Al PP parece que ya no le interesa la amnistía, al menos desde el punto de vista estrictamente discursivo. Tampoco judicial en tanto en cuanto el partido de Alberto Núñez Feijóo no prevé amplificar la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emite este jueves, sea cual sea el resultado.
El líder de la oposición dejó entrever la nueva estrategia de su formación hace un par de semanas en Barcelona, donde llamó a “pasar página” del desafío independentista tras años centrando en él el debate y emplazando a la protesta ciudadana. Muchos interpretaron aquel mensaje a la interna como un guiño a Junts en medio del debate de la moción de censura.
El PP mantiene su opinión sobre aquella decisión que permitió el perdón de los líderes del procés, pero ya no consideran este tema, ni mucho menos, el más importante. Eso sí, tampoco prevé retirar el recurso de inconstitucionalidad que presentaron ante el Tribunal Constitucional en 2024. Si bien, la mayoría de dirigentes populares creen además que el organismo jurídico con sede en Luxemburgo avalará el grueso de la norma después de que el abogado general diese el visto bueno a los principales puntos de la ley en un dictamen emitido el pasado 13 de noviembre que sin carácter vinculante. Habrá que ver cuál es el resultado en las próximas horas.
Independientemente, en febrero de 2024, con la detención del que fuera asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, el partido conservador cambio radicalmente la hoja de ruta contra el Gobierno y empezó a centrarla en la corrupción; una oposición que mantienen en la misma materia tras las condenas al exministro de Transportes o las investigaciones contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero o del ‘caso Leire Díez’. Asimismo, la derecha bebe de la investigación del juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez y de la reciente condena al hermano del responsable de Moncloa, David Sánchez, a pesar de lo polémico de algunos de estos procesos judiciales.
Así las cosas, la nueva forma de hacer del PP pasaría por dos motivos. De un lado, consideran que lo que ahora puede hacer realmente daño al Ejecutivo es la corrupción y, aunque en el partido no lo reconozcan, su aproximación con Junts, que no pasa desapercibida.
Los populares han mostrado su sintonía con las sigas de Carles Puigdemont en múltiples votaciones parlamentarias, y en última instancia la formación independentista ha copiado el modelo de Feijóo con la ley de nietos, sembrando la duda y preguntando cuántos suscriptores se añadirán a las circunscripciones catalanas. En cualquier caso, el acercamiento del principal partido de la oposición con los neoconvergentes perseguiría un objetivo claro: llegar a sus siete diputados de cara a una posible moción de censura que, no obstante, por el momento permanece más que en stand by y con la imposibilidad de Feijóo de sacar los apoyos necesarios.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, abundó a finales de junio en esta idea de que la Cataluña de 2026 no es la del 2017, por lo que “no se puede seguir pensando lo mismo porque el contexto es otro”, mientras que en la actualidad “la amenaza no es el secesionismo”, sino la “permanencia en el Gobierno” de lo que tachó como “organización criminal”.
Es sobradamente conocido que el Partido Popular está dividido en dos realidades, la del ala más moderada y que sigue una corriente aznarista. Precisamente, José María Aznar vio con mucho recelo el acercamiento a Junts y pidió al político gallego una “mayoría nacional” para alcanzar la Moncloa.
La verdad es que la posibilidad de presentar una moción de censura permanece muerta, y mucho menor es la probabilidad en estos momentos de que una hipotética acción de este tipo recibiera el respaldo de los independentistas. Juega además otro factor importante: el posible regreso de Puigdemont a España.
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