La crisis migratoria que sufre Ceuta después de que a finales de julio cerca de 72.000 personas accedieran a la ciudad autónoma en situación irregular sigue copando el debate parlamentario y elevando el tono en la cruzada que las filas del Partido Popular (PP) mantienen contra el Gobierno central.

Con las comparecencias ya fijadas en el Congreso de los Diputados de los ministros Margarita Robles, Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares los días 25, 27 y 28 de agosto respectivamente, desde la principal fuerza de la oposición siguen anclados en la senda de la agitación y el ruido pasando por alto de este modo las medidas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha puesto sobre la mesa para paliar y afrontrar la crisis en Ceuta. Si este sábado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusaba al Gobierno de permitir que España “sea invadida por terroristas”, este lunes el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha avanzado que llevará al Consejo General del Poder Judicial la situación que vive Ceuta.

En un acto institucional este pasado 15 de agosto, la lideresa madrileña volvía al ataque directo al Ejecutivo central sosteniendo que este “ha dejado que seamos invadidos por muchos terroristas que no quiere identificar”. “Por tanto, Sánchez no solo es un irresponsable sino también es un traidor”, espetaba entonces la máxima responsable de Sol. Asimismo, tras puntualizar que España se encuentra desde hace once años en el nivel 4 de alerta terrorista, Ayuso afirmó que “está siendo literalmente invadida por Marruecos”. “Las fronteras de España se protegen. La seguridad de los españoles no se negocia”, añadía en un mensaje compartido en redes.

Sin embargo, estas palabras de la baronesa del PP no han sido las únicas que en los últimos días están agitando el pulso con el Gobierno a razón de la crisis en Ceuta. Sin ir más lejos, este mismo lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional de los populares, Cuca Gamarra, ha reclamado al Gobierno la activación de la Ley de Seguridad Nacional para establecer un "mando único" en Ceuta, a la vez que ha aprovechado las agresiones sexuales notificadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad autónoma para redoblar los ataques al Gobierno.

En rueda de prensa, Gamarra ha tildado de “absoluta irresponsabilidad e indolencia” que “con los datos que se tienen de ataques sexuales a mujeres y a niñas en la ciudad de Ceuta, se esté mirando hacia otro lado por parte del Gobierno de España”. “¿Tanto hablar de feminismo para acabar diciendo que hay seguridad y cuando se tienen encima de las mesas estos datos? [...] Esto es lo que queremos denunciar. Hoy hay inseguridad. Hoy los ceutíes, que son españoles, sienten inseguridad para transitar por sus calles y sus plazas”, ha lanzado la vicesecretaria de Regeneración Institucional.

La crisis de Ceuta, del Congreso…

Al margen de las declaraciones de ambas dirigentes del PP, la crisis de Ceuta agita también el pulso en ambas Cámaras donde la oposición insiste en las comparencias de los ministros y donde este lunes los populares han registrado una Proposición No de Ley (PNL) con 11 puntos para pedir al Ejecutivo un "mando único" en Ceuta, reforzar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, así como para proceder al retorno de todos los que entraron de manera irregular, incluidos los menores.

En una rueda de prensa, Gamarra ha señalado que esta PNL busca una actuación "inmediata y urgente" en Ceuta para conseguir "la vuelta a la normalidad mediante los instrumentos de los que dispone el Estado para proteger la ciudad autónoma, la integridad territorial de España y los derechos y libertades de los ceutíes". De esta forma, entre estas medidas, los populares reclaman que se reconozca la situación que atraviesa Ceuta como una "crisis de seguridad nacional, de soberanía y de integridad territorial" y piden activar la Ley de Seguridad Nacional.

Asimismo, la PNL incluye la puesta en marcha de un Plan Nacional de Normalización y la llegada de 50 nuevos funcionarios destinados a Extranjería, que tendría que proceder "desde todas las comisarías de España si es necesario". Por su parte, Gamarra ha reclamado especialistas de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), así como incrementar los efectivos de las unidades de intervención policial y de la Guardia Civil para luchar contra las mafias de trata de personas.

En cuanto al retorno, la PNL contempla también el “retorno inmediato” de quienes entraron irregularmente y en el caso de los menores Gamarra ha indicado que han sido reclamados por su país de origen, que "no están desamparados" y que existen convenios bilaterales entre España y Marruecos.

Entre otras cosas,  el PP plantea una reforma de la Ley de Extranjería para permitir el rechazo en frontera en las entradas por vía marítima y reclama la intervención europea. Asimismo, Gamarra ha reclamado la "asunción de responsabilidades" porque "se advirtió y no se hizo nada para impedirlo", así como un refuerzo "jurídico y estructural" de la frontera de Ceuta.

Respecto a las “regularizaciones masivas”, la proposición incluye acabar con ellas. Sobre esto, Gamarra ha defendido que España no puede depender "de la voluntad de un tercer país" para proteger su frontera y ha sostenido que "la soberanía y la integridad no se puede subcontratar ni se puede ceder a un tercer país", sino que debe defenderse mediante las propias estructuras del Estado.

Todo ello lo han registrado en el Congreso mientras insisten en las comparecencias de varios ministros en el Senado. Frente a ello, el Gobierno insiste en que será el Congreso la cámara en la que los cuatro ministros de Defensa, Interior, Presidencia y Exteriores den explicaciones sobre la crisis migratoria. Asimismo, desde el Ejecutivo instan al PP a activar el Senado para resolver la renovación pendiente del Tribunal Constitucional en vez de montar "numeritos" tratando de organizar comparecencias "duplicadas". Todo ello después de que el PP haya vuelto a citar esta semana en la Cámara Alta a Albares, Marlaska y Robles, pese a que el Gobierno se remite a las comparecencias comprometidas en el Congreso a final de mes.

…al Poder Judicial

En otro orden de cosas, quien también sigue elevando el tono contra el Gobierno es el presidente de Ceuta, quien este lunes ha avanzado que llevará al Poder Judicial la situación que sufre la ciudad autónoma tras la entrada masiva de unos 70.000 inmigrantes el pasado 30 y 31 de julio. Asimismo, ha añadido que trasladará a los presidentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que "Ceuta está en peligro".

En rueda de prensa desde Ceuta, Vivas ha insistido en que el Gobierno ceutí va a continuar pidiendo al Ejecutivo central que "cumpla con sus obligaciones" y actúe con "firme determinación". "Yo tengo la intención de transmitir la situación simplemente para que la conozcan a la presidenta del Tribunal Supremo y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quieren recibir. Simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro", ha señalado.

Entre otras cosas, Vivas ha defendido que también recurrirán a otras instancias del Estado -como a las Cortes Generales, a las Comunidades Autónomas, o la Federación de Municipios y Provincias, así como a organizaciones empresariales y sindicatos- porque tienen "la obligación de hacerlo". "El Estado tiene tres poderes. Hay un Poder Ejecutivo, que es el Gobierno, que ya sabemos cómo está actuando, hay un Poder Legislativo, que son las Cortes Generales, a las que hay que acudir, y hay un Poder Judicial, que actúa de manera independiente, pero que también es poder del Estado", ha insistido.

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