Este mismo lunes el Grupo Socialista en el Congreso ha registrado las enmiendas a la Ley Trans donde pretenden limitar la autodeterminacion de género para los menores de 16 años. Los aplazamientos a la tramitación del articulado no solo han soliviantado a Unidas Podemos, sino que fracturaron al PSOE en dos, dando alas a un acalorado debate que se saldó con la baja de la histórica dirigente y activista Carla Antonelli. Ahora, apenas quedan rescoldos de las llamas. Fuentes de Ferraz dan por superado el incendio orgánico y comentan que tan solo existe un único posicionamiento al respecto: “No hay ninguna diferencia”.
Las heridas han cicatrizado en Ferraz tras varias semanas en estado de nerviosismo ante la tormenta de la Ley Trans. Denuncias ante el Comité de Ética y Garantías, bajas y el establecimiento de dos facciones bien diferenciadas. Un escenario que presuponía un peligro para la tramitación del texto, paralizado de nuevo por los socialistas para la presentación de enmiendas. El temporal ya amainó y dan por superada la guerra abierta sin la necesidad de apertura de ningún expediente disciplinario.
Los socialistas cierran filas por fin en torno a un posicionamiento único. “El PSOE solo tiene una postura en lo que respecta a la Ley Trans”, señalan altos cargos socialistas a ElPlural.com, quienes ahondan en que “no hay ninguna diferencia interna”. Superada la brecha, en Ferraz se centran ahora en “debatir en el legislativo” algunos de los matices que generan alguna que otra duda. Eso sí, insisten en que no afectan “a lo nuclear” del articulado.
Bandera blanca
El vendaval orgánico pasó a mejor vida. La calma se ha instalado provisionalmente en Ferraz tras la presentación de enmiendas al anteproyecto de la Ley Trans, que prevee ser más restrictivo que el texto aprobado en Consejo de Ministros. El cisma entre la facción liderada por la exvicepresidenta Carmen Calvo y las filas comandadas por el secretario LGTBI del partido, Víctor Gutiérrez, se ha saldado sin más consecuencias que el ruido generado y las toneladas de tinta vertidas estos días pasados en los medios de comunicación.
Según ha publicado El País, la comisión de garantía y ética del PSOE ha dado carpetazo al asunto sin necesidad de imponer ninguna sanción disciplinaria. Tampoco cesará a Gutiérrez, como reclamaban las feministas clásicas. El organismo concluyó el jueves que ninguno de los dos frentes lesionó los derechos de los militantes socialistas y enmarcó las discrepancias en el “debate político”. En cualquier caso, recordó que la imposición de expedientes no figura entre sus competencias.
Tensión en la coalición
Entre tanto, las posturas de los dos miembros que conforman el Ejecutivo chocan frontalmente. En Unidas Podemos esperan que el texto vea la luz antes de final de año, al igual que ocurre con la Ley de Vivienda. De hecho, aseguran que existe el “compromiso firme” del Ejecutivo para una “tramitación parlamentaria ágil”. No obstante, las ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas han inervado a los colectivos LGTBI y a la formación morada.
El partido morado advirtió la semana pasada de las consecuencias que podía arrojar el último -según apunta- retraso en la presentación de enmiendas. Unidas Podemos subraya el sufrimiento que provoca al colectivo trans, que ya de por sí sufre una “tremenda” discriminación, agravada por la postergación socialista. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ofreció un calendario legislativo, en el que se ponía punto y final a la etapa de enmiendas este próximo 2 de noviembre. De esta manera, se pasaría al estadio final en las posteriores semanas, hasta llegar al 18 del mismo mes, cuando se debatiría la ley en ponencia.
Mientras en Ferraz justifican que estos retrasos responden a un blindaje especial del articulado frente a posibles represalias jurídicas de la derecha, los colectivos trans muestran su descontento con una ley que entienden “insuficiente”. El PSOE, entre tanto que al Poder Legislativo “no se le pueden marcar los tiempos”.
Lo que sí aseguran desde el PSOE, según fuentes consultadas por ElPlural.com, es que es posible llegar a final de año con el texto aprobado. A pesar de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE), coparán la actividad parlamentaria hasta el 24 de noviembre, en el Grupo Socialista sostienen que es “técnicamente” posible cumplir con los compromisos adquiridos.