La decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar el próximo 9 de junio a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés ha intensificado el choque político y jurídico en torno a una de las investigaciones más sensibles para el Gobierno. El ministro de Transportes, Óscar Puente, elevó este miércoles el tono contra el instructor y cuestionó abiertamente la excepcionalidad de las medidas adoptadas por el magistrado.
“En 20 años de ejercicio de la abogacía, jamás —y subrayo, jamás— se exigió la presencia del encausado en una diligencia como esa, de mero trámite”, escribió Puente en redes sociales. El ministro añadió además que resulta aún más insólito que esa comparecencia se acompañe de la advertencia de ser “conducidos por la fuerza pública” en caso de no acudir voluntariamente.
Las declaraciones del dirigente socialista llegan después de que Peinado acordara convocar a las partes a una audiencia preliminar, trámite previo a la eventual apertura de juicio oral, al considerar concluida la fase de instrucción. El magistrado sostiene en su resolución que ya no existen diligencias pendientes ni pruebas adicionales necesarias para continuar investigando.
El auto judicial rechaza las peticiones formuladas por la Fiscalía, varias acusaciones y las defensas, que habían solicitado frenar el procedimiento al entender que el juez habría omitido trámites procesales previstos en la ley para la validación y solicitud de determinadas pruebas.
Peinado atribuye a los ya denominados “acusados” presuntos delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida, corrupción en los negocios y malversación. El instructor argumenta además que las penas asociadas a estos delitos podrían ser “muy elevadas”, motivo por el cual justifica tanto la obligatoriedad de la comparecencia presencial como la posibilidad de adoptar futuras medidas cautelares.
En el auto, el magistrado desliza incluso la hipótesis de un eventual riesgo de fuga o de sustracción a la acción de la Justicia, anticipando la celebración de una “vistilla” para decidir si procede imponer restricciones cautelares. Diversas voces jurídicas han señalado que el razonamiento empleado recuerda al utilizado recientemente por el Tribunal Supremo en el denominado “caso mascarillas”, que terminó con el ingreso en prisión provisional de José Luis Ábalos y Koldo García.
La contundencia de la resolución contrasta, sin embargo, con el contenido del último informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, remitido esta misma semana al juzgado. El documento concluye que la cátedra codirigida por Gómez en la Universidad Complutense de Madrid fue creada conforme a la normativa universitaria vigente y descarta la existencia de ingresos opacos en las cuentas de la esposa del presidente del Gobierno.
La investigación judicial se inició hace más de dos años a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias, basada parcialmente en recortes de prensa, algunos de ellos posteriormente desacreditados o rectificados. Pese a las conclusiones exculpatorias de la Guardia Civil respecto a la estructura financiera de la cátedra y a la trazabilidad de los fondos, Peinado considera agotada la instrucción y mantiene abierta la vía hacia un posible juicio oral.
En el entorno del Ejecutivo crece la preocupación por lo que consideran una “sobreactuación procesal” del instructor, especialmente tras la decisión de imponer comparecencias personales en una diligencia que distintos juristas califican como eminentemente técnica y de trámite. Las palabras del titular de Transportes y Movilidad Sostenible reflejan así el creciente malestar del Gobierno con una instrucción que, desde hace meses, se ha convertido en uno de los principales focos de confrontación política e institucional de la legislatura.
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