El PSOE insiste en tener gestos con Junts per Catalunya para incentivar el acercamiento con la formación independentista, pese a que los de Carles Puigdemont no parecen por la labor de reconstruir los puentes destruidos meses atrás. Este jueves, los socialistas certificarán su apoyo en el Congreso de los Diputados, unidos a todas las derechas del arco parlamentario, a la reforma penal para endurecer las penas por multirreincidencia, contrariamente al sentir de sus socios habituales de izquierdas (Sumar, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís).

La reforma cuenta, en esencia, con un marcado carácter catalán. El texto llega de la mano de Junts, presionado a su vez por el efecto de Aliança Catalana; con el apoyo de múltiples alcaldes socialistas de Cataluña y del propio Govern de Salvador Illa. Es más, pese a reconocer el evidente “tufillo racista”, Esquerra Republicana (ERC) se ha abstenido en las diferentes votaciones por las que ha pasado la norma. Su aceptación es muy distinta en el resto de territorios y generará nuevas fricciones con los socios de izquierdas del Ejecutivo.

La votación definitiva se producirá este jueves en la Cámara Baja, después de que el Partido Popular (PP) haya introducido diferentes enmiendas en el Senado, donde cuenta con una amplia mayoría absoluta. La norma, que apuesta por castigar severamente los hurtos reiterados, ha sumado modificaciones como la impulsada por Vox, que insta a que los delincuentes condenados en España sean expulsados a su país de origen y cumplan allí las penas dictadas. Además, los de Alberto Núéz Feijóo han introducido obstáculos para la regularización de migrantes anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La última palabra sobre las modificaciones incluidas en la Cámara Alta la tendrá el pleno del Congreso, pero todo apunta a que Junts podría dar visto bueno a las enmiendas del PP, sumando los votos suficientes. Sea como fuere, el texto definitivo entrará en vigor el viernes y supondrá un nuevo terremoto en el seno del Ejecutivo de coalición, todavía tocado por la pelea protagonizada el pasado viernes a cuenta del decreto para responder a las consecuencias del ataque a Irán y la no inclusión de medida de vivienda, finalmente relegadas a otro decreto.

El otro texto, que incluye la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que finalicen en 2026 y 2027, lo que beneficiaría a 2,7 millones de personas, y limita la actualización de la renta no cuenta con los apoyos. Los socialistas son conscientes de ello, por eso apostaron por desvincularlos del conjunto del escudo antiinflacionario, y desde Sumar transigieron, aunque son conscientes de que Junts no dará su brazo a torcer en este ámbito, naciendo prácticamente muerto el paquete de medidas para combatir la crisis habitacional.

Junts no da su brazo a torcer

La derecha independentista catalana ya ha confirmado que votará en contra de las medidas de vivienda, que morirán en la orilla. Jordi Turull , número dos de Junts, ha avanzado el rechazo de su grupo en el Congreso a un escudo social que ha descrito como “privatizado”, al entender que su coste “descansa sobre las clases medias y trabajadoras y los pequeños propietarios”. Turull va más allá y acusa al Gobierno central de confeccionar un plan anticrisis que se resume en un “invito yo y pagas tú”.

A ojos de los neoconvergentes, el escudo social en clave de vivienda es un ejercicio de “puro postureo”. “Lo aprueban sabiendo que el Congreso de los Diputados después no lo validará, pero ya tienen el titular informativo”, atacaba Turull el pasado viernes, cuando nació el decreto. Las críticas de la mano derecha de Puigdemont, sin embargo, también han abarcado las líneas sociales del Gobierno de coalición, catalogando sus políticas en la materia como un “invito yo y pagas tú”. De ahí, justificaba aunque sin concretar el sentid de la afirmación, que la posición del grupo soberanista sea una negativa.

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