Ha transcurrido prácticamente un año desde que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictara sentencia sobre José Manuel Baltar, ex presidente de la Diputación de Ourense, por un delito contra la seguridad vial al circular a – como mínimo – 204 kilómetros por hora. Al hoy senador del Partido Popular se le condenó a una multa de 1.800 euros y a la retirada del carnet de conducir durante más de un año. La pena puso fin a un proceso judicial que se dilató en el tiempo. Sin embargo, 365 días después, el Grupo Parlamentario Popular protege a su parlamentario. No sólo no se ha adoptado ninguna medida disciplinaria contra él, sino que además lo mantienen como presidente de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico “sin reproches”, tal y como denuncian desde el Grupo Socialista.
En el PSOE lamentan que la dirección del grupo y del partido ha amparado y apoyado al senador durante todo este año, sin castigos y sin reproches. Un inmovilismo que ha provocado que los socialistas muevan ficha en la Cámara Alta, instando a los conservadores a que expliquen qué iniciativas – si es que existieran – han aplicado a su parlamentario, condenado por conducir a más de 200 kilómetros por hora hace ya un año. En este sentido, desde el grupo que capitanea el exdirigente de los socialistas andaluces, Juan Espadas, insisten en retratar al Partido Popular, denunciando que no ha existido sanción alguna e instan a la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, a retratarse.
El Grupo Socialista señala al PP por ignorar la “gravedad de la condena” del Tribunal Supremo a nada más y nada menos que un senador. En este sentido, recuerdan que los hechos que propiciaron la sentencia de la Sala de lo Penal no constituyen una “infracción menor”, sino que responden a una “conducta gravemente imprudente” que, a su vez, entienden “incompatible” con la “ejemplaridad” exigida a un representante público. “Circular a más de 200 kilóometros por hora no es una imprudencia puntual, sino una temeridad que pudo acabar en tragedia”, explican.
Cuando trascendió la sentencia del Supremo, el PSOE exigió al Partido Popular la entrega del acta de Baltar. El senador socialista por Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, aseguraba que era “el momento de la ejemplaridad”. Fuentes próximas al Grupo entienden que, en definitiva, el acta de senador pertenece al parlamentario y está en su derecho de no darla. En cambio, ponen el foco en la dirección del Grupo Parlamentario Popular, a quien le exigen que “sea consecuente” y tome alguna medida disciplinaria “por haberse comportado de manera no ejemplar”. No obstante, percuten en que los conservadores no sólo le mantienen en su disciplina, sino que además le premiaron con la presidencia de una comisión que aún ostenta.
Silencio del PP
De los movimientos internos del Partido Popular apenas ha trascendido nada. Los pocos imputs que llegaron desde las siglas conservadoras se retrotraen al momento de la publicación de la sentencia. Fue el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien en una rueda de prensa desde Córdoba, interrogado por la condena de Baltar, defendió la actuación de la Justicia y manifestó que deberá “cumplirla de la A a la Z”. “Yo soy de los que cree en la independencia judicial. Cualquier ciudadano tiene que cumplir los códigos de circulación y asumir las sentencias”, esgrimió entonces el ex presidente de la Xunta de Galicia, difuminando la idea de “persecución política”.
No obstante, más allá del tirón de orejas del líder del partido en público, no se ha adoptado medida disciplinaria alguna. De hecho, los conservadores se agarran al silencio. En el momento de la publicación de este artículo, el Grupo Parlamentario Popular no ha realizado ningún comentario al respecto.
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