El conflicto de Marruecos con el Sáhara Occidental ha sido uno de los lunares del Ejecutivo de coalición durante esta legislatura. Tras más de cuatro décadas de inmovilismo, España dio un volantazo en su posicionamiento sobre esta cuestión, validando la solución de Rabat al conflicto como la “más seria, realista y creíble”. Un golpe de timón que, por supuesto dividió al Gobierno el curso pasado y que ha provocado que incluso la vicepresidenta Segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se desmarque. Al menos así se recoge en el programa piloto de la plataforma, donde se apuesta por fomentar una “presión constructiva” para obligar a Marruecos a negociar una salida pactada al conflicto con el Frente Polisario. No obstante, ha de prevalecer el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
En marzo del pasado año, el jefe del Ejecutivo anunciaba desde Washington un cambio de postura con respecto al conflicto saharaui. 40 años después, España tomaba partido y superaba el estatus de neutralidad. Un melón que hasta la fecha nadie se atrevía a abrir y que le causó Sánchez feroces críticas por parte del socio minoritario de la coalición. Tal fue así, que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, acusó al presidente de “incumplir con el mandato del país” con un giro “incoherente”, al tiempo que afeaba a sus socios no haber consensuado el movimiento con el elenco morado en Moncloa.
Diferencia de pareceres que quedó diluida el pasado mes de abril, cuando Díaz exhibió una sorprendente equidistancia con Rabat tras admitir en su entrevista en Lo de Évole que Marruecos era una “dictadura”. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo salió por la tangente tras un cónclave en la ONU. En rueda de prensa, se interrogó a la líder de Sumar por esta cuestión, pero se limitó a agradecer al país su apoyo a las resoluciones impulsadas por el Gobierno de España en materia de economía social. "Lo que quiero decir justamente porque estoy en la ONU que le quiero dar las gracias a Marruecos porque ha defendido y ha acompañado no solo al Gobierno de España sino al resto de países en el apoyo a esta resolución", aseguró.
“Presión” a Rabat
La equidistancia exhibida por Díaz en aquel 19 de abril queda soterrada bajo el eje programático de Sumar. En el apéndice dedicado a la Política Internacional, los primeros bosquejos de la plataforma de la vicepresidenta segunda evidencian la brecha con Sánchez, más allá de la diplomacia desplegada en Nueva York. Entre los principales ejes geopolíticos, destaca la cuestión saharaui, pese a que tan solo son los primeros pasos de lo que pretende ser un proyecto a diez años.
En cualquier caso, Sumar ya establece en sus primeros esquemas un plan con el país vecino que pasa pro fomentar un frente de “presión constructiva” hacia Marruecos – en colaboración con la comunidad internacional-, que busque una salida pactada al conflicto con el Frente Polisario. No obstante, la resolución final ha de respetar por encima de todas las cosas el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental.
Así queda reflejado en los documentos de los grupos sectoriales de trabajo, recopilados durante estos meses de proceso de escucha. En ellos recoge tambiénel planteamiento de que España debe dar marcha atrás en su apoyo a la inclusión del Sáhara Occidental en los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Marruecos, los cuales se han topado con el Tribunal de Justicia comunitario, que los ha tumbado mediante “repetidas sentencias”.
Por ello, en Sumar apuestan por superar la “visión dicotómica” que encapsula las relaciones de vecindad con Marruecos en un “prisma exclusivo de cooperación o conflicto”, asumiendo la “coexistencia variable pero difícilmente evitable entre ambos”. Como alternativa, la plataforma prima la “diplomacia y el diálogo” en escenarios de tensión bilateral sin rehuir “los principios y objetivos propios”, amén de esquivar una acción política “reactiva”. Este camino transita sobre el reconocimiento y apoyo de “una pluralidad de actores” políticos y sociales marroquíes, incluyendo “grupos opositores” al régimen de Rabat y “activistas proderechos humanos”.
En consecuencia, el documento esquemático que manejan en Sumar dedica un apartado a la migración, abordando el conflicto con espíritu crítico frente a la política de “externalización de fronteras” y el sistema migratorio imperante en la actualidad. Ante estos escenarios, se demanda una movilidad “segura” y sustentada en “derechos”.
La cuestión palestina
Los documentos iniciales de Sumar no solo abordan la cuestión saharaui, sino que también contemplan posicionamientos con respecto al conflicto palestino-israelí. La propuesta de la plataforma pivota sobre la idea de que España, desde el marco de la UE y organismos multilaterales, debe apostar desde la ambición por el cumplimiento del derecho internacional como senda hacia la paz en la región. Un objetivo que se alcanzaría mediante la imposición de medidas efectivas contra las “políticas de discriminación sistemática y para evitar el comercio en territorios ocupados”. Es decir, implementando resoluciones internacionales de la ONU, doctrinas del Tribunal Penal Internacional o los dictámenes del Consejo de Derechos Humanos.
En este sentido, el reconocimiento del Estado palestino y la promoción de “actuaciones contra la ocupación” deberían ir de la mano con declaraciones d los organismos internacionales, amén de las relaciones entre las dos partes.
Revisionismo iberoamericano
En el marco de la geopolítica, las primeras pinceladas programáticas apuntan al establecimiento de unas “relaciones horizontales” entre España e Iberoamérica, tanto en el ámbito económico como en el sociopolítico. Este escenario se alcanzaría, a juzgar por las tesis de Sumar, mediante la promoción de la “evaluación crítica y honesta” del pasado del país en el continente, admitiendo en los tiempos actuales las “consecuencias de la trata, la esclavitud y el colonialismo” en aquellos años.
Un impulso que pretende afianzar una “reconciliación activa” y un marco relacional “de igual a igual con los países y pueblos” vinculados en ese pasado; completado mediante el fomento del diálogo intercultural y un conocimiento profundo de los pueblos indígenas, especialmente en el ámbito de la preservación de los ecosistemas.
Con estas bases, se implementará un apoyo a los procesos de robustecimiento democrático y defensa de los derechos fundamentales en regiones de América Central sometidas a un “proceso de involución democrática” y “severa erosión en términos de seguridad”. Aprovechando el impulso de los gobiernos progresistas en diferentes áreas latinoamericanas, en la España que dibuja Sumar se impulsarían “agendas de trabajo” con ejecutivos de México, Brasil, Chile, Argentina o Colombia.