Nunca como en el debate sobre la quinta prórroga del actual estado de alarma ha quedado tan claro que el PP ha abdicado de su responsabilidad de Estado, de su responsabilidad como primer partido de la oposición y, por consiguiente, también como alternativa de gobierno. Que el PP haya pasado al no demuestra hasta qué punto el partido presido por Pablo Casado ha renunciado a una mínima moderación, dejándose arrastrar, parece que de manera definitiva, por las posiciones más radicales de la derecha extrema de Vox. Poco importa que en el totum revolutum de los votos negativos figuren también ERC, JxCat, las CUP y otras fuerzas políticas menores. Es más, al situarse en este totum revolutum el PP se coloca en una posición excéntrica, poco menos que antisistémica y que está en abierta contradicción con la actuación seguida en esta grave crisis sanitaria por parte de todas las grandes formaciones políticas europeas, sea cual sea su orientación ideológica. Con las únicas excepciones, conviene recordarlo, de los partidos de la derecha extrema.

Parece como si el PP de Pablo Casado desease retornar a aquellos tan lejanos años de aquella Alianza Popular (AP) fundada y presidida por Manuel Fraga Iribarne tras su primer y rotundo fracaso electoral con aquella siniestra Coalición Popular (CP). El ex ministro franquista también incurrió en un grave error político cuando, ante el difícil reto del referéndum sobre la continuidad o no de España en la OTAN planteado en 1986 por el primer Gobierno socialista presidido por Felipe González, optó por promover la abstención, con la única y muy evidente intención de desgastar al PSOE y poder hacerse así con el poder en unas nuevas elecciones. La de Fraga fue entonces una opción que no fue comprendida no solo por Estados Unidos sino tampoco por ninguno de los grandes partidos europeos conservadores y de derechas, todos ellos atlantistas convencidos, como lo había sido siempre la misma AP. Tampoco lo entendieron los poderes económicos, empresariales y financieros españoles, alarmados ante lo que interpretaron como una grave falta de responsabilidad de Estado por parte del primer partido de la oposición. Manuel Fraga, de quien se dijo en aquellos años que en su cabeza cabía el Estado entero, cometió entonces un error político de primera magnitud, que pocos meses después le llevó a tener que renunciar a la presidencia de AP, en la que fue sustituido por el hoy ya olvidado Antonio Hernández Mancha.

Hay partidos de Estado y otros partidos que no lo son ni lo quieren ser; los hay incluso que se sitúan fuera del sistema, o abiertamente en contra del mismo. Se supone que el PP sigue considerándose un partido de Estado, capaz de anteponer los intereses del Estado a sus más inmediatos intereses de partido. Pero el PP de Pablo Casado, a imagen y semejanza de lo que le ocurrió en 1986 a Manuel Fraga con el referéndum de la OTAN, ha preferido prescindir de los intereses del Estado y condicionarlos y subordinarlos a sus intereses partidistas a corto plazo. Acongojado tanto por la amenaza de Vox -desmentida en todas las encuestas recientes, que apuntan a un claro descenso de las expectativas de votos de los de Abascal-, el PP parece estar también condicionado de modo decisivo por las presiones que le llegan de José María Aznar, su FAES y sus potentes terminales mediáticas. Al dejar atrás y por completo desguarnecido su flanco centrista, el PP ha permitido que la hábil nueva presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, haya comenzado a recuperar aquel centro perdido por los sucesivos errores de Albert Rivera, con el añadido de que lo ha sabido hacer poniendo énfasis precisamente en la responsabilidad de Estado, en su condición de partido de Estado. Con el apoyo de Ciudadanos, y una vez más del PNV y de otros partidos menores, la quinta prórroga del estado de alarma ha sido aprobada. 

La responsabilidad de Estado demostrada de nuevo por el PNV debería llevar a la reflexión a los independentistas catalanes, en especial a ERC y JxCat. Hasta Bildu ha tenido más cordura que ellos, en exceso ocupados y preocupados por sus propias querellas intestinas. Hasta cierto punto resulta comprensible que no tengan responsabilidad de Estado algunas formaciones políticas independentistas, nacionalistas o regionalistas, tanto da que sean de derechas, de izquierdas o mediopensionistas, por no hablar ya de aquellos grupos que, como las CUP, se consideran y definen como antisistémicos. Pero cuando la responsabilidad de Estado afecta a una grave crisis sanitaria como esta, saltarse esta responsabilidad por motivos políticos ajenos a esta cuestión esencial resulta de una extrema gravedad: están en juego las vidas de muchos de nuestros ciudadanos.

No obstante, es mucho más grave que no tenga responsabilidad de Estado el principal partido de la oposición, el que debería ser la alternativa al gobierno. No es propio ni digno de un líder de la oposición el lenguaje agresivo, en no pocas ocasiones hasta sobrado, zafio y faltón, utilizado por Pablo Casado, intentando emular e incluso superar a Santiago Abascal -algo que por mucho que se empeñe no logrará: siempre es preferible el original a la copia. Si sigue insistiendo en ello, como todo apunta que sucederá, a Pablo Casado le puede acabar ocurriendo lo mismo que a Fraga con el referéndum de la OTAN.