Partido Popular y Vox llevan semanas criminalizando la huelga de este miércoles. Tanto dirigentes populares como de la extrema derecha han criticado de forma especialmente duro el parón de este 11 de noviembre prácticamente desde el momento mismo de la convocatoria y a medida que el día, marcado en rojo en el calendario de los convocantes, se acercaba.
Son varios los ejemplos en esta línea, pero basta destacar un par de ellos o, a lo sumo, tres, para darse cuenta de la estrategia de los de Alberto Núñez Feijóo y de los de Santiago Abascal respecto de la jornada actual.
Como es habitual, una de las dirigentes que más ha elevado el tono contra esta fecha ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que una vez más se ha pronunciado en un tono más contundente que el llevado a cabo por el líder del principal partido de la oposición.
Ayuso: de “corrupción mafiosa” a su petición a Feijóo
La baronesa regional ha hablado varias veces sobre la huelga de este miércoles, pero uno de los mensajes más virulentos llegó el pasado jueves, en el desarrollo de la sesión plenaria de la Asamblea de Madrid. Aquí, la responsable popular en la autonomía madrileña tachó la protesta de “corrupción mafiosa” a manos de los sindicatos a los que la izquierda, dijo, “unta con dinero público”.
Ayuso apuntó desde su escaño que “569 millones de euros han ido a tocateja a la mafia sindical de CCOO, UGT y el resto de partidos políticos afiliados a ustedes” y calificó de “sindicatos políticos” los que promueven y/o secundan el 11-N. A su juicio, éstos “quieren ahora retorcer una huelga mafiosa yendo contra el sentido común y los intereses de todos los españoles”. Con los 218 “millonazos” que recibe UGT “ya pueden hacer unas pancartas así de grandes (…) Un día son para Hamás, luego las enrollan de nuevo para la educación pública, las desenrollan y me las ponen en la Consejería de Sanidad”, relató respecto de las movilizaciones que tanto el sector de la educación como de la sanidad pública mantienen en la Comunidad de Madrid.
Más recientemente, el pasado martes Díaz Ayuso pedía abiertamente desde el espacio de Antena 3 Espejo Público a Feijóo acabar con la “basura sindical” que ha organizado un paro que, a ojos de la presidenta, persigue reducir las opciones de la actual oposición de cara a finales de mes. “Viniendo para aquí he hablado con Feijóo y le he dicho: prométeme que esta basura se acaba”, indicaba, defendiendo que ella defiende que “la labor sindical es un derecho constitucional que no niega, como tampoco la protesta”. “Yo niego y rechazo el abuso, la impunidad y el secuestro”, apuntalaba.
Feijóo: “No existe en otros países de la UE”
El candidato del PP para las elecciones del próximo 29 de noviembre tampoco apoya el parón que comenzó a las 00.00 hora y tendrá lugar hasta la misma hora de esta noche. El gallego ha sido algo más contenido en las formas, pero eso no implica que haya escatimado en los ataques a este día. En este sentido, Feijóo concibe la convocatoria de paro nacional por la vivienda como un “disparate que no existe en ningún país de la Unión Europea”.
El máximo responsable popular ha afeado en los últimos días que la huelga se celebre un día después del funeral de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, una coincidencia cronológica que “prescinde de todos los principios de sensibilidad y de respeto a los ciudadanos del país”, según Feijóo. Concretamente, estas declaraciones se produjeron en una entrevista realizada en Cuatro el pasado lunes.
Abascal: una “huelga política que no debería ser legal”
El martes, el líder de Vox afianzaba su opinión de que la huelga no debería ser “legal” y acusaba a los sindicatos de ser los "enemigos del pueblo” por no haber llamado a una huelga general desde que Pedro Sánchez se sentara en Moncloa. “Me parece un insulto a los españoles”, definió en una conversación con la Cadena Cope.
Como otros políticos, Abascal ha puesto el foco en los dos sindicatos mayoritarios. Para él, CCOO y UGT “actúan únicamente al servicio de Pedro Sánchez” y “aspiran sólo a la subvención pública”. “No están defendiendo a los trabajadores y viene a hacer un servicio contra la oposición después de haber estado callados con el Gobierno”, mantuvo el líder de Vox a pesar de que los convocantes han tratado de dejar claro que no es una huelga contra un partido concreto, sino más bien contra una serie de circunstancias y decisiones que han imposibilitado a muchísima gente el acceso a una vivienda digna, aunque convergen diferentes reivindicaciones. “Es una huelga política y yo creo que, de hecho, es una huelga que no debería ser legal”, refrendaba pese a ello Abascal.
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