El Partido Popular (PP) quiere retirar el foco político del ámbito social, espacio en el que está sufriendo a raíz de la crisis de cribados del cáncer mama en Andalucía y de la ofensiva madrileña contra el derecho al aborto, y devolverlo a la complicación del Gobierno para reunir mayorías que impulsen importantes proyectos. Esta estrategia ha llevado a los de Alberto Núñez Feijóo a recuperar la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) como muestra de la inestabilidad del Gobierno, utilizando en esta ocasión al Senado.

Los conservadores pretenden utilizar la Cámara Alta, en la que disfrutan de una mayoría aplastante, para exponer la falta de Cuentas y obligar al Ejecutivo a acelerar. De no producirse la presentación del proyecto, el PP abrirá un conflicto entre Senado y Gobierno en el Tribunal Constitucional. Para ello, el próximo miércoles se debatirá en pleno una iniciativa de la oposición para requerir la presentación de PGE, que saldrá adelante con facilidad, y abrirá un plazo de un mes para que la coalición dé el paso definitivo.

La encargada de anunciar este movimiento ha sido Alicia García, portavoz del PP en el Senado, quien ha asegurado que la situación económica es inasumible. "España no puede seguir viviendo en una anomalía democrática permanente. Necesitamos unos Presupuestos urgentes", ha declarado. En consecuencia, en cinco días se detonará un conflicto de atribuciones entre Cámara Alta y Ejecutivo que deberá dilucidar el Alto Tribunal. No obstante, Feijóo tiene muy complicado salirse con la suya, dado que la mayoría progresista impera en el seno del principal órgano garante de la Carta Magna.

Si bien la verdadera intención parece la de devolver el debate a estos ámbitos, considerados por García como “la política útil”. “Sánchez se encuentra en rebeldía constitucional”, alegan desde Génova 13, aludiendo al retraso en los tiempos del Ejecutivo, que sigue sin contar con unas Cuentas actualizadas. “Los Presupuestos no son opcionales, son una obligación constitucional y los derechos están para respetarse”, ahonda la portavoz del PP en el Senado. Una “anomalía”, califica, que también se sufrió durante el último Gobierno de Mariano Rajoy, que aprobó fuera de plazo varios proyectos de PGE.

"La Constitución no puede ser papel mojado. Los derechos están para respetarse", ha resumido García. “Sacaremos a Sánchez de su rebeldía constitucional y devolveremos a los españoles la política útil, centrada en sus problemas, no en los del Gobierno", ha zanjado. Una nueva pugna entre oposición y Gobierno en el Tribunal Constitucional, que se suma a la abierta por el PP por la no tramitación de una treintena de leyes impulsadas por el Senado y a la enmienda sobre subvenciones para las aerolíneas que la Cámara Alta quería incorporar en la ley de navegación aérea. 

“Acabará en nada”

Una vez conocida la nueva maniobra de la oposición, el Ejecutivo no ha tardado en reaccionar. La tranquilidad impera en la coalición, que ha reaccionado quitándole peso al movimiento. “Acabará en nada", como los anteriores, porque "el derecho que aplica el Tribunal Constitucional no acompaña" las peticiones del PP, ha apuntado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, desde el Congreso de los Diputados. Este es el séptimo conflicto institucional impulsado por el PP en el Senado y, por el momento, el Gobierno ha salido indemne.

 No ha salido rentable al PP el uso de este mecanismo, que antes de esta legislatura nunca se había usado, y el ministro ha apuntado en esta dirección, asegurando que el resultado de este nuevo conflicto del Senado contra el Gobierno en el Tribunal Constitucional será como todos los anteriores: "De momento todas las decisiones, todos los conflictos, todos los litigios, los pleitos que intenta iniciar el Senado acaban en nada". Es el resultado "lógico" habida cuenta de que, según ha zanjado Bolaños, "el derecho que aplica el Tribunal Constitucional no acompaña las peticiones que hace el Senado contra el Gobierno".

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