Juan Carlos Campo ha anunciado en la sesión de control al Gobierno de este miércoles que “la próxima semana se tramitarán” los indultos a los presos del Procés. El titular de Justicia lo ha notificado en su respuesta a la diputada de JxCat, Laura Borràs. Esta importante noticia no ha caído bien en Génova, desde donde trasladan que son el resultado del “precio que pagará Sánchez por la investidura y por los Presupuestos Generales del Estado (PGE)”.
Fuentes de la dirección nacional del Partido Popular han criticado esta información desvelada por el ministro de Justicia en el pleno de este miércoles. Consideran que, por primera vez, “al Gobierno se le cae la máscara” y aseguran que responde a un “movimiento político”.
Los conservadores argumentan que esta “concesión” al independentismo está vinculada con la “inmediata reforma de los delitos de sedición y rebelión”. Asimismo, mantienen que este movimiento del Ejecutivo forma parte del “precio que debe pagar” Pedro Sánchez por “la investidura y los Presupuestos”.
Desde Génova han advertido de que estarán “vigilantes” ante cualquier acción para defender el Estado de Derecho. Además, los conservadores han asegurado que impulsarán toda clase de iniciativas con el fin de impedir los indultos a los presos del Procés, quienes, según entienden en el PP, “protagonizaron un golpe de Estado”.
El anuncio de Campo
"En cuanto a este Ministerio se refiere (...), también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene", ha dicho Campo en respuesta a preguntas de la diputada de ERC Laura Borràs sobre "la deriva" de la justicia española.
La última petición de indulto para los condenados del procés se presentó el pasado mes de agosto en favor de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, sumándose a las ya presentadas para los doce líderes independentistas condenados por sedición.
El trámite de solicitud de los indultos por particulares puede llevarse a cabo por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre. Las solicitudes deben ser sometidas a informe del tribunal sentenciador, en este caso la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, debiendo ser oído previamente el Ministerio Fiscal.
