Las derechas en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular, Vox y Junts, han vuelto a alinearse para sacar adelante, en esta ocasión, una medida que afectaría de lleno al mercado de la vivienda. En base a una proposición de ley presentada por los de Alberto Núñez Feijóo, se incluyen medidas que acelerarían los procesos de desahucios a familias y población vulnerable, al tiempo que tumbarían puntos de la Ley de Vivienda estatal para topar los precios del alquiler. Una propuesta que ha sido apoyada por Vox, Junts y UPN en la Cámara Baja.
En pleno debate sobre cómo solventar la problemática enquistada del acceso a la vivienda en nuestro país, habiéndose aprobado este martes en el Consejo de Ministros el Plan de Vivienda estatal, la propuesta de los populares en el Congreso se vertebra en dejar con menos protección a la ciudadanía con menos recursos en esta materia.
El texto, bautizado como ‘Proposición de ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda’, plantea reducir a 900 euros el umbral de ingresos mensuales por los que un ciudadano es considerado vulnerable y en aras de evitar un desahucio, teniendo en cuenta que la cuantía actual se fija en 1.800 euros.
Sobre esta cuestión, cabe hacer el inciso de que, según reza en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se considera a una familia vulnerable cuando su renta no supera en tres veces el Iprem –índice de referencia para calcular los ingresos que permiten acceder a ayudas públicas-, el cual se sitúa en 600 euros.
Entre otras medidas, incluyen a su vez que se acorte el plazo por el que las Administraciones públicas puedan ofrecer una alternativa a estas familias con menos recursos, pasando de dos a un mes si el propietario de la vivienda es persona física; tres meses en vez de cuatro si se trata de una persona jurídica, como pudiera ser un fondo de inversión.
Al tiempo, también ven favorable suprimir el artículo de la Ley de Arrendamientos Urbanos que permite que los inquilinos puedan prorrogar durante un año su mismo contrato de alquiler al mismo precio y condiciones estipulados si se trata de una empresa y estén en situación de vulnerabilidad.
Posturas de Vox y Junts
En la toma en consideración de la proposición de ley de los de Núñez Feijóo en el Congreso, por un lado, la ultraderecha de Vox ha avalado el texto, pero ha ido incluso más allá. En este sentido, su diputado Ricardo Chamorro ha precisado que ellos defienden “desahucios exprés”, así como el fin “inmediato” de las zonas tensionadas por los precios del alquiler, así como “libertad” para construir vivienda y prioridad “absoluta a los españoles en vivienda protegida”, dejando en un segundo plano a la población migrante en este ámbito.
Por su parte, los neoconvergentes de Carles Puigdemont en la Cámara Baja no han entrado en detalles, centrándose así en defender la conveniencia de iniciar los trámites de esta ley que viene a agilizar el desarrollo de proyectos urbanísticos. Su diputada Marta Madrenas, sin embargo, no ha avanzado el sentido del voto, pero sí ha respaldado la derogación de la ley estatal de vivienda actualmente vigente. Sobre la postura de Junts, ha sido el propio PP el que le ha pedido expresamente su apoyo, el cual ha obtenido y, por ende, se ha tomado en consideración su proposición de ley.