El PSOE buscará que el PP se retrate con una votación sobre los ataques de la 'facha borroka' a sus sedes

Desde que comenzó la legislatura, al abrigo de un pacto entre el Partido Socialista y Junts – entre otras fuerzas políticas – para la investidura de Pedro Sánchez que incluía la amnistía a los presos del procés separatista, la ultraderecha inició una ofensiva contra multitud de sedes del PSOE. Ataques que no han encontrado una condena rotunda en el margen derecho del espectro político español. El Partido Popular se ha mostrado titubeante cuando se le ha preguntado sobre ello y ni tan siquiera han emitido una reprobación por tenue que fuera al respecto. Algo que desde Ferraz quieren forzar y, para ello, se valen del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, que ha registrado una moción para que los conservadores en la Cámara Alta se retraten y se posicionen – o no – contra los “ataques” a las sedes de los partidos, en particular a las casas del pueblo socialistas, así como condenar “el acoso físico, virtual y las agresiones físicas” a cargos políticos de cualquier color.

La iniciativa, registrada por el grupo encabezado por Juan Espadas, se debatirá en la sesión ordinaria del Pleno del próximo miércoles y denuncia que estas acciones conforman una “campaña orquestada” para violar la “convivencia democrática”. Los socialistas difundieron un informe el pasado mes de agosto en el que se detallaba que, desde noviembre del año 2023 – coincidiendo con la investidura de Pedro Sánchez y las protestas contra la amnistía frente a la sede de Ferraz – han sufrido más de 180 “ataques” a edificios vinculados a la formación. Un hecho que, según entienden en el PSOE, achacaron al “clima de crispación” que atribuyen al Partido Popular y a Vox.

De ahí surge una iniciativa mediante la cual el PSOE invita al resto de grupos parlamentarios a rechazar las agresiones a los periodistas, miembros de ONG, sindicatos, plataformas ciudadanas y contra cualquier ciudadano que, “de manera libre y democrática”, quiera participar en los debates públicos. Así,  conmina a los partidos a evitar mensajes que “promuevan el odio” hacia los adversarios políticos y hace un llamamiento a “trabajar a todas las fuerzas” para expulsar del debate público “el insulto y el odio” en aras de reforzar “los valores democráticos”. En este sentido, también se exhorta al Ejecutivo a “seguir trabajando en la defensa del pluralismo político como valor superior” de la democracia y de “la participación en libertad de la ciudadanía” en la vida pública, además de – insisten – erradicar los discursos de odio.

El foco, en la ofensiva contra el PSOE

En la exposición de motivos de la moción, los socialistas esgrimen que esos comportamientos “se focalizan” en su propia formación y se personalizan en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reflejando que estos corpúsculos ultraderechistas “no asumen el resultado electoral del 23 de julio”. El Grupo Parlamentario subraya que este es el resultado del día a día de la vida pública en España, precisando que la “violencia” se escucha desde las tribunas de todas las cámaras parlamentarias del país, las comparecencias públicas y, por supuesto, las redes sociales; un espacio en el que, inciden, se recoge un “acoso escalofriante, especialmente cuando se dirige a mujeres”, con mensajes del todo “guerracivilistas” y revestidos de un trasfondo “agresivo, violento” y en ocasiones “hasta bélico”.

Exponen que “la violencia verbal es el paso previo para que se produzca violencia física”, insistiendo en que se ha hostigado a dirigentes políticos o bien en las redes o bien en la calle; así como “cientos de sedes del PSOE” que han sido ultrajadas. Incluso apuntan a que en algún caso, con riesgo elevado para “la integridad física de sus militantes”. Mención aparte, continúan, para las “agresiones físicas a algún dirigente de esa organización”. Por ello, en último término, señalan a toda la red de agitadores de la ultraderecha disfrazados de periodistas que, bajo su punto de vista, practican ese “hostigamiento” desde “pseudomedios financiados con dinero público mediante publicidad institucional por algunas administraciones”. De este modo, resaltan, son capaces de “reventar ruedas de prensa en el Parlamento o no respetar la mínima intimidad de cualquier persona”.