cartas de recomendación, avales, de la denunciada, dispararon las adjudicaciones a empresarios con los que le unía una relación de amistad”, consideraban.
La denuncia no tenía base alguna, pero fue suficiente para que el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, con Peinado al frente, abriera diligencias por posible tráfico de influencias. Además, el documento llegó después de que la Oficina de Conflictos e Intereses archivara una denuncia del PP contra Sánchez por no dar un paso a un lado en lo referido al rescate de Air Europa, haciendo alusión a los supuestos vínculos con Gómez.
Todo a la vez que la denuncia de Manos Limpias no se mostraba clara con ninguna de las acusaciones. Con la supuesta influencia de Gómez y la presumible carta de recomendación, el pseudosindicato pasó por alto que la misma Unión Temporal de Empresas (UTE) presentó más de 30 cartas parecidas en concursos similares, con compañías privadas y públicas como el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por el ‘popular’ José Luis Martínez-Almeida.