"Prioridad Nacional": la mentira peligrosa

Hay expresiones que no nacen para resolver problemas, sino para fabricar enemigos. “Prioridad nacional” es una de ellas. Suena aparentemente razonable, incluso protectora. Pero detrás de esas dos palabras se esconde una idea profundamente injusta: señalar a las personas migrantes como responsables del deterioro de los servicios públicos y convertir la exclusión en propuesta política.

No estamos ante un debate técnico sobre prestaciones sociales. Estamos ante una estrategia política basada en el miedo. Porque cuando se repite que “los de fuera” reciben ayudas antes que “los de aquí”, lo que se busca no es mejorar la vida de nadie. Lo que se pretende es enfrentar a personas trabajadoras entre sí, dividir a quienes comparten los mismos problemas y desviar la atención de las verdaderas causas de la desigualdad.

La realidad, sin embargo, desmonta el relato. El acceso a las prestaciones públicas en España no depende del origen de una persona, sino del cumplimiento de requisitos legales objetivos: residencia, arraigo, cotización o situación de vulnerabilidad acreditada. No existen atajos ni privilegios automáticos para quienes llegan de otros países.

De hecho, los propios datos oficiales desmienten el discurso alarmista. Más del 91 % de quienes perciben pensiones no contributivas tienen nacionalidad española. Y quienes acceden siendo extranjeros deben acreditar años de residencia legal y continuada en nuestro país.

Por tanto, la idea de que existe un trato preferente hacia las personas migrantes no es una opinión: es simplemente falsa. Pero además es una mentira peligrosa.

Peligrosa porque convierte a colectivos vulnerables en chivos expiatorios. Porque alimenta la desconfianza y el resentimiento social. Y porque abre la puerta a normalizar discursos que cuestionan derechos fundamentales en función del lugar de nacimiento.

España conoce muy bien la experiencia de la emigración. Millones de españoles tuvieron que marcharse durante décadas buscando trabajo y dignidad fuera de nuestras fronteras. Allí reclamaron algo elemental: respeto, igualdad de trato y oportunidades. Exactamente lo mismo que hoy buscan quienes llegan a nuestro país.

La grandeza de una democracia no se mide por cómo trata a quienes más tienen, sino por cómo protege a quienes más necesitan apoyo. Y conviene recordar algo esencial: las personas migrantes no son una carga colectiva. Son también trabajadores, cuidadoras, autónomos, agricultores, sanitarios o repartidores que sostienen sectores enteros de nuestra economía, cotizan, pagan impuestos y contribuyen al bienestar común.

El verdadero problema de España no es la inmigración. Son los salarios insuficientes, la dificultad de acceso a la vivienda, la precariedad laboral o el deterioro de servicios públicos que necesitan más inversión y mejores políticas. Buscar culpables fáciles nunca ha solucionado problemas complejos.

Por eso debemos rechazar con firmeza cualquier propuesta que pretenda dividir a la sociedad entre quienes “merecen” derechos y quienes no. Porque los derechos no pueden depender del apellido, del acento o del lugar de nacimiento.

Defender la igualdad no debilita a España. La fortalece. Y frente a quienes intentan levantar muros entre personas humildes, debemos seguir defendiendo convivencia, justicia social y humanidad. Porque ninguna sociedad avanza señalando al diferente. Avanza cuando entiende que la dignidad no tiene nacionalidad.