El discurso antipolítico otorga un gran rédito electoral a las formaciones extremistas que acostumbran a utilizarlo y que, aunque sin propuestas de regeneración de calado, aluden a medidas simplistas y señalan como enemigos a los colectivos más vulnerables para captar el malestar de las clases trabajadoras. En España, Vox es el partido que más implementa esta estrategia, aludiendo a las “paguitas”, que ni siquiera se reparten tal y como aseguran, y poniendo en la diana al inmigrante, al que otorgan unos derechos con los que no cuenta. El Partido Popular (PP) se está sumando últimamente a este proceder. Y ninguna de las dos formaciones se aplica el cuento con el que pretende captar voto.
Extrema derecha regada de paguitas
Los de Santiago Abascal buscan que en la ciudadanía cale el mensaje de que todos los políticos, por los menos los que ellos asocian a al sistema, son iguales. Aluden a los coches oficiales, de los cuales ellos disfrutan, y a otros lujos que les imputan. Sin embargo, su principal batalla es contra los más débiles, a los que acusa de saquear las arcas del Estado a través de “paguitas” como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una escasa ayuda que apenas sirve para pagar un tercio de un alquiler en una gran ciudad. Mientras, Vox recibe varios millones de euros públicos cada año.
En 2022, los ultras percibieron casi diez millones de euros (9.881.472) en subvenciones públicas asociadas a su representación, o paguitas para los fachas, siguiendo su terminología; cifra muy similar a los 9.734.661 que recibieron un año antes. Esta cuantía supone el 63,6% de la financiación de Vox; es decir, seis de cada diez euros que acaban en los bolsillos de la extrema derecha los pagamos todos. Y mientras, los de Abascal destinaron cinco millones de euros sus fondos (2,5 millones de euros por curso) a financiar su fundación Disenso, presidida también por Abascal.
Es más, el brazo sociocultural de Vox, con el que difunde discursos racistas, machistas, neoliberales en lo económico y ultracatólicos en social, disfruta de estos 2,5 millones y de subvenciones extra de más de 100.000 euros (77.762 en 2021 y 54.434 en 2022) procedentes del Ministerio de Cultura y Deporte, fuertemente criticado por los ultras por su financiación al arte y el cine. Más allá de estas partidas reveladas por el Tribunal de Cuentas, poco más dinero entra en la fundación, o chiringuito para vagos, utilizando su jerga. Podrían renunciar, tanto Vox como Disenso, a estas subvenciones o donarlas
PP inundado en subvenciones
El Partido Popular tampoco se queda atrás en lo que a subvenciones se refiere, siendo la segunda formación (por detrás del PSOE) que más se embolsa de las arcas públicas (27,76 millones en 2021 y 30,82 millones en 2022). No obstante, ahora reclama un visado por puntos y está cerca de sugerir una yincana si eso le hace frenar la sangría de votos hacia Vox. Todo vale, incluso hacer pasar a uno de los partidos fundadores del sistema de poder español por crítico con las consecuencias de este, comprando las tesis ultraderechistas, para que Alberto Núñez Feijóo duerma en La Moncloa.
Por ese motivo, desde Génova se ha comprado el bulo que los migrantes viven de ayudas, cunado para tener acceso a dichas ayudas es necesario cumplir una gran serie de requisitos (haber trabajado, disponer de la residencia, acogerse a programas sociolaborales, etc.). Para lo que no hace falta cumplir ningún requisito es para liderar la Fundación Concordia y Libertad, ahora renombrada como Reformismo 21, que actualmente se encuentra bajo la presidencia de Pablo Vázquez, diputado del PP.
La fundación adscrita al PP recibió en 2021 105.940 euros del Ministerio de Cultura y Deporte, 655.552 del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 162.956 del Ayuntamiento de Madrid y otros 2.105 de la Comunidad de Madrid, 7.287 de la Junta de Castilla y León, 7.263 euros de la Xunta de Galicia, 23.101 del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA República Dominicana y 48.201 del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA/IDCP. Un total de más de un millón de euros (1.012.408) de dinero público.
Algo parecido sucedió en 2022, y también estaban involucradas comunidades autónomas gestionadas por el PP, cuando se embolsó 963.601 euros: 74.158 euros del Ministerio de Cultura y Deporte, 693.492 del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 95.554 del Ayuntamiento de Madrid, 35.971 del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA República Dominicana y 64.424 del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA/IDCP. Fondos, todos ellos públicos, a los que hay que sumar 70.000 euros (35.000 cada año) euros de la Diputación Foral de Vizcaya para Fundación Popular de Estudios Vascos, también asociada al PP.
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