En un ejercicio que roza el esperpento político, los altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy han desfilado por la comisión de investigación sobre la Operación Cataluña en el Congreso repitiendo casi palabra por palabra un argumentario tan pulido como desconectado de los hechos. Las frases “La brigada política no existió”, “La operación catalana de verdad fue la del referéndum ilegal” o “La Operación Cataluña es el invento de un periodista” han sido pronunciadas, con apenas matices, por Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Jorge Fernández Díaz, Cristóbal Montoro y el portavoz del PP en la comisión, Rafael Hernando.
Esta uniformidad en las declaraciones no ha pasado desapercibida para los diputados de los grupos que integran la comisión. Lo que en cualquier otro contexto podría parecer coherencia política, en este caso se ha interpretado como una estrategia de negación sistemática, orquestada para minimizar el escándalo de las cloacas del Estado. Una defensa cerrada que entra en contradicción con documentos judiciales, investigaciones periodísticas y grabaciones que han ido saliendo a la luz durante los últimos años.
Una negación repetida hasta la extenuación
El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, pilar clave en la trama policial que persiguió al independentismo catalán desde los despachos del Ministerio, reiteró en su comparecencia que nunca se reunió con el comisario José Manuel Villarejo. Hace ya tiempo que aseguró que solo lo había saludado “en dos ocasiones”. Sin embargo, una grabación hecha pública por El País revela al exministro diciéndole a Villarejo: “Negaré bajo tortura que esta reunión ha existido”. A pesar de la contundencia de la prueba, Fernández Díaz optó por sembrar dudas sobre la veracidad del audio, y lo atribuyó a “las maravillas de la inteligencia artificial”.
Lejos de asumir responsabilidades o aclarar los hechos, Fernández Díaz se atrincheró en una narrativa conspirativa sin base técnica ni respaldo judicial. Lo hizo incluso sabiendo que tanto él como su ex número dos en Interior, Francisco Martínez, se enfrentarán a un juicio en la Audiencia Nacional por una operación paralela, la llamada Operación Kitchen, con una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía.
Sáenz de Santamaría y el CNI: “Nunca recibí informes”
La exvicepresidenta del Gobierno y responsable política del CNI, Soraya Sáenz de Santamaría, también tiró del guion preestablecido y negó toda implicación en la persecución a líderes independentistas. “Nunca recibí ningún informe del CNI sobre político catalán alguno”, afirmó en sede parlamentaria. Sin embargo, su versión contrasta con lo revelado por el propio Villarejo en sede judicial, quien aseguró que fue ella quien pidió que el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) contra Podemos fuera “descafeinado” para no perjudicar excesivamente a la formación morada.
Su intervención se completó con una defensa firme del artículo 155 aplicado en Cataluña en 2017, pero evitó por completo entrar en el fondo de las actuaciones irregulares que se habrían llevado a cabo desde el Estado para frenar el avance del independentismo mediante métodos extrajudiciales.
Rajoy y su silencio calculado
Por su parte, Mariano Rajoy respondió con la arrogancia habitual ante las preguntas más comprometidas. A la portavoz de Podemos, Ione Belarra, que le preguntó si tomaba por tonta a la ciudadanía al negar la existencia de la Operación Cataluña, Rajoy se limitó a decir: “Con su permiso, no voy a responder a esa pregunta”. Una frase que resume el tono distante y despectivo que mantuvo durante toda su intervención.
Rajoy, que fue presidente del Gobierno durante los años en que la Policía Nacional, bajo la dirección del comisario Eugenio Pino, fabricó pruebas contra políticos catalanes, desvió la atención al referéndum del 1-O, al que calificó como “la única operación catalana real”. En ningún momento asumió responsabilidad alguna ni mostró voluntad de colaborar con la verdad.
El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro también se alineó con la estrategia de negación. “De Operación Cataluña solo conozco una, la de su rescate”, afirmó con ironía, en alusión al Fondo de Liquidez Autonómica que evitó la quiebra de la Generalitat. Montoro responsabilizó al tripartito catalán de la crisis fiscal, eludiendo cualquier valoración sobre el uso de recursos del Estado para perseguir adversarios políticos.
Francisco Martínez: negación con matices
Solo Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, introdujo un matiz en el discurso unificado. Martínez, que está imputado en varias piezas del caso Villarejo, reconoció que “el Estado actúa ante riesgos que comprometen el orden constitucional”, pero negó que existiera una estrategia escrita o formalizada llamada “Operación Cataluña”. Ante una pregunta de la diputada de ERC Pilar Vallugera sobre si existía un “estado profundo” en España, Martínez contestó: “Yo no lo llamaría así, pero los ministros llegan con un tren que está en marcha a la velocidad del AVE y que tiene que seguir haya el ministro que haya. No me consta el 'deep state' pero los Cuerpos, en su parte operativa, tienen que actuar con cierta o mucha autonomía respecto de los responsables políticos en cada momento”.
Sus palabras, lejos de desmentir la existencia de una estructura paralela, confirmaron indirectamente que las dinámicas internas de los cuerpos de seguridad operaban con un alto grado de autonomía —y opacidad— en los años del procés.
Un relato que se resquebraja
Pese al empeño de los comparecientes del Partido Popular por negar cualquier actuación ilegal, los tribunales y los medios de comunicación han ido desmontando pieza a pieza ese relato. La sentencia contra Eugenio Pino, condenado por revelar secretos, el hallazgo de informes policiales falsos, las grabaciones de Villarejo, los seguimientos a políticos y empresarios catalanes y la implicación de medios afines al PP en la difusión de bulos apuntan a una trama perfectamente orquestada.
La Operación Cataluña no ha sido aún objeto de una causa judicial principal, pero ha aparecido en múltiples procedimientos en la Audiencia Nacional, la Audiencia de Madrid, los juzgados de Andorra y Cataluña. Y aunque el Partido Popular insista en negar su existencia, las pruebas que se acumulan la convierten en un ejemplo paradigmático de cómo se utilizó el aparato del Estado para fines partidistas.