El Partido Popular ha llevado al Congreso su receta para afrontar la crisis de Ceuta y lo ha hecho por partida doble. El Grupo Parlamentario Popular registró este lunes, 17 de agosto, dos proposiciones no de ley prácticamente idénticas, una destinada a la Comisión de Interior y otra a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Más allá del órgano al que se dirigen y del número de registro, el contenido es el mismo: una extensa exposición de motivos y 11 medidas con las que los populares reclaman al Gobierno más policías y guardias civiles, presencia de las Fuerzas Armadas, devoluciones a Marruecos, cambios en la Ley de Extranjería y el despliegue de Frontex.
La elección de las dos comisiones tampoco resulta políticamente neutra. Desde las primeras páginas, el PP intenta desplazar el debate desde la gestión de una emergencia migratoria y humanitaria hacia el terreno de la soberanía, la integridad territorial y la Seguridad Nacional. La iniciativa afirma que los acontecimientos del 30 y 31 de julio fueron una “violación” y un “ataque a la integridad territorial de España” y sostiene que los ceutíes tienen derecho a “vivir sin miedo”.
La dimensión de la crisis, en cualquier caso, es indiscutible. Más de 70.000 personas cruzaron irregularmente la frontera a finales de julio, una cifra que distintas informaciones sitúan incluso cerca de las 80.000. Reuters ha confirmado además 94 fallecimientos y personas todavía desaparecidas, mientras que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, llegó a situar el balance en torno al centenar.
Tampoco puede minimizarse la situación que sigue viviendo la ciudad. Miles de personas permanecen todavía en Ceuta, aunque las estimaciones han variado considerablemente durante las últimas semanas. El propio PP habla en su proposición de unas 10.000, atribuyendo el dato a Vivas. Informaciones publicadas en los últimos días sitúan el número actual en torno a 5.000, mientras otras estimaciones han llegado a hablar de unos 8.000. La presión sobre los servicios públicos y la existencia de personas durmiendo en condiciones precarias continúan siendo una realidad.
De la emergencia migratoria a una amenaza a la soberanía
Sobre esa crisis real, el PP construye un diagnóstico inequívocamente político. Para los populares, lo sucedido dejó de ser una cuestión migratoria desde el instante en que decenas de miles de personas atravesaron simultáneamente la frontera. La formación sostiene que desde ese momento pasó a ser una “cuestión de Seguridad Nacional”, directamente relacionada con la defensa de la soberanía y la integridad territorial española.
Ese planteamiento recorre los once puntos de la iniciativa. El primero exige reconocer formalmente la crisis como un problema de Seguridad Nacional; el segundo plantea activar los mecanismos previstos en la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional; y el tercero reclama un “Plan estatal para la recuperación completa de la normalidad” bajo mando único.
El despliegue solicitado es amplio. El PP reclama reforzar tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como a las Fuerzas Armadas, enviar al menos 50 funcionarios de Policía Nacional especializados en extranjería, más agentes de la UCRIF, miembros de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y guardias civiles. El objetivo expresado en la PNL es acelerar los expedientes de expulsión y garantizar el control de la frontera.
Parte de esas demandas entran dentro de las herramientas ordinarias de las que dispone un Estado ante una crisis fronteriza. También la petición de recurrir a Frontex, incluida en el punto nueve, cuenta con cobertura en la legislación europea: los Estados miembros pueden solicitar intervenciones fronterizas rápidas ante situaciones excepcionales que sometan sus fronteras exteriores a una presión especialmente intensa.
El problema aparece cuando el PP acompaña esas medidas de un relato en el que hechos comprobables, hipótesis y valoraciones políticas se presentan prácticamente al mismo nivel.
La PNL, por ejemplo, asegura que existieron posibles advertencias previas de los servicios de inteligencia civiles y militares sobre una entrada masiva desde Marruecos. Pero el propio texto utiliza una formulación condicional y reclama al Gobierno que aclare la “existencia, contenido, destinatarios y tratamiento” de esas supuestas alertas.
Sí constan, en cambio, advertencias previas de sindicatos de trabajadores fronterizos. Reuters ha documentado seis avisos relacionados con el incremento de llegadas por mar y con el riesgo de que la situación pudiera agravarse. Eso permite cuestionar la capacidad de anticipación del Ejecutivo, pero no equivale por sí mismo a demostrar que existieran informes concretos del CNI o de la inteligencia militar con el contenido que sugiere la iniciativa popular.
Una regularización a la que los llegados en julio no podían acogerse
Una de las partes más discutibles del documento aparece cuando el PP conecta la crisis de Ceuta con la política migratoria desarrollada durante los últimos años por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Los populares sostienen que el Ejecutivo ha consolidado la expectativa de que entrar irregularmente en España puede terminar conduciendo a una residencia legal. Y colocan como símbolo de esa política la regularización extraordinaria de 2026, a la que califican como “la máxima expresión de ese modelo”.
En el punto décimo llegan a reclamar que se ponga fin a las políticas que, según el PP, generan “expectativas de regularización” e incentivan crisis de seguridad y soberanía como la de Ceuta.
La relación causal es, sin embargo, mucho menos evidente de lo que presenta el documento. La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno establecía que solo podían acogerse quienes ya se encontraran en España antes del 1 de enero de 2026 y pudieran acreditar al menos cinco meses de permanencia continuada. Los solicitantes debían además cumplir otros requisitos, como carecer de antecedentes penales.
Por tanto, quienes cruzaron la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio de 2026 quedaban fuera de sus requisitos temporales. La regularización que el PP utiliza como ejemplo de supuesto incentivo migratorio no ofrecía una vía de regularización a las personas que acababan de entrar en Ceuta.
Eso no impide al PP defender políticamente que las regularizaciones puedan influir en expectativas futuras o en la percepción de la política migratoria española. Pero una cosa es formular esa hipótesis y otra presentar como consecuencia directa un proceso del que los recién llegados estaban excluidos.
La iniciativa utiliza una técnica parecida al referirse a Europa. Asegura que 22 gobiernos de la UE promovieron una reunión urgente “rechazando de plano la gestión migratoria del Gobierno”. La preocupación europea por Ceuta sí existió y los ministros de Interior celebraron el 4 de agosto una videoconferencia extraordinaria para abordar específicamente la situación. La documentación oficial del Consejo, sin embargo, se limita a señalar que se tratarían los acontecimientos de Ceuta y sus implicaciones; no acredita por sí sola ese supuesto rechazo colectivo y categórico a la política de Sánchez en los términos utilizados por el PP.
“Retornar a todos”: el límite está en la ley
El cuarto punto constituye posiblemente la propuesta más sensible del documento. El PP insta al Ejecutivo a “ejecutar con carácter inmediato el retorno a Marruecos de todas las personas” que entraron irregularmente durante los acontecimientos de finales de julio. Incluye expresamente a los menores extranjeros no acompañados, ya sea para entregarlos a sus familias o a los servicios de protección de sus países de origen.
La propia iniciativa introduce a continuación una cautela fundamental: esas repatriaciones deberán producirse siempre que concurran “las condiciones legales y el interés superior del menor” y respetando los acuerdos internacionales.
No es una precisión menor. El Reglamento de Extranjería vigente establece un procedimiento específico para la repatriación de un menor extranjero no acompañado. La Administración debe valorar individualmente si la reagrupación familiar o la puesta a disposición de los servicios de protección del país de origen satisface efectivamente su interés superior. No existe, por tanto, una devolución colectiva y automática de todos los menores por el mero hecho de haber entrado irregularmente.
Por eso, más que una propuesta directamente ilegal, el planteamiento popular encierra una tensión entre la contundencia de su promesa política —“retorno inmediato de todas las personas”— y los procedimientos y garantías que necesariamente condicionan su aplicación.
Una contradicción similar aparece en el punto ocho. El PP reclama extender el denominado rechazo en frontera a las nuevas modalidades de entrada irregular, incluidas las producidas por vía marítima. Para conseguirlo, reconoce que sería necesario modificar la disposición adicional décima de la Ley Orgánica de Extranjería.
Es decir, no propone simplemente aplicar de inmediato la legislación existente al mar: admite que primero habría que cambiar la norma. Una mayoría parlamentaria puede modificarla, pero cualquier reforma seguiría sometida a las garantías constitucionales, al derecho de asilo, al principio de no devolución y a las obligaciones internacionales asumidas por España.
La radiografía final del documento muestra así un programa más complejo que la mera enumeración de once medidas. Hay propuestas operativas perfectamente reconocibles —más efectivos, mayor cooperación con Marruecos, Frontex o refuerzo de la frontera— junto a medidas de aplicación jurídicamente mucho más condicionada y un marco político que presenta la inmigración como un problema de seguridad, soberanía e integridad territorial.
Y hay también una batalla por el relato. La crisis de Ceuta fue extraordinaria, provocó decenas de miles de entradas irregulares, dejó decenas de muertos y ha sometido a una ciudad de poco más de 80.000 habitantes a una presión excepcional. Pero de esos hechos no se desprenden automáticamente todas las conclusiones que el PP incorpora a sus dos iniciativas. Los once puntos mezclan medidas posibles, reivindicaciones políticas, relaciones causales discutibles y soluciones cuya ejecución encuentra límites bastante más estrechos en la legislación de lo que permite intuir su redacción.
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