Privatizar la sanidad puede matar. Es la conclusión que se extrae de un estudio de largo alcance publicado por 'The Lancet', que demuestra cómo la externalización de servicios sanitarios a empresas con ánimo de lucro se asocia con un aumento significativo de la mortalidad por causas tratables. El caso del hospital de Torrejón, en Madrid, donde se presionó a los directivos para rechazar pacientes poco rentables, ilustra con crudeza cómo esa advertencia científica se traduce en prácticas reales.
El estudio, publicado en julio de 2022 por la revista The Lancet Public Health, analizó 173 regiones de Inglaterra durante siete años (2013-2020) y reveló que por cada aumento del 1% en el gasto sanitario derivado a empresas privadas con ánimo de lucro, la mortalidad por causas tratables se incrementaba un 0,38% al año siguiente. En términos absolutos, los autores estiman 557 muertes evitables adicionales acumuladas en esas regiones, asociadas al incremento de la privatización desde la reforma sanitaria de 2012. Estas muertes tratables son las que se podrían prevenir con atención médica oportuna y efectiva, por lo que un alza indica un empeoramiento en la calidad o el acceso a la asistencia sanitaria.
Los autores reconocen que su estudio es observacional y no puede probar causalidad directa al 100%. No obstante, las evidencias apuntan a una relación preocupante. No se halló aumento de la mortalidad preventiva (relacionada con salud pública) en esas regiones, lo que sugiere que el problema se centra específicamente en la calidad de la atención médica.
Se trata de muertes que, con una atención médica adecuada y a tiempo, podrían haberse evitado. Según los autores, la causa principal de esta relación es la lógica empresarial: las compañías privadas tienden a atender solo los casos más rentables, recortan recursos, y remiten los pacientes más complejos al sistema público. En resumen, todo indica que “introducir ánimo de lucro en la provisión sanitaria puede conllevar recortes de costes y peores resultados clínicos”, tal como advierte Benjamin Goodair, autor principal del estudio.
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Priorizar beneficios, relegar pacientes: el caso Torrejón como ejemplo del modelo privatizador
Estas conclusiones cobran especial relevancia en la Comunidad de Madrid, donde el modelo de gestión privada de hospitales públicos es más acusado que en ninguna otra región de España. El Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, de titularidad pública pero gestión privada, ha saltado a la palestra tras la filtración de unos audios donde su directivo expone abiertamente estrategias para priorizar el beneficio económico a costa de la atención sanitaria. En septiembre de este año, Pablo Gallart –CEO del grupo Ribera Salud, empresa concesionaria de este hospital público– comunicó a su equipo una directriz clara: había que “desandar el camino” de la reducción de listas de espera logrado en años anteriores, buscando aumentar los ingresos de la empresa.
Poco después, varios directivos médicos y asistenciales del hospital denunciaron internamente esas órdenes por considerar que vulneraban derechos de los pacientes y fomentaban una “mala praxis” asistencial. La respuesta de la empresa fue fulminante: cuatro directivos fueron despedidos tras elevar sus quejas por el contenido de esas instrucciones, tal y como informa 'El País'.
Según la documentación revelada, Gallart instó a los gerentes a usar “imaginación” para alcanzar un objetivo de EBITDA (beneficio operativo) de 4 a 5 millones de euros, aunque ello implicara revertir mejoras asistenciales previas. Para ello, se favorecía a los pacientes externos a la población asignada al hospital, ya que por ellos la Administración paga de forma adicional. Los enfermos adscritos, menos rentables, eran derivados a otros hospitales públicos para no asumir su coste. La dimisión de Gallart y la apertura de una inspección por parte de la Consejería de Sanidad no han silenciado la indignación de profesionales y sindicatos, que denuncian una vez más los efectos perversos del modelo de concesión sanitaria.
Madrid, epicentro de la privatización sanitaria en España
La Comunidad de Madrid se ha convertido en un epicentro de la privatización sanitaria a nivel nacional. Diversos indicadores muestran que es la región que más ha apostado por la externalización de servicios de salud. Por ejemplo, Madrid destina un 8,5% de su presupuesto público a financiar sanidad, educación y servicios sociales concertados con entidades privadas, más del doble de la media estatal (3,7%).
Según un informe de la Fundación IDIS, el 41,3% del gasto sanitario total en Madrid se canaliza a provisión privada, la proporción más alta de España. Esta preferencia por modelos de gestión externalizada ha sido denunciada por sindicatos y organizaciones profesionales, que advierten de un “desmantelamiento progresivo de la sanidad pública” en favor del sector privado.
Según el estudio de The Lancet, esta apuesta por el sector privado tiene consecuencias medibles. El trasvase de fondos debilita al sistema público, que queda a cargo de los pacientes más costosos pero sin los recursos necesarios para atenderlos adecuadamente. A largo plazo, esto se traduce en más mortalidad por causas tratables: infartos, complicaciones respiratorias, o enfermedades crónicas que podrían haberse controlado con una atención médica suficiente.
El Gobierno regional sostiene que el modelo de colaboración público-privada permite reducir listas de espera y aumentar la eficiencia. Pero tras el caso Torrejón, esa afirmación ha quedado más en entredicho que nunca. La nueva ministra de Sanidad, Mónica García, ha denunciado la existencia de un sistema que prima la rentabilidad frente a la equidad, y ha pedido revisar los modelos de concesión. Por su parte, el presidente Pedro Sánchez ha señalado que “el PP ha convertido la enfermedad en una oportunidad de negocio”.
Fuera de Madrid, otras comunidades también han utilizado fórmulas de colaboración con el sector privado, aunque con menor intensidad. Regiones como la Comunidad Valenciana iniciaron este camino con el modelo Alzira, que posteriormente fue revertido a la gestión directa por la Generalitat. En Cataluña, el sistema concertado ha sido tradicional, pero la presión social ha llevado a fortalecer el papel de lo público en los últimos años.
La salud no es un negocio
El caso de Torrejón ha reavivado el debate político sobre estos modelos. Las reacciones han llegado hasta el Gobierno central. El presidente Pedro Sánchez acusó al Partido Popular de “hacer de la salud un negocio y de la enfermedad una oportunidad para enriquecerse”, afirmando que “eso es en lo que consiste la privatización de la sanidad: más listas de espera, más rentabilidad, más injusticias”.
Por su parte, desde el Ministerio de Sanidad han denunciado el “modelo sanitario del PP” por dejar la sanidad en manos de empresas que seleccionan pacientes priorizando beneficios económicos, acusando a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso de “asfixiar” la sanidad pública regional: “El dinero por encima de las vidas”.
En definitiva, tanto el estudio de The Lancet como el escándalo del Hospital de Torrejón lanzan un mensaje claro. La privatización sanitaria con ánimo de lucro puede tener un coste en vidas. El afán de lucro introduce incentivos que no siempre alinean con el bienestar del paciente, y las consecuencias –listas de espera más largas, dumping de pacientes complejos al sistema público, recortes encubiertos– pueden minar la equidad y eficacia de la atención sanitaria. Los datos y los hechos recientes invitan al menos a repensar el rumbo, poniendo en el centro lo que debería ser irrenunciable: la salud de las personas, por encima de cualquier cálculo empresarial.