El PP ha solicitado formalmente a la Mesa del Congreso de los Diputados la reconsideración del acuerdo adoptado el pasado 24 de marzo, que evitaba la tramitación de dos enmiendas incorporadas por el Senado a la Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia. Los 'populares' piden, concretamente, que se anule esa decisión, porque consideran que impedir su debate constituye una "grave anomalía democrática".
Las dos enmiendas fueron aprobadas por la mayoría absoluta el Pleno del Senado el 18 de marzo y contemplan, según el PP, por un lado, el refuerzo de la estructura del Ministerio Fiscal y, por otro, la incorporación de medidas para "evitar la impunidad y reforzar la seguridad ciudadana", especialmente en relación con la multirreincidencia. Concretamente, la Cámara Alta, con mayoría absoluta de los 'populares', aprobó una enmienda pactada por PP, Vox y Junts, que modificaba la Ley de Extranjería para que en los procesos de regularización de inmigrantes, como el que tiene en curso el Gobierno, se asegure que el solicitante no tenga antecedentes penales ni procedimientos abiertos y que no esté sujeto a una causa penal suficiente en España o en otros países anteriores. También salió adelante otra propuesta del PP que exigía al Gobierno ampliar en dos años las plazas de Fiscalía de área, provinciales y de comunidad autónoma a razón de un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a los 50.000.
Ninguna de estas iniciativas llegó a debatirse porque Moncloa vetó su tramitación alegando que suponían un sobrecoste presupuestario. El veto fue aceptado en la Mesa de la Cámara Baja por la mayoría que reúnen el PSOE y Sumar, que avalaron que el Ejecutivo hiciera uso de su facultad para frenar el debate de propuestas que supongan un incremento de gasto presupuestario o una merma de ingresos. Según el Gobierno, la votación de la enmienda relativa a extranjería exigiría desplegar 400 plazas más de funcionarios en las comisarías de extranjería con un coste medio de 42.000 euros, lo que supondría un incremento presupuestario de 16,78 millones. Y el veto a la que abogaba por ampliar la plantilla de fiscales lo justificó con el argumento de que implicaría convocar 491 plazas de fiscales, lo que tendría un coste extra estimado de 53,79 millones de euros.
Sin esas dos enmiendas, la Cámara Baja aprobó definitivamente el 26 de marzo la reforma del Código Penal, que busca agravar el fenómeno de la multirreincidencia elevando las penas, una proposición de ley que fue impulsada por Junts y que el PSOE desbloqueó tras el anuncio de ruptura de los independentistas. La modificación contó con el refrendo también del PP, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. ERC se abstuvo, mientras que Bildu, Podemos, BNG y Compromís votaron en contra.
Por su parte, fuentes parlamentarias consultadas por este periódico señalan que "los letrados probablemente tumbarán, como ha pasado hasta la fecha", la propuesta del PP, y que tendrán que ser los de Feijóo los que decidan si "siguen la vía de los tribunales, como han hecho en otras ocasiones con asuntos similares". "Estrategia habitual del PP", añaden, por otra parte.
"Decisión arbitraria e inconstitucional"
En su escrito de reconsideración, la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, manifiesta su "disconformidad" con el acuerdo de la Mesa del Congreso que aceptó la disconformidad del Gobierno respecto de las disposiciones finales primera bis y primera tercera introducidas en el Senado y, en consecuencia, impidió su tramitación por el Pleno. El PP sostiene que esa decisión es "arbitraria, extemporánea e inconstitucional", al entender que contradice la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional y vulnera el procedimiento legislativo. En particular, afirma que el Ejecutivo no ha justificado adecuadamente el impacto presupuestario de las enmiendas, requisito que considera "indispensable" para ejercer el derecho de veto.
El escrito añade, como primer argumento, que el Gobierno no ha presentado Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura y que, por tanto, no puede invocar una afectación a unas previsiones presupuestarias "que no se han previsto" al no haberse presentado Cuentas Públicas en la actual legislatura. Como segundo motivo, el PP sostiene que el Gobierno no puede vetar una enmienda aprobada por el Pleno del Senado y que aceptar ese veto supondría un "ensanchamiento de la potestad de veto incompatible con el protagonismo que en materia legislativa la Constitución atribuye a las Cámaras y a la propia Constitución".
En esa línea, el PP afirma que, una vez aprobadas las enmiendas por el Senado, ni la Mesa del Congreso ni el Gobierno pueden impedir su debate y votación en el Pleno, y advierte de que la mayoría de este órgano se ha "arrogado la competencia que corresponde en exclusiva al Pleno de la Cámara", lo que califica de "anomalía democrática inadmisible que urge revertir". Asimismo, el escrito sostiene que la decisión recurrida vulnera el derecho al ejercicio pleno del cargo representativo "de conformidad con la ley" recogido en el artículo 23.2 de la Constitución, al impedir que el Pleno del Congreso se pronunciara sobre unas enmiendas ya aprobadas por el Senado.
El Grupo Popular añade que esta actuación limita el derecho de los diputados a ejercer plenamente su función representativa y "cercena el derecho de los ciudadanos a la participación política, recogidos en la Constitución". En el documento, a su vez, se refieren la vulneración del artículo 90.2 de la Constitución y de los artículos 121, 123 y 111 del Reglamento del Congreso, al entender que las enmiendas del Senado debían ser objeto de debate y votación y quedar incorporadas al texto del Congreso si obtenían mayoría simple.
Por todo ello, el PP solicita a la Mesa del Congreso que acuerde la reconsideración del acuerdo adoptado el 24 de marzo y que, previos los trámites oportunos, declare el referido acuerdo "nulo de pleno derecho", así como la nulidad de los actos y normas que deriven de él en la tramitación legislativa, retrotrayendo sus efectos a la fecha en que fue adoptado. El objetivo de los 'populares' es que las enmiendas puedan debatirse y votarse en el Pleno "en su integridad".