España

La presión social por la vivienda obliga a Feijóo a pasar de la crítica a las cifras

El líder del PP ha convertido la promesa del millón de viviendas en una de las estrategias centrales de su campaña

El presidente del Partido Popular y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo. EP.
El presidente del Partido Popular y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo. EP.

El primer sábado de campaña ha situado la vivienda en el centro de la estrategia electoral del Partido Popular, al menos de palabra. Alberto Núñez Feijóo, líder del partido y candidato a la presidencia del Gobierno, ha anunciado que, en caso de llegar a La Moncloa, creará una Vicepresidencia dedicada a esta materia (después de haber anunciado que eliminará el Ministerio de Vivienda) y promoverá la construcción de un millón de nuevas viviendas. Tal compromiso supone elevar el problema del acceso a la vivienda a una de las principales prioridades de un hipotético Ejecutivo del PP.

La decisión tiene una lectura política evidente. La vivienda ha dejado de ser una cuestión sectorial para convertirse en uno de los principales problemas de los ciudadanos (el más acuciante según los últimos CIS), especialmente entre los jóvenes, las familias con rentas medias y los trabajadores que viven en las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas. El aumento de los alquileres, la dificultad para acceder a una hipoteca y la escasez de oferta asequible han alimentado el malestar social y han situado el asunto en el centro de las movilizaciones y del debate parlamentario.

De ahí que Feijóo pretenda que el PP ocupe ese espacio con una propuesta de alcance nacional. La creación de una Vicepresidencia específica supone reconocer que el problema requiere una posición de máxima responsabilidad dentro del Gobierno. La referencia a un millón de nuevas viviendas, por su parte y por la de Juan Bravo en el reciente debate a cuatro bandas de laSexta, introduce un objetivo cuantitativo con el que el los populares buscan trasladar la discusión desde el diagnóstico de la crisis hacia los compromisos de actuación, aunque ello se pise con la promesa de la eliminación ministerial.

Incógnitas sin resolver

Sin embargo, la cifra abre tantas preguntas como expectativas. La primera es el calendario. No es lo mismo comprometer la construcción de un millón de viviendas durante una legislatura que plantear un objetivo a más largo plazo. También resulta necesario aclarar cuántas serían viviendas protegidas, qué porcentaje se destinaría al alquiler, qué mecanismos garantizarían que los inmuebles llegaran a los hogares con mayores dificultades de acceso y qué garantizaría que esos inmuebles estén a un precio inferior al de mercado.

El volumen de construcción tampoco depende exclusivamente de una decisión del Gobierno central. La disponibilidad de suelo, la financiación de los proyectos, la capacidad de las empresas constructoras y los procedimientos administrativos son condicionantes que hay que aclarar antes de pasar a la acción, y a todo ello, se suma la distribución de competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que tienen un papel determinante en la planificación urbanística y en la concesión de licencias. La propuesta de Feijóo tendrá que explicar cómo pretende resolver esos obstáculos.

La cuestión del suelo constituye uno de los principales puntos de partida. En numerosas ciudades existe terreno susceptible de desarrollo, pero su transformación en viviendas requiere procesos de planeamiento, urbanización y dotación de infraestructuras. Los plazos administrativos pueden prolongarse durante años y dificultar que la oferta responda a la demanda. La financiación representa otro condicionante, en tanto que la construcción de vivienda asequible necesita recursos públicos, participación privada y fórmulas que permitan mantener precios por debajo de los del mercado libre. También será relevante conocer el modelo de acceso que plantea el partido. En algunas zonas el principal problema es el precio del alquiler; en otras, la falta de oferta; y en determinados municipios, la presión turística o la escasez de viviendas disponibles para residentes. La respuesta que se plantee, sea cual sea, ha de ser multidireccional.

Vicepresidencia específica y escrutinio gubernamental

El anuncio de una Vicepresidencia dedicada a la vivienda por parte de Feijóo busca, precisamente, transmitir una respuesta política de mayor alcance. Pero la posición del líder popular tiene un elemento añadido a tener en cuenta: la gestión de las administraciones gobernadas por su propio partido. El PP dirige varias comunidades autónomas y numerosos ayuntamientos, instituciones que disponen de competencias esenciales en materia de vivienda, suelo y urbanismo. Ello permite examinar qué políticas han desarrollado los gobiernos autonómicos y municipales populares, cuántas viviendas han promovido y qué resultados han obtenido sus programas. La Ley de Vivienda no ha sido aplicada por ninguna de esas administraciones y está en la idiosincrasia de la formación no intervenir el mercado de ninguna manera. Esta dimensión puede convertirse en uno de los puntos más incómodos para Feijóo, ya que el PP necesita demostrar que sus propuestas y promesas tienen correspondencia con las actuaciones de sus responsables autonómicos que ya llevan años en el poder.

La confrontación con el PSOE también tendrá que desplazarse hacia los resultados. Los socialistas defienden las medidas impulsadas por el Gobierno, desde los programas de vivienda pública hasta la regulación del mercado del alquiler, mientras que el PP insiste en que esas actuaciones no han resuelto el problema de acceso. Sea como fuere, el compromiso de construir un millón de viviendas sitúa a Feijóo ante una oportunidad y una exigencia. La oportunidad consiste en convertir la vivienda en uno de los ejes de su alternativa de Gobierno, y la exigencia es demostrar que es factible trazar un plan capaz de transformar el anuncio en suelo disponible, financiación, proyectos aprobados y viviendas efectivamente entregadas.

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