Los flecos que quedaban por concretar de la regularización extraordinaria de migrantes aprobada este martes por el Gobierno han quedado perfectamente claros, pero la oposición sigue empeñada en cuestionarlos utilizando bulos. El Partido Popular y Vox insisten en argumentos como que otorgar la ciudadanía a extranjeros que llevan meses viviendo en España altera el censo electoral, o que se van a conceder papeles a personas con antecedentes penales, a pesar de que ninguna de las dos cosas son ciertas.
Ante ellos, el Ejecutivo sigue teniendo que aclarar cuestiones que ya están resueltas en la norma, que se publica este miércoles en el BOE (Boletín Oficial del Estado). Así lo ha hecho la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saíz, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. La portavoz del Ejecutivo ha tenido que volver a abordar la cuestión ante las preguntas del PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en los pasillos de la Cámara Baja que van a obtener el permiso de residencia "inmigrantes que han abusado de una mujer".
El popular confirma así el endurecimiento de su discurso sobre la migración, en pleno idilio autonómico con Vox, que justo un día antes había recuperado varios de los mantras que quedaron desmentidos en enero, cuando el Consejo de Ministros aceleró la regularización. La portavoz de los de Abascal, Pepa Millán, hizo repóquer de bulos en el Congreso: habló de "invasión", de delincuencia, de colapso de los servicios públicos, del censo electoral, y de una imposición "a golpe de decreto".
Feijóo alimenta el bulo de los antecedentes penales
Una de las cuestiones con las que la derecha ha insistido más es en su empeño en vincular inmigración con delincuencia, sosteniendo que los trámites para garantizar que ninguna persona con antecedentes se pueda beneficiar de la regularización no eran suficientes. En ello ha insistido este miércoles Feijóo: "No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país", ha dicho en los pasillos del Congreso. "El Gobierno ha dicho muy claramente que con antecedentes policiales se va a regularizar a ese inmigrante", ha insistido.
Feijóo alimenta así uno de los bulos más recurrentes sobre la regularización, que tal y como está planteada en el texto aprobado este martes exige que la persona solicitante acredite que no tiene antecedentes penales, ni en España ni en su país de origen. Además, la norma añade como requisito imprescindible que el extranjero no debe representar una amenaza para el orden, la seguridad ni la salud públicas, algo que la Administración valorará a partir del informe policial correspondiente.
Feijóo ha criticado también que Elma Saiz no haya respondido a su pregunta sobre "cuántos inmigrantes irregulares van a obtener la residencia legal y, por lo tanto, los derechos en España". La encargada de formularla -porque Feijóo no ha intervenido en la sesión de control- ha sido la diputada Sofía Acedo, que ha reprochado a la ministra que "ni la seguridad ni el bienestar de los españoles es una prioridad para su Gobierno".
Saiz ha respondido recordando que la seguridad se consigue con avances sociales a los que el Partido Popular no ha hecho más que "votar en contra". La titular de Migraciones ha lamentado que "lo que no tiene España es una oposición a la altura". Acedo ha vuelto a insistir en su segundo turno en que "la ministra del ramo no sabe decir a esta Cámara cuántos inmigrantes van a regularizar", a pesar de que el Gobierno ha reiterado varias veces su cálculo -en torno al medio millón-, y ha dicho que "esta operación de regularización es contraria al derecho europeo", cuando la Unión Europea reconoce que cada Estado decide sobre las personas que ya están en su territorio.
Vox insiste en que la regularización altera el censo electoral
Y luego está Vox, que ya anunció que seguirá a Isabel Díaz Ayuso a los tribunales para combatir "en todos los frentes" contra la regularización, en palabras del diputado Carlos Hernández Quero. Los de Abascal anunciaron que van a recurrir la ley ante el Supremo, aunque está por ver si el Alto Tribunal acepta una ofensiva contra una ley basada en unos bulos en los que insistieron este mismo martes. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, utilizó hasta cinco argumentos falsos para criticar al Gobierno en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.
El más recurrente, el de que el PSOE quiere alterar el censo electoral dando papeles a los inmigrantes. Millán dijo que la regularización busca "sustituir al pueblo español", que al Gobierno "ya no le sirve" porque "está votando mal y no le gusta". Pero la realidad es que los migrantes que se obtengan ahora el permiso de residencia no van a poder votar en las próximas elecciones generales, ya que deben esperar cinco años para solicitar el derecho a sufragio, que además solo podrían ejercer en las elecciones municipales del municipio en el que estén empadronados.
Además de vincular una vez más inmigración y delincuencia, la portavoz de Abascal volvió a hablar también de "invasión inmigratoria", avivando la idea de que regularizar fomenta el 'efecto llamada', cuando la norma se dirige a personas que se encontraban en nuestro país antes del 1 de enero de 2026, y puedan acreditar un mínimo de cinco meses de estancia, no para nuevas llegadas.
Millán dijo también que la regularización va a empeorar el "colapso" de los servicios públicos, cuando es imposible que influya en eso de alguna manera porque los extranjeros que se van a regularizar se encuentran ya en España, y ya utilizan, por ejemplo, la sanidad pública. Además, según los indicadores del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia, la población extranjera hace un uso menor de los servicios sanitarios.