El último pleno de control al Gobierno antes del parón parlamentario de diciembre - y el único de todo el mes - llega rodeado de ruido político y acusaciones por parte del Partido Popular. A pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará presente en la sesión, la ausencia de siete miembros del Ejecutivo ha encendido las alarmas del principal partido de la oposición, que ha decidido convertir una cuestión de agenda en un arma más de su estrategia de desgaste permanente.
La sesión del próximo miércoles, la última hasta febrero, coincidirá con compromisos institucionales previamente fijados por varias carteras ministeriales, una circunstancia que en cualquier contexto político normal no pasaría de mero trámite. Sin embargo, el PP ha optado por calificar la situación como una “espantada”, con la vista puesta en alimentar el clima de sospecha que lleva semanas intentando construir en torno al caso de Francisco Salazar, antiguo asesor en Moncloa investigado por acoso sexual.
En concreto, no acudirán dos vicepresidentas - María Jesús Montero y Teresa Ribera - ni los titulares de Defensa, Interior, Transportes, Economía y Educación. La bancada popular ha preferido leer estas ausencias como una maniobra para evitar las preguntas que tenían preparadas para las ministras Montero y Alegría. Una interpretación que se sostiene más en el interés partidista que en la realidad parlamentaria: los ministros pueden ausentarse cuando sus competencias así lo exigen, siempre con comunicación previa a la Cámara.
La oposición conservadora planeaba dirigir preguntas a Montero y Alegría relacionadas al conocido como caso Salazar, después de que trascendieran las denuncias de acoso sexual contra el exdirigente socialista. En el caso de Montero, el PP quería interrogarla por su papel orgánico en la dirección del PSOE y por cómo se gestionaron internamente las alertas sobre Salazar. En cuanto a Alegría, los populares insisten en cuestionarla por un encuentro personal que mantuvo con él cuando las acusaciones ya estaban presentadas, un hecho que la ministra enmarcó en lo estrictamente privado.
El Grupo Popular considera que las ausencias plantean interrogantes políticos y ha elevado el tono calificándolas de “espantada”. A su juicio, el Ejecutivo intenta esquivar las explicaciones parlamentarias justo cuando más se multiplican las preguntas sobre cómo gestionó Moncloa este caso. La sesión de control que se aproxima estará condicionada por este clima, al que el PP pretende sacar rédito político.
Pese a la pataleta del Partido Popular, sí estará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le dirigirá una pregunta en el que será el último cara a cara del 2025. Su interpelación se orientará sobre la “credibilidad” del Gobierno, mientras que Vox centrará su intervención en evaluar el conjunto de la acción del Ejecutivo. El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, por su parte, interrogará al jefe del Ejecutivo sobre cuáles son sus principales preocupaciones en este momento político.
Reforma contra las ausencias
Aun así, la dirección del PP ha desplegado su maquinaria de oposición en modo ofensiva total. Según la portavoz popular, Ester Muñoz, el Gobierno pretende “escapar” de los “escándalos” que ellos mismos han sobredimensionado. Una acusación que llega después de semanas de utilización política del caso Salazar, en el que, a pesar de los errores que Sánchez ha asumido en primera persona con respecto a las denuncias, el PP insiste en hablar de “encubrimiento” sin aportar pruebas.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, anunció además una iniciativa parlamentaria para modificar el Reglamento del Congreso, con el fin de obligar a los ministros a justificar documentalmente sus ausencias en las sesiones de control. Según explicó, la reforma solo permitiría faltar en caso de “citas verdaderamente ineludibles”. “No puede ser que, en un momento delicado para el Partido Socialista, los ministros desaparezcan del pleno”, afirmó Muñoz, que nuevamente vinculó las ausencias con la investigación sobre Salazar.
La portavoz popular señala directamente a Montero como una de las personas que “deben aclarar” lo ocurrido y critica que la vicepresidenta no vaya a estar en el pleno. También apunta a Alegría, a la que reprocha el almuerzo que mantuvo con Salazar tiempo atrás. Para Muñoz, la dirección socialista “no ha ofrecido una explicación completa” y el silencio alimenta sospechas de encubrimiento.
Desde el Gobierno y el PSOE, sin embargo, se insiste en que las agendas institucionales de los ministros están fijadas con antelación y se respetan por criterios de funcionamiento administrativo y diplomático. Recuerdan, además, que el presidente del Gobierno estará presente, como corresponde, para responder a todas las cuestiones que se presenten en la sesión.
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