En la última semana el Gobierno de Juanfran Pérez Llorca en la Comunidad Valenciana se ha visto señalado por el foco de la Justicia después de que dos acciones judiciales en el mismo día hayan puesto contra las cuerdas la gestión del Gobierno valenciano con Vox, así como por posibles prevaricación administrativa, fraude a la Administración y cohecho.
Este martes 10 de noviembre, en vísperas de la huelga general, el PSPV denunciaba ante la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana al presidente de la Generalitat Valenciana por presuntas irregularidades en dos contratos del Ayuntamiento de Finestrat (Alicante) en la etapa de alcalde de Pérez Llorca. Estas adjudicaciones, según esgrimen los socialistas en la denuncia, se recogen en el dossier interno del PP que contiene, además, hechos que “podrían ser constitutivos de prevaricación administrativa, fraude a la Administración en la contratación pública y cohecho”.
En la denuncia, el PSPV pide a la Fiscalía que investigue la adjudicación de dos contratos del Ayuntamiento de Finestrat entre 2018 y 2023 -cuando Pérez Llorca era alcalde del municipio- por valor de casi 400.000 euros al despacho Estudi General Advocats i Asessor, vinculado al exdiputado del PP en Les Corts y condenado en la trama Gürtel David Serra. El primero de ellos se firmó por 154.880 euros y el segundo, por 232.320 euros.
A raíz de ello, los socialistas valencianos exigen también al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que “tome decisiones, estudie el contenido de la denuncia e investigue todo lo recogido en el dossier que han fabricado dirigentes de dentro del propio Partido Popular para que una persona que presuntamente podría estar inmersa en un caso de corrupción no continúe al frente de la Comunitat Valenciana”.
En estas líneas se expresó el síndic del PSPV José Muñoz quien también asegura que “no es casualidad que la figura de David Serra aparezca de manera reiterada en los casos del PP puesto que fue el abogado personal de la familia de Pérez Llorca, del presidente de la Generalitat, en casos que eran particulares y, después de todo esto, lo que hemos visto a través de la documentación es que pasó a asesorar al ayuntamiento del que Pérez Llorca era alcalde”.
El PSPV-PSOE denuncia a Pérez Llorca ante Fiscalía por las adjudicaciones al abogado condenado por la Gürtel, David Serra, y exige a Feijóo que tome decisiones. Existe una relación sospechosa entre la adjudicación de contratos por valor de 400.000 euros al despacho del condenado David Serra y su relación con la familia de Pérez Llorca https://t.co/d4dEHf1kze
— Jose Muñoz (@JMLladro) November 10, 2026
Una acción judicial que coincide en el tiempo con la decisión de Moncloa de llevar al Tribunal Constitucional la prioridad nacional sellada por el PP de Pérez Llorca y la extrema derecha en la Comunitat Valenciana. También este martes, el Consejo de Ministros aprobaba interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026 por contradecir “condiciones básicas como la igualdad entre personas”.
De esta forma, el Gobierno pretende impugnar 20 artículos de los 200 recogidos en la norma, entre ellos la prioridad nacional en el acceso a la vivienda y las prestaciones sociales. Sobre ello, desde Moncloa apuntan que vulneran el artículo 14 de la Constitución, así como “el mandato de igualdad material efectiva” del artículo 9.2., tanto en relación con los extranjeros como en los nacionales, cuando el arraigo se fija por la comunidad autónoma.
El Gobierno ha puesto pie en pared ante las leyes ultras dictadas por Vox que el PP aprueba de tapadillo en la Comunitat Valenciana. El PP saca adelante unos presupuestos con una ley de acompañamiento con normas que van en contra de los derechos fundamentales. Y este Gobierno se mantendrá siempre firme en contra de estas medidas ultras. @pilarbernabe
— PSOE (@PSOE) November 10, 2026
Además de este principio acuñado por Vox, el Gobierno considera también inconstitucionales aquellos que establecen como prioridad la reagrupación familiar de los menores de edad tutelados, la prohibición del uso del burka o niqab en espacios públicos y algunos que tienen que ver con la igualdad de personas LGTBI en el ámbito educativo o con la “protección del derecho a la vida de los no nacidos”.
Sobre ello, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, señaló que el Gobierno “ha puesto pie en pared a esas leyes que el Gobierno del PP aprueba ‘de tapadillo’ con una ley de acompañamiento por la puerta de atrás a petición de Vox”. “El Gobierno de España y de Pedro Sánchez siempre va a estar en contra de esas medidas ultras que el PP aprueba por la puerta de atrás”, afirmó Bernabé, medidas que “van en contra de la igualdad, de los derechos universales de las personas, de los derechos en igualdad y, sobre todo, también de los derechos de las personas que vienen de otros países”.
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