A menos de 24 horas de la huelga general convocada para este 11 de noviembre, el alquiler vuelve a situarse en el centro del debate sobre el acceso a la vivienda. Los anuncios de habitaciones y de alquiler de temporada ya superaban a los de las viviendas destinadas a residencia habitual antes de la aprobación del Real Decreto 29/2026, según un informe elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 bajo la coordinación de un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
El informe ha sido elaborado a partir de los 381.997 anuncios publicados en Idealista entre marzo y septiembre de 2026 en las 53 ciudades analizadas. El estudio revela que más de la mitad de los anuncios correspondían a habitaciones o viviendas ofertadas en alquiler de temporada, frente al 44,2% de viviendas completas destinadas a residencia habitual.
El reparto cambia si, en vez de contabilizar los anuncios en el portal Idealista, contabilizamos los inmuebles. En ese caso, el 68,4% de las viviendas se destinaba al alquiler residencial, mientras que el 19,1% se ofrecía por habitaciones y el 12,5% como alquiler temporal.
La distribución de los anuncios de temporada tampoco es uniforme. Madrid aglutina 7.397 publicaciones y Barcelona, 6.708, por lo que ambas ciudades concentran conjuntamente el 45,5% de toda la oferta de este tipo registrada en las capitales analizadas. Entre las dos triplican ampliamente los anuncios de Valencia, ciudad que ocupa el tercer puesto con un total de 2.043 anuncios.
La presencia del alquiler de temporada también es mucho más elevada en las ciudades declaradas como zonas tensionadas, con algunas excepciones. En las nueve capitales pertenecientes a esta categoría, los anuncios de temporada equivalen a una mediana del 31,2% de los anuncios de alquiler residencial, frente al 9,3% de las demás ciudades. San Sebastián encabeza la lista, seguida por Barcelona, Bilbao, A Coruña y Pamplona.
El alquiler de temporada, bajo la lupa de la nueva regulación
Según el informe, el auge de este tipo de contratos podría estar relacionado con el intento de esquivar las restricciones que afectan al alquiler habitual, aunque no siempre es el caso. De hecho, la diferencia entre ambos tipos de alquiler no se encuentra tanto en el precio como en las condiciones que se ofrecen. El metro cuadrado de los pisos de temporada era un 2,2% más caro que el de las viviendas destinadas a residencia habitual, una diferencia que tampoco aumentaba especialmente en las zonas tensionadas.
Hasta la aprobación del nuevo decreto, los alquileres de temporada no tenían que cumplir con los mismos plazos mínimos ni con las prórrogas obligatorias que protegen a quienes alquilan una vivienda de forma habitual. Tampoco estaban sujetos —salvo en Cataluña— a los límites de precios establecidos en las zonas tensionadas desde el pasado enero.
El decreto, en vigor desde el 8 de octubre y todavía pendiente de convalidación parlamentaria, busca cerrar esta vía al exigir que se justifique el motivo de los contratos temporales, limitar su duración y evitar que se encadenen de forma injustificada. Además, extiende a estos alquileres algunas de las garantías y restricciones que ya se aplican al residencial. Su continuidad dependerá de la convalidación del Congreso.
El informe advierte de que el efecto de estos cambios dependerá de que la reforma se mantenga y de que las administraciones puedan vigilar que los contratos se ajusten al uso real de las viviendas. Los datos, recogidos durante seis meses, ofrecen una imagen del mercado previo a la nueva regulación y servirán como referencia para comprobar la eficacia del nuevo decreto.
Este diagnóstico se publica a las puertas de la huelga general convocada para el miércoles 11 de noviembre por diversas organizaciones sindicales, entre ellas CCOO, UGT, CGT y CNT. La movilización reclama medidas frente a las dificultades de acceso a la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento del coste de vida, especialmente para la clase trabajadora.
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