El PSOE volverá a votar en contra de crear en el Congreso una comisión de investigación por el uso de las tarjetas black por parte de Juan Carlos I. Tal y como informa la Cadena Ser, la propuesta de Unidas Podemos, que lleva también la firma de ERC, Bildu, Más País, Compromis, CUP y BNG, decaerá este miércoles en la Mesa de la Cámara, donde los socialistas volverán a alinearse junto a PP y Vox para impedir que la iniciativa salga adelante.
En las anteriores ocasiones el PSOE había justificado su negativa argumentando que esto era lo que habían defendido los letrados de la Cámara. Sin embargo, estos han admitido por primera vez este martes a trámite la petición de Unidas Podemos, pidiendo que se traslade a la Junta de Portavoces “para su eventual inclusión en el orden del día de una próxima sesión plenaria”.
Un cambio de posturas de los letrados del Congreso que no ha provocado una permuta similar en la posición de los socialistas. En esta ocasión, según informa el citado medio, el PSOE argumenta que no está entre las funciones de la Cámara Baja controlar al jefe de Estado.
Hechos posteriores a la abdicación
El argumento de la inviolabilidad y de que las actividades del jefe del Estado son ajenas al control parlamentario es el que han venido esgrimiendo los servicios jurídicos para mostrarse en contra de la admisión de las comisiones de investigación registradas hasta la fecha relativas al Rey emérito.
Sin embargo, en esta ocasión los letrados no mencionan nada al respecto y se limitan a avalar que se califique la iniciativa y se lleve a la Junta de Portavoces para poner fecha a su discusión en el Pleno. Eso sí, este informe de los letrados, como todos, no es vinculante.
Ya frenaron otra sobre los GAL
No será la primera vez en esta legislatura que el grupo mayoritario actúe en el sentido contrario al marcado por los servicios jurídicos, cuyos informes no son vinculantes.
El pasado mes de junio, por ejemplo, los socialistas votaron en contra de la admisión por la Mesa de una comisión de investigación sobre la relación del expresidente del Gobierno Felipe González con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), pese a que ésta contaba con el aval de los servicios jurídicos.
Fue una iniciativa impulsada por ERC, JxCat, PNV, EH Bildu, la CUP y el BNG tras salir a la luz unos documentos de la agencia de inteligencia estadounidense CIA que vinculaban a González con la creación de este grupo terrorista protagonista de la denominada 'guerra sucia' contra ETA.
En aquel momento, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, admitió que sus representantes en la Mesa vetaron esa iniciativa por una "posición política" y no por motivos reglamentarios.
